La jueza de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial programada para este lunes.
Así, la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el pleno prevé votar la próxima semana.
El fallo “implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según el expediente 1251/2024.
Foto: Pexels / Katrin Bolovtsova
Magaña López argumentó que la aprobación de la reforma, que instauraría elecciones para renovar al Poder Judicial a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales” a los quejosos “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
Algunos juzgados aún atienden asuntos urgentes, aunque existe un paro del Poder Judicial desde el 14 de agosto porque los trabajadores y jueces denuncian que la iniciativa afectaría sus derechos laborales, acabaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de “grupos de interés” en la justicia.
La alianza de partidos de López Obrador pretende votar la reforma constitucional en el pleno a partir de la próxima semana, pues este domingo entra un nuevo Congreso en el que Morena tiene la mayoría calificada, de dos tercios de los escaños, para modificar la carta magna sin negociar con la oposición.
Juez de Chiapas también concede amparo
Asimismo, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron la reforma judicial.
“Es procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, dice la síntesis de la resolución, dictada en el amparo 1190/2024, según Reforma.
Señaló que las cámaras del Congreso de la Unión pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tienen que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución. (Con información de EFE)
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