Junts per Catalunya se pasó la última campaña electoral catalana, hace un año, negando cualquier nexo con la extinta Convergència y sus casos de corrupción. Pero la contabilidad de los grupos del Parlament de la pasada legislatura, que se pueden consultar en la web de transparencia de la Cámara, muestran que la bancada de la formación de Carles Puigdemont abonó un millón de euros a CDC —en virtud de la coalición de las elecciones de diciembre de 2017— y además hizo frente a una póliza, por otro millón, que la formación fundada por Jordi Pujol y ahora en preconcurso de acreedores no pudo pagar.
Junts existe como partido desde julio de 2020, pero a efectos electorales, en la pasada legislatura, era una coalición entre CDC y su heredero, el Partit Demòcrata (PDeCAT). Para los comicios de 2017, convocados por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155, la dirección neoconvergente dio carta blanca a Puigdemont, que ya había huido a Bruselas, para que confeccionara las listas a su antojo. El expresident marginó a los cuadros del que entonces era su partido pero sí utilizó los derechos electorales que entonces recaían en Convergència. El PDeCAT, fundado en 2016, no había concurrido a unos comicios catalanes.
La ley permite que los partidos usen la subvenciones de los parlamentos para financiarse. Junts recibió entre 2018 y 2020 un total de 12 millones de euros de la Cámara catalana y destinó más del 60% a nutrir a sus valedores. El PDeCAT obtuvo 6,5 millones y Convergència, 1,09 millones. En el ejercicio de 2020, de acuerdo con el balance que el grupo entrega a la dirección del Parlament la partida dedicada al PDeCAT se reduce en un millón de euros. En la dirección de Junts explican que ese dinero que se descuenta es justamente el que aparece posteriormente, bajo el epígrafe “garantía CDC”.
Esa garantía, ahondan desde la formación que preside Puigdemont, se corresponde con una póliza de garantía que se suscribió “para las elecciones del 21-D” y por la que ni el PDeCAT ni CDC se han hecho responsables. En el Partit Demòcrata, por su parte, niegan que se trate de un gasto electoral e insisten en que era un seguro que Convergència tenía “desde hace años”. La formación fundada por Jordi Pujol presentó en junio de 2020 un concurso de acreedores y alega deudas por seis millones de euros, sin contar las responsabilidades patrimoniales que se puedan derivar de casos judiciales pendientes.
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