La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD) ha enviado este lunes una carta al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en la que pide su mediación para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misiva, la asociación profesional de tendencia progresista expone la “inaceptable situación” por la que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, y pide a Reynders que estudie el asunto y se dirija a las instituciones españolas y al presidente del PP, Pablo Casado, para reclamarles un “cambio de actitud, talante democrático y respeto a las instituciones constitucionales”.
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La carta a la Comisión de Justicia forma parte de la campaña emprendida por JJPD para presionar a las instituciones y los partidos implicados en la renovación del Consejo. Los responsables de la asociación se han reunido recientemente con el presidente del órgano, Carlos Lesmes, y han pedido a la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, y al del Senado, Ander Gil, que promuevan la renovación convocando las votaciones para la elección de los 12 vocales entre los candidatos que presentaron sus avales en 2018. A través de la carta enviada ahora, JJPD pide también reunirse con el comisario de Justicia para abordar el tema de forma presencial, pero ya en el escrito exponen un amplio relato en el que señalan la “preocupación institucional” por la situación. Así, señala que, tras más de dos años y siete meses en funciones, el CGPJ “está paralizado, con graves anomalías de funcionamiento, no hay proyecto de futuro, no se planifica para atender a las necesidades de la ciudadanía y atender los requerimientos de la judicatura, y no se garantiza la independencia del poder judicial, misión fundamental del CGPJ”.
La asociación progresista culpa al PP de boicotear “sistemáticamente” acuerdos que estaban prácticamente cerrados y de negarse a adoptar otros “por intereses electorales y partidistas”. “Para ello esgrime diversas excusas”, señala la carta, que acusa a los populares de mantener una actitud “obstruccionista y antidemocrática” no solo respecto al CGPJ, sino también para el resto de instituciones pendientes de renovación, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cunetas y el Defensor del Pueblo. “En definitiva, dicho partido se ha instalado en una suerte de insumisión constitucional, negándose a dicha renovación pese al inequívoco mandato legal”, afirma JJPD.
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