La decisión de la Audiencia Nacional de absolver a Rodrigo Rato y a los otros 33 procesados por la salida a bolsa de Bankia allana el camino para que el que fuera vicepresidente económico en los Gobiernos de José María Aznar acceda a la semilibertad antes de fin de año. La Junta de Tratamiento del la prisión de Soto del Real (Madrid) —donde el político cumple los cuatro años y medio de condena que le impuso el Tribunal Supremo por el caso de las tarjetas black— debe decidir antes de noviembre si propone clasificarle en tercer grado, lo que le permitiría ir a prisión solo a dormir de lunes a jueves.
De ser esta la propuesta de la Junta de Tratamiento —un órgano integrado por profesionales penitenciarios de la cárcel—, la misma debe posteriormente ser ratificada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Si esta acepta la propuesta, la misma puede aún ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y, posteriormente, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia del caso de las tarjetas black. Este tendría la última palabra.
A favor de Rato juega que el pasado 22 de abril la Junta de Tratamiento de la cárcel de Soto del Real ya propuso que accediera al tercer grado, lo que le hubiera permitido salir a diario para ir a trabajar y solo regresar a su celda a dormir de lunes a jueves. Aquella decisión fue adoptada en una reñida votación entre los ocho miembros que integraban el órgano penitenciario aquel día. Los que apoyaban dar el tercer grado a Rato valoraron tanto su buen comportamiento en prisión como el hecho de que había cumplido ya una cuarta parte de la pena impuesta y de que había devuelto las cantidades gastadas con las polémicas tarjetas de crédito.
Sin embargo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dio más valor a los argumentos de los que se oponían a la semilibertad de Rato y rechazó días después la propuesta, manteniendo al exvicepresidente en segundo grado. Los reclusos clasificados en este régimen tienen como principal beneficio penitenciario la posibilidad de solicitar hasta 24 días de permiso al año una vez que han cumplido un cuarto de su condena. Rato ya ha disfrutado de tres salidas de seis días cada una. La última, a finales del pasado agosto.
En la decisión de Instituciones Penitenciarias pesó, por un lado, que entonces el exvicepresidente aún tenía que cumplir buena parte de los cuatro años y seis meses de la condena por las tarjetas black —había ingresado en prisión el 25 de octubre de 2018—; pero, sobre todo, que estaba pendiente la sentencia del caso Bankia, donde la Fiscalía había pedido para Rato una pena de ocho años y seis meses de cárcel. Además, Interior también tuvo en cuenta que el exvicepresidente del Gobierno tenía y aún tiene abierto un proceso penal en un juzgado de Madrid por su supuesto enriquecimiento ilícito mientras ocupó la jefatura de la entidad financiera. El juicio por estos hechos aún no tiene fecha fijada.
Rato es el único de los condenados por las tarjetas black que aún permanece en régimen cerrado de los 15 que tuvieron que ingresar en prisión. Los 14 restantes obtuvieron hace meses, de manera gradual, la semilibertad, todos ellos con control telemático tras estallar la crisis sanitaria de la covid-19, por lo que no tienen que acudir a prisión. Buena parte de ellos, además, han accedido con posterioridad a la libertad condicional, para lo que la ley exige que estén clasificados, previamente, en tercer grado penitenciario.
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