Juanita Goebertus en su apartamento en Bogotá, el pasado 1 de octubre.Juan Felipe Rubio
La abogada y politóloga colombiana Juanita Goebertus (Bogotá, 38 años) es desde agosto la nueva directora de la división para América de Human Rights Watch. Fue parte del equipo que negoció el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016, y asumió el cargo tan pronto acabó su periodo como congresista. En estos meses ya ha hecho visitas de trabajo a Brasil y México. A pesar de una intensa agenda de viajes, cumplirá sus funciones desde Colombia, a diferencia de su antecesor, el chileno José Miguel Vivanco, residente en Washington. “En parte por una decisión institucional de fortalecer la presencia en la región”, explica por videollamada desde Berlín, donde asiste a un encuentro con investigadores de HRW de todo el mundo.
Pregunta. La expansión en América Latina de regímenes populistas de talante autoritario representa una seria amenaza para la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho, advertía al anunciar su nombramiento. ¿Cuál es el panorama con el que se ha encontrado? ¿Hay un deterioro de la democracia en la región?
Respuesta. Antes de caracterizar a ese populismo que estamos viendo a lo largo y ancho de la región, uno tiene que preguntarse cómo llegamos allá. Hay por lo menos cinco factores comunes al surgimiento de este tipo de regímenes autoritarios. El primero es que, por supuesto, seguimos siendo una región supremamente desigual. Desafortunadamente, en el marco de la pandemia creció la pobreza; según la CEPAL tuvimos un retroceso de 27 años. Seguimos siendo una de las regiones más inseguras y más violentas del mundo. Estamos completamente estancados en lucha contra la corrupción. Además, el 54% de toda la deforestación global se concentra en esta región y tenemos una crisis migratoria brutal.
Eso fue el caldo de cultivo perfecto para un quiebre de la confianza en la democracia, en los partidos, en el Estado de Derecho; para un sentimiento absoluto de polarización, donde ese discurso de los derechos humanos se volvió elitista y foráneo. En últimas, como resultado de eso, un amplio sector de la ciudadanía en América Latina está más dispuesto a aceptar regímenes populistas autoritarios que restringen sus derechos.
P. ¿Cómo lidiar con ese diagnóstico tan crítico?
R. Donde más veo una cara de esperanza es en la sociedad civil. En todos estos países, a pesar de inmensas dificultades, estamos viendo organizaciones de derechos humanos a nivel local, grupos de mujeres, LGBT, de indígenas, afrodescendientes, que dan la batalla todos los días. A pesar de este diagnóstico duro, angustiante, América Latina tiene una sociedad civil supremamente resiliente.
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P. Brasil acaba de celebrar la primera vuelta de las elecciones sin grandes incidentes, pero con un contexto de creciente violencia política y cuestionamientos del presidente Jair Bolsonaro al sistema electoral, además de ataques a la prensa y la justicia. ¿Le preocupa ese clima electoral de cara a la segunda vuelta de finales de mes?
R. Por supuesto. Lleva más de un año poniendo en duda el sistema electoral, diciendo que va a haber fraude cuando él mismo se eligió en 2018 a la Presidencia y llevaba cinco periodos como congresista con ese sistema, que es un sistema electoral electrónico confiable.
P. El Gobierno de Bolsonaro también ha desregulado el uso de armas en las calles…
R. Por fortuna el tribunal electoral brasileño tomó decisiones para restringir el porte de armas antes, durante y brevemente después de las elecciones. Pero nos genera mucha preocupación el crecimiento de la violencia política en Brasil. Nos preocupa que, en la medida en que el margen entre Lula y Bolsonaro sea más pequeño, haya riesgos de cantar un fraude, desconocer resultados electorales y de incitar a la violencia. Ha habido campañas de desinformación masiva. Muchas de las personas con las que hablé en Brasil hacían una comparación con el 6 de enero en Estados Unidos [la toma del Capitolio] y con el llamado que hizo Trump a desconocer los resultados. Aún estamos empezando a ver los efectos tan graves para la democracia latinoamericana de que Trump haya incitado no solo a los estadounidenses, sino a todos los latinoamericanos, a explorar la posibilidad de desconocer resultados electorales. Bolsonaro es un perfecto ejemplo.
P. ¿No es insólito que un presidente ejercicio agite la sombra del fraude electoral?
R. Brasil logró, gracias al voto electrónico, un sistema realmente confiable e independiente. Alegar hoy fraude es simplemente una estrategia de desinformación para confundir el debate democrático.
P. También acaba de visitar México
R. Una de las cosas paradójicas que estamos viendo en la región es que poco importa la ideología con la que se hacen elegir muchos de estos autoritarios. Si uno mira a Andrés Manuel López Obrador, un autoritario de izquierda, y lo compara con Bolsonaro, un autoritario de derecha, encuentra muchas similitudes.
P. HRW ha alertado sobre la militarización en México. ¿Cuáles pasos del Gobierno de López Obrador les han preocupado?
R. México tiene una de las tasas más más altas de homicidio en su historia, al tiempo que le entrega cada vez más poder a las Fuerzas Armadas. AMLO toma la decisión en contra de lo que había sido su política de campaña, de desmilitarización, de básicamente acabar la Policía Federal, volverla Guardia Nacional, y pasarla a la Secretaría de Defensa, debilitando todas las policías municipales y estatales, desmontando toda la capacidad de investigación técnica judicial a nivel federal, y amplía como resultado de eso el fuero penal militar. Quizás de lo más grave y extraño, si se quiere, es la entrega de un montón de funciones civiles, de aduanas, de puertos, de contrataciones públicas, incluyendo el Tren Maya, para que lo hagan directamente los militares. Que además aplican estándares de seguridad nacional en el acceso a la información, y por lo tanto reducen el acceso y la transparencia sobre toda esta esta información.
Goebertus, que asumió en agosto como directora de Human Rigths Watch para América, en su apartamento en Bogotá.Juan Felipe Rubio
P. La deriva autoritaria de Nayib Bukele en El Salvador también despierta preocupación.
R. El Salvador es el país que está más próximo a convertirse en una dictadura, como ya lo son otros. Hay un quiebre democrático en donde Bukele apela al mismo discurso al que han apelado autoritarios de derecha o de izquierda en el continente. Al mismo tiempo, el Estado de excepción ya lleva más de seis meses, y hoy redunda en más de 54.000 personas detenidas. Como decía un académico en Harvard, es un populista milenial, que usa la tecnología para afianzar ese poder autoritario. La comunidad internacional tiene que abrir los ojos. Lo que ha hecho en estos tres años es un deterioro de la democracia muchísimo más rápido que lo que hizo en su momento Chávez en Venezuela.
P. En cuanto a Venezuela, ¿ve posible una transición a la democracia?
R. Venezuela tiene que encontrar un camino para regresar a la democracia, pero es importante empezar por reconocer el problema. Hoy tiene casi 7 millones de migrantes. La misión de verificación de hechos de Naciones Unidas ha documentado la responsabilidad de miembros del régimen en crímenes de lesa humanidad. Es hoy un régimen que no ha permitido la alternancia en el poder, ni la conducción de elecciones verdaderamente libres y democráticas y viola sistemáticamente los derechos humanos. El gran reto que tienen países como Estados Unidos y Colombia, que tienen alguna posibilidad de incidencia, es que cualquier reactivación de la relación esté condicionada a un proceso serio de negociación que retome la agenda que se había pactado en México entre el régimen y la oposición.
P. ¿La reapertura de la frontera con Colombia puede ayudar a mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela?
R. Colombia tiene que jugar un rol. Es evidente que la política de aislamiento diplomático que pretendió implementar el Gobierno Duque fracasó completamente. Y estoy convencida de que el bienestar sobre todo de los habitantes de la frontera depende de un proceso serio de recomposición de la relación bilateral. Pero hacerlo bien depende de tener una visión estratégica de la relación. En el mejor interés de Colombia está incentivar un proceso de transición a la democracia en Venezuela.
P. En la carta que enviaron al Gobierno de Colombia sobre su política de “paz total” le recomendaban decidir con quién negociar y de qué manera…
R. Lo primero que le señalamos al Gobierno Petro es que ninguna política de paz –en particular la paz total– es posible si no va acompañada también de una política de seguridad territorial para la protección de la ciudadanía. No hay que olvidar que Colombia viene en un proceso de deterioro dramático de su seguridad, entre 2017 y 2021 hubo un incremento del 5,5% en la tasa nacional de homicidios. Si uno mira los municipios PEDT, esos municipios más afectados por la guerra y por la pobreza, ese incremento desde 2016 fue del 40%. Entonces, hay una situación crítica. Garantizar un proceso de paz total Implica reconocer que de la mano de esa política de diálogo y negociación tiene que ir una política que no puede abandonar a la ciudadanía.
P. ¿Le sorprendió que el gobierno se haya referido como FARC-EP a una de las disidencias que se apartaron del proceso de paz y a las que ahora quiere incluir en la paz total?
R. Sí, lo dijimos desde Human Rights Watch. Hay que ser muy claros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, como se hacían llamar, en su gran mayoría dejaron las armas en el proceso como resultado del acuerdo de paz de 2016. Bajo los propios datos del gobierno, el 94% de esas más de 13.000 personas cumplieron con su desarme, y están cumpliendo con su proceso de reincorporación a la vida civil. Existen disidencias de algunas personas que nunca dejaron las armas y de otras que, habiéndolas dejado, tomaron la decisión de volver a armarse. Pero insisto, el grueso de quienes fueron parte de las FARC-EP le cumplieron al país y están hoy en un proceso de rendición de cuentas ante la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz]. Creo que fue un error, y espero que el Gobierno Petro lo enmiende.
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