La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene asegurados al menos cinco predios en Lomas de Santa Fe, kilómetro 15 de la carretera federal México-Toluca, a la altura del puente denominado “Puerta Santa Fe”, invocando una ley y un decreto que fueron derogados o abrogados por la Constitución de 1917 y cuatro leyes secundarias sobre terrenos baldíos y nacionales, incluyendo la Ley Agraria aprobada en 1992.
Una de esas normas, denominada “Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos” fue promulgada el 26 de marzo de 1894 por Porfirio Díaz y en la misma se indica que el titular del Poder Ejecutivo está facultado para “reservar temporalmente los terrenos baldíos que estime conveniente, para conservación o plantíos de montes, reservación, o reducción de indios, o colonización en los términos que establezcan las leyes”.
Es decir, que solamente el Presidente de la República y no un órgano autónomo como lo es la FGR, tenía facultades para reservar de forma temporal terrenos baldíos para instaurar reservas de indios, sembrar montes y colonizar terrenos abandonados, de acuerdo con el artículo 21 de la ley de terrenos baldíos vigente antes de la Constitución Mexicana de 1917.
La otra norma que se invoca un decreto de la Secretaría de Fomento expedido el 30 de octubre de 1907 en el cual se señala que un terreno de aproximadamente 800 hectáreas que colinda con Tacubaya, Mixcoac, Contadero, Molino del Rey y Río Becerra, el cual abarcaba el pueblo de Santa Fe y la zona ejidal de Vasco Quiroga, se ha reservado para uso público y bosques. Para reservar esa superficie, el acuerdo firmado por el entonces Secretario de Fomento, Olegario Solís Molina, invocaba, justamente, el artículo 21 de la ley de terrenos baldíos del gobierno porfiriano.
Dichas normas fueron invocadas por la FGR en un citatorio que el Ministerio Público Federal le giró al representante legal de un inmueble ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma 275, colonia Lomas de Santa Fe, que tuvo lugar el pasado 5 de agosto del 2022, a las 12:01 horas. En el citatorio, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), Rodolfo Guillermo Pérez Torres, advierte al apoderado legal de la empresa Inmobiliaria F4 S.A. de C.V. que en ese acto “se le hace saber que el predio ya mencionado un predio que pertenece a la nación por acuerdo publicado en en el Diario Oficial de la Federación en el año 1907, manifestando que no tiene conocimiento de esta situación”.
De acuerdo con los afectados, en la diligencia el apoderado no fue notificada si compareció en calidad de testigo o imputado y “solamente se le advirtió que por tratarse de un predio propiedad de la nación, debería ponerlo a disposición de la FGR para que fuera reincorporado como propiedad de la nación”, a pesar de que la FGR no tiene facultades en la materia. Tampoco se le dio a los citados acceso a la carpeta de investigación ni se le precisó la fecha exacta en que se emitió el decreto mencionado.
Sin embargo, el 7 de septiembre del 1917 el citado acuerdo fue invalidado por la oposición de los habitantes originarios, por lo que el presidente Venustiano Carranza reconoce los derechos de propiedad de sus habitantes, ejidatarios y de las personas que justifiquen la ocupación continuada de los terrenos en los que viven.
En virtud de lo anterior, existe la posibilidad de que el Ministerio Público Federal encargado del caso viole el artículo 231 del Código Penal Federal en su calidad de litigante, el cual señala en su párrafo primero, que es un delito que amerita de 2 a 6 años de prisión, “alegar a sabiendas de hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas”.
La Constitución de 1917 y el acuerdo del Presidente Carranza derogó las normas porfirianas de 1894, 1907 y 1909 sobre terrenos baldíos, y posteriormente fueron abrogadas las normas de 1931, 1936 y 1951; por lo que sólo está vigente la Ley Agraria de 1992, la cual señala de manera expresa que deroga “la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías de 1951 así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en dicha ley”.
Predios vacíos con policías
Los cinco predios asegurados ubicados por Aristegui Noticias se encuentran bajo vigilancia permanente de la Policía Federal Ministerial – que depende de la propia Fiscalía – y también por elementos del Servicio de Protección Federal (Seprofe), adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que sus dueños o arrendatarios fueron desalojados mediante un operativo federal en el que participaron alrededor de 50 unidades de la FGR, según relatos de testigos.
La pretensión de la FGR es tomar posesión definitiva de dichos predios en los que ya existen diversos giros comerciales que van desde condominios de lujo, gimnasios, gasolineras, tiendas de conveniencia, un hospital veterinario, autolavados y tiendas de motocicletas de alta gama.
Sin embargo, en el caso del terreno que se denomina “El Rancho”, ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma 235, alcaldía Álvaro Obregón, un juez federal ya concedió la suspensión provisional a los actuales propietarios para el efecto de que la Fiscalía no pueda disponer de los predios e inmuebles que esa dependencia pretende asegurar, derivado de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) contra los dueños de los inmuebles.
Durante un recorrido realizado, Aristegui Noticias logró identificar al menos dos carpetas de investigación utilizadas para el aseguramiento de los predios particulares, cuyos dueños han optado por desalojarlos al mismo tiempo que promueven juicios de amparo para defender sus derechos de propiedad.
Por lo pronto, un juez de amparo en materia penal de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a los apoderados legales de la empresa que posee diferentes predios ubicados en Santa Fe contra el acuerdo de aseguramiento del terreno en el que operan el autolavado “Chicks on Speed”, el estacionamiento y la pista para correr del Gimnasio 54D, dictado por el Ministerio Público de la Federación, Rodolfo Guillermo Pérez Torres, titular de la Célula VI-4 de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio de Armas.
La defensa también solicitó frenar el aseguramiento del resto del predio denominado “El Rancho” dentro de las indagatorias que se realizan en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-CDMX/0000035/2021, o de cualquier otra tendente a privar de la propiedad, posesión, uso y disfrute total o parcial del citado predio y los inmuebles que se encuentran dentro de este.
Por lo anterior, también se le ordena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, suspender cualquier acto de autoridad tendiente a “cancelar la inscripción en favor de Miguel Robles Ahumada (autor de la sucesión), y para inscribir, total o parcialmente, la propiedad del predio denominado “EL RANCHO”, en favor de algún tercero, o bien, para poner bajo custodia el citado folio real.
La suspensión no revierte las partes del predio que ya habían sido aseguradas, pero sí impiden el aseguramiento del resto de los inmuebles que se encuentran en el mismo polígono.
“Se concede la suspensión provisional, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se disponga del bien inmueble ubicado en la número 2000, ubicado en el Kilómetro 15 de la Carretera Federal México Toluca, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01210, de esta entidad, con acceso también por Prolongación Paseo de la Reforma número 235, esto es, que no sea ocupado, asegurado, incautado, demolido, construido y/o enajenado, el remanente de dicho predio, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”, señala el acuerdo dictado dentro del juicio de amparo 670/2022
Otros dos predios contiguos a “El Rancho” también fueron asegurados dentro de la carpeta de investigación identificada con la clave FED/SEIDO/UEITA-CDMX/000088/2020, y los locales que estaban destinados a la venta de motocicletas están completamente desalojados y bajo una discreta vigilancia de policías ministeriales de la Fiscalía.
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