La presión sobre el PP crece para que facilite la renovación en instituciones clave del Estado como el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han firmado junto a ERC, PNV, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe un comunicado conjunto en el que acusan implícitamente al PP de incurrir en una “grave irresponsabilidad” por el bloqueo en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Los partidos firmantes suman 187 escaños en el Congreso, por encima de la mayoría absoluta (176), aunque para la renovación de órganos pendientes como el Poder Judicial se necesitan mayorías de tres quintos. “Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante”, afirman en el escrito, en el que exigen a los populares que “de manera inmediata cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente” de las instituciones citadas. Si nada cambia, la renovación del Poder Judicial cumplirá a finales de año dos años de demora.
“Los grupos y fuerzas parlamentarias que representan más de la mayoría absoluta del Congreso exigen la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. Algunas de las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, recoge el documento, impulsado por los socialistas.
Las nueve formaciones recalcan que se trata de organismos “que ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de Derecho”. “El incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”, advierten. Pablo Casado aceptó en julio en un whatsapp a Pedro Sánchez renovar el Poder Judicial. El PP alega que la negociación se truncó el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarquía, tras la marcha del Rey emérito a Emiratos Árabes Unidos.
En el documento se insiste en que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente “establecen con claridad la obligación inexcusable” de los partidos con representación en las Cortes Generales “para proceder en tiempo y forma a la renovación de estas instituciones básicas”.
Fuentes de Unidas Podemos afirman que “la situación de captura del Poder Judicial por parte del PP es inconstitucional e insostenible, como pudimos ver este viernes”, en referencia a la polémica que suscitó la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la última promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona. “Es un hecho muy importante que la mayoría absoluta del Poder Legislativo, el único de los tres poderes que es elegido directamente por la ciudadanía, nos hayamos unido para señalar este secuestro y exigir que se le ponga fin inmediatamente”, sostienen en el socio minoritario del Gobierno.
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