Los llamados “falsos positivos”, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos después como guerrilleros caídos en combate, son uno de los episodios más dolorosos e inconcebibles en el degradado conflicto armado de Colombia. “La verdad, por difícil que sea, es la base de la reconciliación”, declaró de entrada este viernes el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) al comparecer ante la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, para hablar sobre las ejecuciones extrajudiciales, que calificó de “vergüenza nacional”. Sus palabras suponen un notable hito en la historia reciente del país, sumergido en una compleja transición como parte de la implementación de ese pacto arduamente negociado.
Los “falsos positivos”, perpetrados mayoritariamente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el más férreo opositor a la negociación de paz, han sido una fuente permanente de conmoción en una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad. La audiencia, una sesión de cerca de dos horas transmitida de manera virtual, forma parte de los espacios de contribución voluntaria impulsados por la Comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, que navega en medio del clima de polarización que ha caracterizado a Colombia en tiempos recientes. El propio Santos quiso concentrar su presentación en las ejecuciones extrajudiciales, que en gran medida ocurrieron cuando él era ministro de Defensa de Uribe entre los años 2006 y 2009, antes de su notorio distanciamiento.
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La Comisión, que debe entregar este año su informe final, es una entidad de carácter extrajudicial pero trabaja en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves. Después de la imputación por secuestro contra la cúpula de las FARC, el caso por ejecuciones extrajudiciales es el más avanzado de los siete grandes procesos abiertos por la JEP: el tribunal estableció en febrero que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de “falsos positivos”.
“Cuando llegué al ministerio de Defensa el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las FARC. Donde teníamos una diferencia era en el cómo”, relató Santos. Aunque la llamada política de Seguridad Democrática dejaba una ventana abierta a una eventual negociación, “Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las FARC, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, prosiguió el también merecedor del Nobel de Paz por el acuerdo que su Gobierno selló a finales de 2016 con la que fuera la guerrilla más poderosa de América Latina.
Las posturas de ambos difieren desde entonces, de acuerdo con Santos, quien ganó las elecciones de 2010 con el apoyo de Uribe. “En mi caso, por toda la experiencia y la información acumulada, y tal vez por mi manera de ver las cosas, consideraba más viable y conveniente, más rápido y menos costoso, una derrota estratégica –debilitarlos psicológica y militarmente– y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo al comienzo de su exposición. “Pero Uribe era el presidente y yo su subalterno”. Su predecesor insiste en modificar los acuerdos y derogar la JEP.
“Esta no es una historia fácil de entender, no solo porque es inconcebible que hombres de nuestro Ejército Nacional hayan cometido o tolerado estos hechos, sino porque se dieron en paralelo dos fenómenos absolutamente contradictorios”, explicó Santos. Al tiempo que había una notable mejoría general del comportamiento de las tropas en el terreno, gracias en buena parte a su entrenamiento en derechos humanos, se presentaba una tendencia opuesta en ciertas unidades y regiones, “a cometer homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales”.
Para esos años, el balance de poder militar se había inclinado a favor del Estado. En marzo del 2008, murieron tres de los siete miembros del secretariado de las FARC. Unos meses después ocurrió la operación Jaque, que permitió rescatar a 15 secuestrados de las profundidades de la selva, entre ellos Ingrid Betancourt. “Lo que el país conoce menos es el trabajo que al mismo tiempo se hizo para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente su efectividad, a través de una ambiciosa y bien planeada política de derechos humanos”, defendió Santos.
En medio de esos avances, comenzaba a emerger la información que alertaba sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. “La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto”, señaló Santos al admitir que tardó tiempo en aceptarlo, pues en sus primeros meses al frente del ministerio no le dio credibilidad a los rumores. “Yo también me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones”, señaló.
Comenzó a superar ese “estado de negación” con la información que llegaba de fuentes creíbles desde 2007. “Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno”, sostuvo. Al año siguiente, víctimas denunciadas como desaparecidas en Soacha, un municipio aledaño a Bogotá, aparecieron en septiembre como muertos en combate cerca de la frontera con Venezuela. Era la confirmación del caso más emblemático de los “falsos positivos”. “Muchachos habían sido reclutados en Soacha para un supuesto trabajo rápido y lucrativo, y luego transportados hasta Norte de Santander para ser ultimados y presentados como ‘positivos’ por el Ejército. Así de macabro. Algo inconcebible y profundamente inhumano”, dijo el exmandatario.
Entonces creó una comisión que investigó sobre el terreno y detectó graves vacíos e irregularidades. El informe lo dejó “estupefacto”. Las pruebas de negligencia por parte de los comandantes eran tan fuertes, que decidieron separar a 20 oficiales y siete suboficiales de las filas, incluyendo a tres generales y cuatro coroneles, por fallas ocurridas bajo su mando. El anuncio lo hizo el propio presidente Uribe el 28 de octubre de 2008. Después salieron 24 oficiales más. El comandante del Ejército acabó por renunciar.
“No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam”, reiteró Santos hacia el final de su intervención. “Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”, matizó.
El exmandatario se lamentó de que “a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”. “Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada (…) Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, concluyó.
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