Por Ricardo Balderas
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) está rebasado. Desde hace meses, en las afueras del recinto mortuorio, se aprecian dos tipos de pancartas con consignas que describen la crisis forense por la que enfrenta Jalisco.
Por un lado, frente al edificio, en las canchas de basquetbol que pretenden configurar un “parque público”, miles de rostros de personas desaparecidas son colgados en las rejillas del improvisado espacio de recreación; por el otro costado, justo en el barandal del edificio, quejas de trabajadores forenses que reciben pagos injustos, circundan el área. En medio de todo, las familias que buscan a sus desaparecidos.
A María de Lourdes Navarro Robles, se le nota cansancio en el rostro. Esta mujer tenía más de dos años esperando a que su hijo, Javier Ángel Jara Navarro, regresara a su domicilio ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de donde fue privado de su libertad por un comando armado. Sin embargo, por un “olvido” de la Fiscalía General de Justicia, jamás se les notificó a los familiares de Javier Ángel que el cuerpo del desaparecido se encontraba en las instalaciones del IJCF, del Servicio Médico Forense (Semefo).
Judith Ramos, integrante del Colectivo Huellas de Amor, explicó a Aristegui Noticias que su grupo de madres buscadoras de familiares desaparecidos publicaron información de Javier Ángel en Facebook después de indagar de entre una fosa común que contenía más de dos mil cuerpos sin identificar.
Entre aquellos restos humanos varios de los cuerpos contaban con identificación oficial; sin embargo, las autoridades jamás realizaron las labores de localización o búsqueda de los familiares de las personas localizadas, por lo que el colectivo Huellas de Amor se dio a la tarea de notificar en redes sociales a los familiares el hallazgo de los desaparecidos.
De esta manera, María de Lourdes, luego de dos años de esperar a que su hijo regresara a casa, se enteró de que todo este tiempo su hijo se encontraba en el Semefo, pero nadie le avisó, pese a los intentos de encontrarlo y asistir religiosamente a las instalaciones del propio Semefo.
La crisis forense detona en Jalisco
Javier Ángel fue sustraído de su domicilio (en ese entonces en Tlajomulco de Zúñiga) por un comando armado. Y a los tres días, según cuenta la activista Judith Ramos, su cuerpo mutilado fue trasladado a las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los restos jamás fueron entregados a su madre. Esto podría explicar el porqué en cada una de las fosas comunes del estado, las organizaciones han cuantificado más de dos mil cuerpos sin reclamo.
“Ella está cansada de venir. Viene desde hace más de dos años que desapareció Ángel pero no le habían mostrado las fotos. Dos años pasó pensando que su hijo iba a volver y es algo muy fuerte que pases todo el tiempo pensando si tu hijo come o duerme, para que al final esté aquí. Es muy injusto“.
“Nos dimos cuenta ahorita que venimos que quien no hizo las cosas bien fue Fiscalía. Ella (María de Lourdes) trae un documento que le dieron en la Fiscalía y resulta que ellos jamás hicieron llegar ese documento a ciencias forenses. Entonces tuvo que ser Sergio (encargado de la oficina en el Semefo de la Comisión de Atención a Victimas) y él nos dijo que se hará cargo de que entreguen el cuerpo. El enojo es ese”.
El documento al que se refiere Judith Ramos, en manos de Aristegui Noticias, se trata del comunicado 18304/2019 en el que la Fiscalía estatal explica, con fecha del 14 de mayo de 2019, que en la calle Del Río, de la colonia Santa Anita de Tlajomulco de Zúñiga, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación debido al descubrimiento del cuerpo de Ángel con identificador 4,169 en el torso. Este documento, junto a la clave de identificación, jamás fue entregado al personal del IJCF por lo que los trabajadores no comenzaron con la labor de búsqueda. Es decir, una cadena de omisiones que termina en falsas esperanzas para una madre.
El gobernador es denunciado mientras está de vacaciones
A pesar del terror que implica, el caso de María de Lourdes es tan sólo la punta de un problema que Jalisco arrastra de décadas atrás. El pasado jueves 5 de agosto un grupo de más de 27 madres buscadoras denunció a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) debido a la falta de personal, material médico y herramientas básicas de trabajo para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, el mandatario estatal no será notificado en tanto no regrese de su periodo vacacional.
Según explican las integrantes del Colectivo Huellas de Amor, van dos oficios que presentan al Gobierno de Jalisco, dirigido específicamente a Enrique Alfaro Ramírez, en los que solicitan apoyo para realizar las labores de búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
“Hasta ahora no nos ha atendido”, indicó Judith Ramos y agregó que la queja fue en contra de Alfaro Ramírez porque le solicitaron la ayuda en el Semefo. Hay poco personal, falta equipo y hay atrasos en la entrega de estudios de ADN, como el caso de Ángel Jara y el poco personal no permite que haya avances (…) #queremos que Enrique Alfaro haga su trabajo”.
En total, las activistas integrantes de Huellas de Amor presentaron queja contra el gobernador, la Fiscalía General por no dar aviso a las familias y contra Atención a Víctimas por la falta de apoyos a los familiares.
Finalmente, sobre las quejas ante el Comité de Atención a Victimas por el Colectivo Huellas de Amor, se denuncia la omisión de algunos programas de sustento alimenticio, debido a que, sin criterios públicos, no todas las madres buscadoras pueden acceder a este beneficio, aun cuando la persona desaparecida representaba la única fuente de ingresos para la familia. Ese también es el caso de María de Lourdes.
Respecto a las quejas en conjunto, las autoridades tienen cinco días hábiles para responder a las madres buscadoras sobre las exigencias que debieron garantizar desde un inicio.
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