Un juez de la Corte Superior del Condado de Orange detuvo el martes la venta planificada de la ciudad de Anaheim del Angel Stadium a la compañía del propietario del equipo, Arte Moreno, tras una solicitud del estado para suspender el trato en medio de una investigación federal de corrupción del alcalde Harry Sidu.
El juez Glenn Salter accedió a la solicitud de la Oficina del Fiscal General del estado, que previamente había negociado un acuerdo con la ciudad sobre el uso de los fondos de la venta para proporcionar viviendas asequibles en toda la ciudad. La suspensión será por al menos dos meses.
La Oficina del Fiscal General presentó la petición solicitando el cese de la venta, señalando la investigación federal que involucra, en parte, acusaciones de que Sidhu estaba tratando de aprovechar el trato para asegurar las contribuciones de campaña de los Angelinos.
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“Estamos seriamente preocupados por la nueva información que hemos recibido sobre este acuerdo y estamos pidiendo a la corte que detenga su consideración del fallo estipulado a la luz de esta información”, dijo un representante de la Oficina del Fiscal General en un comunicado.
Los funcionarios de la ciudad no se opusieron a la solicitud de retrasar el acuerdo de conciliación. La próxima audiencia está fijada para el 14 de julio.
En un movimiento inusual, los documentos judiciales del fiscal general incluyeron una declaración jurada de orden de allanamiento del FBI que detallaba elementos de la investigación federal, incluidos dos informantes confidenciales, uno de los cuales estaba conectado para grabar en secreto conversaciones con el alcalde.
El abogado de Sidhu, Paul Meyer, se negó a comentar.
ACUERDO DE VENTA
Hace solo unas semanas, la Oficina del Fiscal General anunció un acuerdo con Anaheim que resolvió una disputa sobre viviendas asequibles en el acuerdo del estadio, que incluye el estadio mismo y las áreas de estacionamiento circundantes.
Como parte del acuerdo, Anaheim acordó reservar alrededor de $123 millones para viviendas asequibles en toda la ciudad, con $96 millones dedicados a la creación de viviendas asequibles dentro de los próximos cinco años, y el resto para 466 apartamentos en el lugar del estadio para residentes de bajos ingresos.
Lo que había estado en disputa era cuántas viviendas asequibles deberían crearse en el sitio del estadio. Los funcionarios de la ciudad argumentaron que las viviendas asequibles en otras partes de la ciudad podrían construirse más rápido que esperar a que se complete el proyecto del Angel Stadium.
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Dijeron que podría haber tomado hasta 25 años construir viviendas asequibles en el acuerdo del estadio porque también requeriría estructuras de estacionamiento.
Los funcionarios estatales, sin embargo, alegaron una violación de la Ley de Tierras Excedentes, que exige la promoción de viviendas asequibles en tierras públicas no utilizadas o subutilizadas en el estado. Pero los funcionarios de Anaheim argumentaron que tenía un contrato de arrendamiento con los Angelinos y que no violó la Ley de Tierras Excedentes.
El acuerdo entre la ciudad y el estado resolvió el problema, y la ciudad no tuvo que admitir ninguna violación de la Ley de Tierras Excedentes.
ACUSACIONES CONTRA EL ALCALDE
En la declaración jurada presentada por el agente especial del FBI Brian Adkins la semana pasada, se acusa a Sidhu de usar una dirección de Arizona que no era la suya para evitar pagar $15,887.50 en impuestos sobre las ventas de California en un helicóptero que compró. El agente del FBI dijo que Sidhu aparentemente también evitó pagar impuestos sobre las ventas de $1,025 en Arizona.
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El FBI también alegó en la declaración jurada, que buscaba correos electrónicos y registros de teléfonos celulares, que Sidhu estaba proporcionando ilegalmente información privilegiada a los funcionarios de los Angels durante las negociaciones sobre la venta de la propiedad del estadio de la ciudad a la empresa de desarrollo de Moreno.
Sidhu usó correos electrónicos privados y un teléfono celular para transmitir información, luego lo eliminó para ocultar sus acciones, alega la declaración jurada. El agente incluyó una transcripción de algunas conversaciones que supuestamente tuvo el alcalde con un informante confidencial, quien accedió a cooperar con las autoridades.
Sidhu supuestamente le dijo al informante, que llevaba un micrófono, que iba a presionar a los Angelinos para que iniciaran un comité de acción política y lo financiaran con hasta $1 millón para ayudar con la reelección del alcalde una vez que se aprobara el acuerdo del estadio.
“… si el trato de los Angelinos se lleva a cabo, para fin de año, entonces voy a preguntar, ah, (Representante 1 de los Angelinos). ¿Verdad?”, supuestamente le dijo Sidhu al informante. “Simplemente llamaré al (Representante de los Ángeles 1) y le diré, “(Representante de los Ángeles 1), necesitamos, necesitamos al menos medio millón de dólares de apoyo para que vengas con los GI”.
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Esa fue una referencia a “gastos independientes”, dijo el agente.
“Porque yo, he dicho, tienes que por lo menos, un mínimo de un millón de dólares para llegar a mi elección. Tienen que. Y, por supuesto, ya sabes, si Disney, quiero decir, si Angelinos (la venta del estadio) concluirá el próximo año y se aprueba con suerte, presionaremos para que al menos tengan un millón de dólares. Ya sabes, para (Representante de los Angelinos 1) decir ‘no’ es malo…”, habría dicho el alcalde en otra reunión con el informante.
El alcalde también fue acusado de “entrenar” al informante confidencial para engañar a un gran jurado del condado de Orange que investigaba el acuerdo del estadio.
El agente también dijo que cree que Sidhu pudo haber torcido un fallo clave de un juez del Tribunal Superior del Condado de Orange en una demanda por violación de la Ley Brown que buscaba deshacer el acuerdo de venta del estadio.
Sigue la controversia por la venta del terreno del Angel Stadium en Anaheim, pero como cuenta Norma Ribeiro, aunque la ciudad ha sido multada, es posible que se llegue a un acuerdo histórico.
La declaración jurada decía que una de las personas supuestamente involucradas en las negociaciones era un consultor político conocido a nivel nacional.
El alcalde también está acusado de decirle al informante confidencial que escribiera todas las preguntas que le hizo el gran jurado del condado de Orange justo después de reunirse con ellos.
“Porque entonces nos encontraremos y al menos me dirás lo que pasó”, supuestamente le dijo Sidhu al informante.
REACCIONES DE FUNCIONARIOS LOCALES Y ESTATALES
La opositora de Sidhu a la alcaldía, la abogada Ashleigh Aitken, emitió un comunicado en el que decía: “Me entristece que lo que antes muchos percibían como incompetencia parecen ser actos conscientes de fraude, codicia y engaño”.
Aitken dijo que el precio negociado por el alcalde “fue inferior en millones de dólares a su valor real”.
Ella dijo que los funcionarios de la ciudad deberían reiniciar las negociaciones ahora.
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El senador demócrata por Santa Ana, Tom Umberg, y el asambleísta demócrata por Anaheim, Tom Daly, enviaron una carta a los funcionarios de la ciudad el martes exigiendo una respuesta a una carta del 19 de diciembre de 2019 que solicitaba más información sobre el acuerdo del estadio.
Los legisladores dijeron que la orden de allanamiento del FBI los lleva a “hacer otra pregunta pertinente y oportuna”. A la luz de las acusaciones de que el negociador de este acuerdo actuó sin escrúpulos y fuera del alcance de su cargo público, ¿qué pasos prevé tomar el Concejo Municipal de Anaheim en el futuro inmediato para remediar lo que parece ser una venta injusta y colusoria?
Umberg y Daly dijeron que esperaban que los funcionarios de la ciudad en los próximos dos meses “utilizaran este tiempo para revisar los detalles de esta estafa. Es importante que esto se haga de manera abierta y transparente para los contribuyentes y los residentes de Anaheim, y dentro del contexto y las expectativas de la ley de California existente”.
En diciembre de 2019, los dos legisladores cuestionaron cómo el precio de venta acordado en ese momento de $325 millones era mucho menor que el valor de tasación de la propiedad de $500 millones.
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