Este viernes, un juez en Oaxaca decidirá si se cambia la tipificación del delito de Tentativa de Feminicidio a Lesiones en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos.
“Me quiso matar, ahora solicita la reclasificación del feminicidio por lesiones”, denunció a través de redes sociales Ríos.
A su vez, su abogada Diana Cristal González, acusó que hay una “grotesca y extrema violencia” contra la saxofonista y señaló que la investigación tiene una “asimetría” marcada, derivado de las “grandes ventajas por el poder político económico” que han impedido “que exista un avance sin que ella sea revictimizada ni violentada”.
“Les pido, por favor, que actúen conforme a derecho, no queremos corrupción, no queremos más maquinaciones”, declaró la jurista en un video difundido en redes sociales.
Asimismo, solicitó al tribunal del estado que tramite el recurso que interpusieron para que no se otorgue prisión domiciliaria como medida cautelar a cualquier implicado en el caso, ante “el peligro inminente que tiene” la mujer que represente.
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La sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) definirá el caso, después de que la defensa de Vera Carrizal interpusiera un amparo, argumentando que el delito que debe perseguirse como lesiones, ya que Ríos se ha recuperado del ataque y puede retomar sus actividades.
Sin embargo, la oaxaqueña ha denunciado previamente que en el caso se han cometido casos de corrupción en defensa de sus agresores.
El pasado 16 de enero, el juez Teódulo Pacheco autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria para Juan Antonio Vera Carrizal. Sin embargo, María Elena Ríos denunció que la medida es un “pacto de corrupción”.
Asimismo, sostuvo durante entrevista para Aristegui en Vivo que existen factores que podían posibilitar la fuga del imputado y reiteró que la medida la pone en riesgo. Además, señaló que detrás de las decisiones judiciales está el poder de un grupo político.
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Más tarde, el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, informó que una jueza local revirtió la decisión. Por lo tanto, el acusado debe continuar en prisión preventiva oficiosa en el penal de Tanivet, donde se encuentra desde el 6 de abril del 2020 cuando fue detenido.
Debido a la polémica entorno al caso, el pasado 25 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que cooperará en el caso con elementos técnicos, periciales y policiales, aunque aclaró que el caso sigue en manos de la FGE oaxaqueña.
María Elena Ríos sufrió el ataque el 9 de septiembre de 2019, cuando dos personas, quienes también se encuentran en prisión -Rubicel H., hijo de Ponciano H., quien falleció en abril de 2021 en su celda, ambos padre e hijo- le rociaron ácido en el cuerpo y el rostro.
El presunto autor intelectual, el exdiputado priista, Juan Vera Carrizal, fue aprehendido a principios de abril de 2020. Su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien también es señalado como presunto agresor, sigue libre. La Fiscalía oaxaqueña ofrece una recompensa de un millón de pesos por información que conduzca a su captura.
El caso forma parte de las más de 30 mujeres que han sido víctimas de ataque con ácido en el país. Ante esta violencia, el pasado 31 de enero, la diputada Marcela Fuente Castillo presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, la #LeyMalena, inspirada en el caso de María Elena Ríos, la cual busca sancionar este tipo de ataques y facilitar los procesos de justicia para las mujeres agredidas con ácido y sustancias químicas.
Esto se suma a la resolución de la Cámara de Diputados en septiembre de 2022, cuando aprobó tipificar los ataques de ácido, al incluirlos dentro de la definición de violencia física contra las mujeres.
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