WASHINGTON DC – Un juez de Idaho bloqueó este miércoles una polémica ley que estaba previsto que entrara en vigor mañana y que habría prohibido casi todos los abortos, incluidos aquellos en que la salud de la madre se encuentra en riesgo.
El magistrado B. Lynn Winmill dio la razón al Gobierno estadounidense, que se presentaba como parte demandante, y dictaminó que Idaho no puede prohibir el aborto en situaciones en las que su práctica sigue los estándares marcados por la Administración federal para cuidados de emergencia.
En esencia, el juez indica en su escrito que Idaho tiene jurisdicción para legislar sobre el aborto, pero que queda limitada por las regulaciones sanitarias impuestas a nivel federal.
El pasado 12 de agosto, la Corte Suprema de Idaho había fallado a favor del gobierno republicano del estado y dado su visto bueno a que se aplicara la ley del aborto.
Por tres votos a favor y dos en contra, la corte de mayor instancia del estado denegó la petición de la entidad abortista Planned Parenthood, que solicitaba que se bloqueara la entrada en vigor de la norma el próximo 25 de agosto alegando que viola los derechos a la privacidad y a la igual protección ante la ley.
Además de Planned Parenthood, el pasado 2 de agosto, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, anunció otra demanda contra Idaho al considerar que su ley contra el aborto “criminaliza a los médicos” e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.
Indiana se convierte en el primer estado en restringir el aborto después de que la Corte Suprema revocara el fallo de 1973, conocido como “Roe versus Wade”. Aquí los detalles de la nueva ley.
El Departamento de Justicia demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el aborto es “el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente”.
Fue la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde que el pasado junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia “Roe vs Wade” y eliminase así la protección federal del derecho al aborto, cediendo a los estados su legislación.
Y no será la única, según explicó en rueda de prensa Garland, quien apuntó que el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la decisión del Supremo se está dedicando a evaluar “el panorama cambiante de las leyes estatales” y ya se están estudiando “litigios adicionales” contra otros estados.
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