El fiscal general de Estados Unidos, William Barr. En vídeo, declaraciones de Robert Brett Dunham, director del centro informativo sobre pena de muerte. DREW ANGERER AFP
El Departamento de Justicia de Estados Unidos retoma las ejecuciones en casos que han sido llevados por la justicia federal (y no por la vía estatal, la más común para los procesos con pena de muerte) casi dos décadas después. El fiscal general, William Barr, ha ordenado a la Oficina de Prisiones que proceda a aplicar la pena capital a cinco presos condenados por asesinato, con el método de la inyección letal y utilizando una única droga, el polémico pentobarbital. La última vez que se dio una orden similar fue en 2003. Comenzó entonces una moratoria informal. Barack Obama inició además una revisión de los protocolos de aplicación de la inyección letal.
El fiscal general señaló este jueves que, al aplicar la pena capital a estos cinco presos, se “llevará la justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”. Barr explicó que algunos de ellos “torturaron y violaron” a niños y ancianos. La Oficina de Prisiones ha fijado en paralelo las fechas en las que se procederá a ejecutar a los reclusos, que se encuentran en el corredor de la muerte por asesinato.
El Departamento de Justicia recordó que las dos Cámaras del Congreso le autorizan “expresamente” a recurrir a las ejecuciones en casos federales y que la legislación penal está firmada por los presidentes de EE UU. También justificó el cambio en los protocolos en que los cinco presos que serán ejecutados fueron declarados culpables por un jurado en un juicio justo.
“Se lo debemos a las víctimas y a los familiares”, insistió. Uno de los reclusos que será ejecutado bajo la nueva orden es el supremacista blanco Daniel Lewis Lee, que mató a los tres miembros de una familia, incluida una niña de ocho años. Otro es Lezmond Mitchell, que asesinó a una anciana y a su nieta. Wesley Ira Purkey violó y mató a una adolescente antes de desmembrar su cuerpo y quemarlo.
El cuarto condenado a muerte es Alfred Bourgeois, quien torturó física y mentalmente a su hija de solo dos años. Abusó sexualmente de ella antes de matarla a golpes. La lista la completa Dustin Lee Honken, que acabó con la vida de cinco personas, incluidas dos niñas, de 10 y seis años de edad. Cada uno de ellos, subrayó Barr, cometió sus crímenes contra las personas “más vulnerables de la sociedad”.
Las ejecuciones tendrán lugar en el penal de Terre Haute, en Indiana, entre los próximos diciembre y enero. El Departamento de Justicia ha señalado que no hay impedimentos legales para seguir adelante. El protocolo federal que se seguirá en estos casos es muy similar a los que se utiliza en Georgia, Misuri y Texas. El pentobarbital se ha empleado en más de 200 ejecuciones desde 2010.
Moratoria informal
“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley”, concluyó el fiscal general, al tiempo que explicó que, al ordenar las ejecuciones, se podrá avanzar con la sentencia impuesta por su sistema de justicia. La pena de muerte en EE UU la suelen aplicar solo los Estados más conservadores, pese a que el Tribunal Supremo la restituyó en 1976.
Las ejecuciones a nivel federal son muy raras y se podría decir que desde 2003 hubo una moratoria informal. El Departamento de Justicia inició además durante la presidencia del demócrata Barack Obama una revisión de los protocolos que se estaban siguiendo al aplicar el método de la inyección letal, a raíz de una desastrosa ejecución en 2014 en Oklahoma que reavivó el debate de la pena de muerte.
La Administración que preside ahora Donald Trump da por concluido ese examen y opta por seguir adelante con las ejecuciones federales. Hasta la fecha solo se ha ejecutado a tres presos federales desde 1988. La ejecución más reciente fue la de Louis Jones, tras ser condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer. La pena de muerte podría convertirse en uno de los temas de cara a las elecciones presidenciales de 2020.
“Bajo Gobiernos de ambos partidos”, insiste Barr, “el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales”. Actualmente hay cerca de 60 presos en el corredor de la muerte condenados por delitos federales. El pasado año se realizaron 25 ejecuciones en EE UU pero todas ellas fueron realizadas por las sentencias de tribunales estatales por cargos también estatales.
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