Un juez federal admitió a trámite este martes el primer amparo en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral que fue impulsado por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, German Cruz Silva, admitió una demanda en contra de la reforma hecha a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la cual establece que estados y municipios pueden dedicar hasta 0.1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Esta Ley fue una de las reformadas en el paquete electoral aprobado a finales del año pasado por el Congreso.
Dicho tope, señala la demanda, no existía en la versión previa de la misma ley, y fue impugnado por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), que agrupa diversos gobiernos municipales de México.
La información del amparo admitido a trámite fue dada a conocer esta tarde por el diario Reforma.
De acuerdo con Reforma, aunque el juez admitió a trámite el amparo, al mismo tiempo rechazó conceder una suspensión provisional para impedir la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio. Ante esto, la AMMAC puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado de circuito.
Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) señala el “Plan B” electoral se perfila como la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial.
Lo anterior, debido a “la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país”.
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El documento titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)” señala que la reforma busca modificar el 43% de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En total, se modificarían 214 artículos de los 493 que conforman a esta ley. De igual forma se agregarían 64 artículos y se derogarían 38.
El pasado 2 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”, señaló el INE en comunicado.
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