Una jueza federal ordenó a la Oficina del Censo que envíe un mensaje de texto a todos los trabajadores del Censo de 2020 a más tardar este viernes, haciéndoles saber que el conteo de todos los residentes continuará hasta fin de mes y no terminará la próxima semana, como la agencia había anunciado previamente en violación de su orden judicial.
La nueva orden emitida el jueves por la noche por la jueza de distrito Lucy Koh en San José, California, ordena a la Oficina del Censo que envíe un mensaje de texto masivo diciendo que la fecha del 5 de octubre para completar el recuento de personas de la nación no está vigente y que la gente aún puede responder el cuestionario y los encargados del censo todavía pueden tocar puertas hasta el 31 de octubre.
La jueza también ordenó al director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, que presentara ante el tribunal una declaración a principios de la próxima semana confirmando que su agencia estaba siguiendo una orden judicial preliminar que ella había emitido la semana pasada.
La jueza Koh escribió en la decisión del jueves que la Oficina del Censo y el Departamento de Comercio, que supervisa la agencia, habían violado su mandato judicial “de varias maneras”. Los amenazó con sanciones o procedimientos de desacato si volvían a violar la orden judicial.
“La difusión de información errónea por parte de los acusados; dando bandazos de un plan apresurado e inexplicable a otro plan; y los sacrificios ilegales de integridad y precisión del Censo de 2020 están alterando el status quo, violando la Orden judicial y socavando la credibilidad de la Oficina del Censo y el Censo de 2020 ”, escribió Koh. “Esto debe terminar”.
La orden judicial de Koh la semana pasada suspendió la fecha límite del 30 de septiembre para poner fin al recuento de personas y también la fecha límite del 31 de diciembre para entregar los números utilizados para determinar cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado en un proceso conocido como prorrateo. Al hacer esto, los plazos volvieron a un plan anterior de la Oficina del Censo que tenía operaciones de campo que terminaban el 31 de octubre y el informe de las cifras de distribución a fines de abril.
Al emitir la orden judicial, la jueza se puso del lado de los grupos de derechos civiles y los gobiernos locales que habían demandado a la Oficina del Censo de los Estados Unidos y al Departamento de Comercio argumentando que las minorías y otras personas en comunidades difíciles de contar se perderían si el conteo terminaba en septiembre .
Koh se refirió a un tweet del Departamento de Comercio y la Oficina del Censo el lunes pasado que ahora apuntaban al 5 de octubre como la fecha para finalizar el censo como “un cambio apresurado e inexplicable en las operaciones de la Oficina que se creó en 4 días”.
“La decisión también corre el riesgo de socavar aún más la confianza en la Oficina y sus socios, sembrando más confusión y deprimiendo la participación en el censo”, escribió Koh.
Además de decidir cuántos escaños en el Congreso y votos en los colegios electorales obtiene cada estado, el censo también determina cómo se distribuyen anualmente $1.5 billones en gastos federales.
En los documentos judiciales, los abogados del gobierno federal argumentaron que el Departamento de Comercio y la Oficina del Censo habían estado cumpliendo con la orden judicial de la jueza.
“Una agencia puede hacer una multitud de planes a la luz de obligaciones en competencia”, dijeron los abogados del gobierno. “Prevenir la formación misma de tales planes necesariamente involucraría a la Corte en la supervisión de cómo la agencia realiza sus actividades diarias y cómo ajusta sus operaciones de un día para otro”.
A principios de esta semana, Koh les había dicho a los abogados de los grupos de derechos civiles y los gobiernos locales que estaría abierta a una moción de desacato contra la administración Trump.
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Si bien el tribunal tiene la autoridad para encontrar a la administración Trump en desacato, los abogados demandantes dijeron en una moción que no estaban buscando una declaración de desacato en este momento. En cambio, dijeron que querían el pleno cumplimiento de la orden de Koh, argumentando que la administración Trump la había violado “varias veces”.
“Un conteo sin prisas, completo y justo es primordial para garantizar la precisión del Censo de 2020”, dijo Melissa Sherry, una de las abogadas demandantes. “Esta sentencia nos acerca un paso más a la realización de ese importante objetivo”.