La unidad policial que investiga las tramas corruptas del caso Gürtel quiere indagar ahora las andanzas de los jefes del Ministerio del Interior que supuestamente intentaron robar y esconder pruebas sobre una caja b (contabilidad paralela a la oficial) que funcionó casi 20 años en el PP controlada por el extesorero Luis Bárcenas.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez que investiga la financiación ilegal del PP destaca que esa actuación policial para intentar sustraer pruebas, pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior y conocida como Operación Kitchen, pretendió “eludir el control judicial” para conseguir información y documentación del extesorero Luis Bárcenas e “impedir su incorporación” al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.
Ese operativo, en el que según las pruebas del sumario participó parte de la cúpula policial de Interior, se hizo a espaldas de la UDEF, la unidad que investigaba por orden judicial la presunta financiación ilegal del PP, una pieza separada del caso Gürtel que se abrió a raíz de la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas en enero de 2013. El extesorero del PP recogió en esos papeles de su puño y letra una especie de contabilidad paralela. En ella se registraron entradas y salidas de dinero por ocho millones de euros entre 1990 y 2009.
Al pie del informe policial remitido ahora al juez aparece la firma de Manuel Morocho, el inspector que desde 2008 investiga el caso Gürtel y quien mejor conoce todo el sumario, según sostienen las partes que participan en el procedimiento.
Morocho, que asegura haber sido represaliado por el Ministerio del Interior por su trabajo, llegó a declarar como testigo ante el juzgado que lleva la Operación Kitchen y denunció que durante año y medio, entre 2013 y 2015, la dirección del ministerio bajo mandato del PP le retiró a un despacho para impedir que siguiera investigando el caso.
Era una maniobra más de las que supuestamente puso en marcha Interior en aquellas fechas para impedir el avance de las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional contra una trama corrupta dentro del PP vinculada a las empresas de Francisco Corra, que recibieron cientos de contratos amañados de Gobiernos populares.
El inspector Morocho escribe en el informe de la UDEF que el caso Kitchen que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional está relacionado con el sumario abierto en el juzgado número 5 en el caso papeles de Bárcenas. Tanto es así que Manuel García Castellón, titular del juzgado 6, remitió hace meses una parte incompleta del sumario del caso Kitchen al juzgado número 5, cuyo titular era hasta ayer mismo José de la Mata.
El informe de la UDEF sostiene que el operativo policial pagado con fondos reservados para espiar a Bárcenas y robarle documentación comprometedora se hizo a espaldas del juez y de los policías que investigaban el caso. Y que el objetivo de ese operativo ilegal era evitar que nuevas pruebas de la caja b del PP pudieran llegar al sumario. De hecho, la documentación robada a Bárcenas por esos jefes policiales no se ha incorporado al caso que investiga el juzgado número 5 hasta hace unos meses. Ahora la UDEF quiere incorporar más pruebas al sumario abierto en el juzgado 6 para apuntalar la financiación ilegal del PP que se investiga desde abril de 2013.
Documentación sobre la ‘policía patriótica’ del PP
La unidad policial contra la delincuencia económica y fiscal (UDEF) propone al juez instructor del caso Bárcenas pedir al titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional pruebas sobre la actuación de la cúpula policial de Interior durante el mandato del PP, la conocida como polícia patriótica. Esta es la documentación que reclama:
— Las declaraciones de dos policías, Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo, y del confidente de estos, Sergio Ríos, exchófer de Bárcdenas.
— El contenido del volcado de los teléfonos móviles y una tableta Ipad de Bárcenas.
— Las actas notariales que recogieron los mensajes del teléfono de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior.
— Dosieres de empresas donantes del PP que elaboró Villarejo y guardó en su casa.
— Los documentos intervenidos en el domicilio de Sergio Ríos.
— El resto de la documentación propiedad del extesorero del PP que fue robada por el operativo policial.
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