Joseba Azkarraga, portavoz de la red Sare de apoyo a los presos de ETA, en una rueda de prensa este jueves.David Aguilar (EFE)
La Audiencia Nacional ha mantenido la línea marcada por la jurisprudencia reciente y este jueves ha rechazado prohibir las concentraciones en apoyo a presos de ETA convocadas para este viernes, 31 de diciembre, en Mondragón (Gipuzkoa) y Pamplona (Navarra). Dos asociaciones de víctimas habían solicitado impedir estos actos, al considerar que constituyen presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Pero el magistrado instructor José Luis Calama, en línea con la Fiscalía, concluye que la vía penal no puede utilizarse de forma preventiva para restringir derechos fundamentales sobre “la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos”.
A lo largo de dos resoluciones, el juez repasa el contenido de los informes policiales elaborados sobre ambas manifestaciones, impulsadas por Sare, colectivo de apoyo a reclusos de la banda terrorista. En sus escritos, Calama insiste en que no existen “suficientes elementos o indicios de entidad” para apreciar los delitos denunciados, por lo que no puede adoptar ninguna medida cautelar para impedir derechos fundamentales. “Nos encontramos así ante una convocatoria para la expresión de opiniones que inquietan o chocan a diversos sectores de la sociedad, [pero] que, de acuerdo con la jurisprudencia, no tienen cabida ex ante [antes del suceso] en el ámbito penal”, recalca.
Sare mantiene que las dos convocatorias no tienen por objetivo “homenajear” a los reclusos de ETA, sino “denunciar la política penitenciara de excepción que se les aplica”. Sin embargo, las asociaciones de víctimas consideran este argumento una mera excusa. De hecho, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció el lunes que Sare promocionó la marcha de Mondragón con un tuit con los nombres de tres miembros de la banda vinculados a la localidad: el recluso Henri Parot, condenado por 39 asesinatos; José Manuel Pagoaga Gallastegi; y Eugenio Barrutiabengoa, prófugo de la justicia en Venezuela. Además, el grupo de Sortu en el municipio, partido liderado por Arnaldo Otegi e integrado en EH Bildu, también llamó a sumarse a los actos con mensajes en redes sociales con la foto de Parot.
Pese a ello, según la línea marcada por el Tribunal Supremo, el magistrado Calama afirma que no cuenta con indicios suficientes para tomar una medida de tal calibre como es la prohibición de un derecho fundamental de forma preventiva. “Los elementos con los que contamos en este momento ponen de manifiesto que se trata de la expresión de un deseo de acercamiento de presos a los centros penitenciarios del País Vasco, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privados de libertad, conducta amparada por el derecho a la libre expresión en el ámbito del procedimiento penal”, explica en su resolución, donde insta a las Fuerzas de Seguridad y a las autoridades gubernativas a controlar las concentraciones por si, durante su desarrollo, se produjesen los mencionados delitos.
El magistrado añade: “A la jurisdicción penal compete solo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido. Actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas. Es decir, no puede actuar con carácter preventivo, pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos”. La Fiscalía reitera lo mismo: “Lo que se pretende es que una decisión judicial impida un hecho futuro, impreciso e incierto, dando lugar así a una especie de incidente procesal penal de carácter anticipatorio y preventivo […]. Se altera de este modo la naturaleza del procedimiento penal, que requiere la previa existencia de un concreto delito, perpetrado por personas concretas”.
Aun así y pese a que el ministerio público y la Audiencia Nacional mantienen la misma postura desde hace años, la oposición ha aprovechado para cargar contra el Gobierno. Carmelo Barrio, portavoz del Grupo PP+Cs en el Parlamento vasco, ha afirmado que “tanto se han esforzado Sánchez y Urkullu por blanquear a Bildu y Otegi que hasta la Fiscalía bendice las manifestaciones por los presos sin exigir arrepentimiento ni condena por crímenes”. “El Gobierno asume eso de los presos a la calle y las víctimas al cementerio”, ha tuiteado.
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Las cuentas oficiales en redes sociales de Sortu han dejado de promocionar la manifestación de Mondragón. Hace unos días, todavía se hacían eco de la convocatoria y llamaban a la participación con una variación en el cartel. Sortu Arrasate incorporaba la fotografía del etarra Parot, para movilizar a sus afiliados y seguidores. Covite lo ha denunciado. Sortu, que oficialmente secundó la petición del colectivo de presos de ETA de que no se hicieran más homenajes públicos a los terroristas que salen de la cárcel, ha ido más allá que la convocante Sare con la difusión de esa imagen. Aunque, oficialmente, Sortu mantiene la posición que hizo pública cuando Mikel Antza fue a declarar la pasada semana a los juzgados de San Sebastián por su presunta participación en el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995: “No se aplaudieron los delitos de nadie”. “En Mondragón denunciaremos la política penitenciaria”, repiten.
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