La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó el planteamiento de la ministra de la SCJN, Lenia Batres, gravar las herencias y recursos de afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos.
En un posicionamiento público, la Jufed externó su postura para que se preserve la protección de los recursos de la subcuenta de retiro en las Afores de trabajadores fallecidos, en favor de sus beneficiarios.
Señaló que el debate jurídico que se ha suscitado a raíz de las propuestas que buscan gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores “heredadas”, así como los planteamientos para gravar herencias y legados, resaltan la necesidad de contar con juzgadoras y juzgadores con un profundo sentido de la equidad y la legalidad.
Afirmó que la propuesta que sugiere considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad.
Los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora generó con su esfuerzo, cuya finalidad es brindar estabilidad y protección económica a su familia tras su fallecimiento, afirmó.
Añadió que la impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una óptica recaudatoria, sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social, de las y los mexicanos.
Afirmó que pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos.
La Jufed rechaza que se pretenda usar a la Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos.
Consideró que la función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una “redistribución de la riqueza” a través de la vía impositiva; esa facultad corresponde al Poder Legislativo.
Aseveró que los tribunales del país no pueden ni deben convertirse en oficinas de recaudación ni en agentes de agendas políticas particulares, incluso si estas se ostentan bajo discursos populares.
Asimismo, puntualizó que atribuir a la judicatura la obligación de capturar los ahorros familiares de las y los trabajadores fallecidos argumentando que estos “reproducen desigualdades sociales” implica desnaturalizar la esencia de la justicia constitucional, que busca otorgar certeza jurídica.
Señaló que lo anterior evidencia que la contradicción de criterios y el discernimiento especializado son herramientas democráticas fundamentales de nuestro sistema judicial.
“Solo a través de una justicia, ajena a consignas políticas o ideológicas, se puede garantizar a la ciudadanía una protección efectiva para que su patrimonio familiar no se vea mermado por interpretaciones que confunden la equidad con la carga tributaria.
“La Jufed reafirma que sólo la autonomía judicial es la máxima garantía para que los derechos de la ciudadanía sean defendidos con apego estricto a la Constitución”.