Un guardia civil cachea a un joven en un control para prevenir la violencia entre bandas juveniles el pasado 11 de febrero en Arganda del Rey,Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, estudia si asume una investigación sobre los Dominican Don’t Play (DDP), una de las conocidas como “bandas latinas” que operan en España. Según fuentes jurídicas, este viernes por la tarde, el juez aún no había decidido si acepta el caso, que ha recibido desde el Juzgado de Instrucción 7 de Illescas (Toledo), donde se abrió una causa contra 14 personas por homicidio, tráfico de drogas, falsificación de moneda y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Antes de emitir un dictamen, precisan las mismas fuentes, Pedraz ha preguntado su opinión a la Fiscalía. Según añaden fuentes policiales, de quedarse finalmente con el sumario, sería la primera vez que la Audiencia Nacional lideraría una investigación a estas bandas juveniles.
La juez de Illescas, Ángela Vieitez, inició sus pesquisas el 28 de octubre de 2021, tras recibir un informe de la Guardia Civil de Toledo sobre un intento de asesinato en Seseña el 20 de abril de ese mismo año. Según explica la instructora en un escrito, un joven (J. C. L. G.) bajaba de un autobús cuando le abordaron cinco personas, que se acercaron a él utilizando la expresión “baja patria”. Al escuchar esa consigna, la víctima salió huyendo a toda prisa, pero los agresores lograron alcanzarle, momento en el que le golpearon —con patadas y puñetazos—, además de asestarle una puñalada en la “zona inguinal” y un “machetazo en la cabeza, comprometiendo seriamente su vida”.
El avance de la causa, que incluyó intervenciones telefónicas y el análisis de los móviles de dos de los presuntos agresores, condujo hasta los Dominican Don’t Play. En concreto, hasta el coro de Seseña, que “constituiría una escisión del coro de Villaverde (Madrid)”, subraya la juez Vieitez —“coro” es el término usado por las bandas para referirse a cada grupúsculo asentado en un territorio—. Según la investigación, en ese momento, dos de los ya arrestados por el intento de homicidio seguían incluso dando órdenes desde prisión. Así que el 7 de febrero, la Guardia Civil activó una nueva operación policial, bautizada como Operación Bacano, que acabó con la detención de otros 11 pandilleros. Entre ellos había tres presuntamente vinculados con otro asesinato perpetrado en un parque de Usera (Madrid) en febrero de 2022, cuando mataron a machetazos a Diego F. L., un colombiano de 25 años. La Policía Nacional, por su parte, detuvo a otros dos individuos presuntamente implicados en este último crimen.
En los registros de la Operación Bacano, los agentes encontraron ropas, collares, anillos, pulseras y banderas relacionadas con “la simbología propia de los DDP”. También intervinieron utensilios para la falsificación de moneda —como impresoras, papel o billetes falsos—, así como armas blancas, drogas y útiles usados en el narcotráfico. La Guardia Civil llevaba meses investigando las idas y venidas del nuevo coro de los Dominican Don’t Play asentado en Seseña (Toledo) y, además, todas las alarmas se intensificaron en febrero, cuando se registraron cinco reyertas en Madrid entre miembros de bandas rivales en una sola noche, que dejaron dos muertos (uno de 15 años) y tres heridos graves.
La “espiral delictiva”
Ante tal alcance de la investigación, la juez de Illescas decidió finalmente inhibirse a favor de la Audiencia Nacional. La instructora explica en un auto, fechado el pasado 1 de marzo y al que tuvo acceso EL PAÍS, que la “actividad delictiva” bajo sospecha “trasciende las fronteras de la provincia de Toledo”. Además, apostilla, serían “delitos cometidos en el seno de una organización criminal, la cual estaría obteniendo financiación a través de la falsificación de moneda y distribución de moneda falsa, tráfico de drogas y tráfico de armas”. “Entendiéndose que el entramado delictivo de la organización DDP del coro de Seseña (Toledo) está íntimamente ligado al coro de Villaverde (Madrid), cometiéndose delitos cada vez más graves. Tal y como se desprende de la espiral delictiva que se está llevando a cabo en el seno de la misma y que desencadenó el homicidio acaecido el 5 de febrero de 2022 en el barrio de Usera”, reza su escrito.
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El pasado febrero, el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid también abrió una causa centrada en el asesinato de Usera, donde se encuentran investigados los dos arrestados por la Policía Nacional, para los que se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. Según fuentes policiales, estos dos detenidos son los veinteañeros Jonathan Daniel Toasa y Sandy Antonio Campusano, alias Chucky. En sus historiales delictivos figuran antecedentes policiales por robo con violencia, lesiones y narcotráfico, entre otros. Chucky, que quedó en libertad hace unas semanas, ya había sido arrestado también por prostituir y abusar de menores en el marco de la operación que desarticuló en Madrid a finales de noviembre una red que explotaba a niñas, algunas de ellas tuteladas; según fuentes policiales.
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