SEATTLE . — Un juez federal bloqueó el jueves los controvertidos cambios al Servicio Postal que han retrasado el correo en Estados Unidos, describiéndolos como “un ataque políticamente motivado contra la eficiencia del Servicio Postal” antes de las elecciones de noviembre.
El juez Stanley Bastian en Yakima, Washington, dijo que estaba emitiendo una orden preliminar a nivel nacional solicitada por 14 estados que demandaron al gobierno del presidente Donald Trump y al Servicio Postal del país.
Los estados impugnaron la así llamada política de “dejar atrás” del Servicio Postal, mediante la cual los vehículos han estado saliendo de las oficinas postales puntualmente haya o no más correo que cargar. Los demandantes también intentaron obligar al Servicio Postal a darle un trato de correo de primera clase al relacionado con los comicios.
Tras una audiencia, el juez hizo notar que Trump había atacado repetidas veces el voto por correo al hacer afirmaciones infundadas de que en el priva el fraude. Se prevé que muchos electores sufragen por correo en noviembre debido a la pandemia de COVID-19, y los estados han expresado su preocupación de que los retrasos podrían generar que los votantes no reciban a tiempo las boletas o los formularios para empadronarse.
“Los estados han demostrado que los acusados están implicados en un ataque políticamente motivado contra la eficiencia del Servicio Postal”, declaró Bastian, y señaló que los cambios crearon “una posibilidad sustancial de que muchos electores sean privados del derecho al voto”.
Indicó que emitiría una orden escrita horas más tarde, y aclaró que será sustancialmente la misma que la solicitada por los estados.
El proyecto de ley pasará ahora a votación en el Senado, controlado por los republicanos.
A raíz de la inconformidad nacional, el director general del correo, Louis DeJoy, un importante donante a la campaña de Trump y al Partido Republicano, anunció que estaba suspendiendo algunos cambios, entre ellos el retiro de los emblemáticos buzones azules de correo en muchas ciudades y la desactivación de las máquinas procesadoras de correspondencia.
Sin embargo, otras medidas continuaban vigentes, y los estados, incluidos los disputados Michigan, Wisconsin y Nevada, presentaron una demanda para que también fueran anuladas.
Los otros estados demandantes incluyen a Washington, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Virginia, todos encabezados por procuradores demócratas.
Otros estados que incoaron demandas contra los cambios son Nueva York y Pensilvania.