Pese a que inicialmente las empresas consideraban una buena noticia el hecho de que Economía hubiese accedido a ampliar los plazos de amortización de los créditos con aval del ICO y el periodo de carencia, las compañías se han llevado cierta desilusión.
La decisión aprobada en noviembre por parte del Ejecutivo de que se iban a ampliar de un máximo de cinco años a ocho años los plazos para pagar los préstamos con garantía del Estado, y en un año más el periodo de carencia, supuso un balón de oxígeno para varias empresas que, siendo viables, necesitaban más tiempo para pagar sus créditos dada la actual situación económica.
La paralización de ciertas actividades sectoriales, unido a la imprevisible tercera oleada del coronavirus, hizo reflexionar a muchas sociedades, que consideraron que, por agotamiento de su liquidez, o por prevención, era mejor alargar los plazos de amortización de sus créditos ICO.
Pero una vez que han comenzado a negociar con su banco la ampliación del periodo de pago se han encontrado con una sorpresa que no todos habían tenido en cuenta: el tipo de interés que se les aplicará a partir de ahora será, en varios casos, superior, incluso en más de un punto porcentual al que tenían en su contrato hasta ahora.
A primeros de este mes de febrero, las entidades han empezado ha remitir la documentación para poder gestionar la tramitación del incremento del plazo de carencia y el aumento del plazo de amortización en tres años más en los préstamos ICO. Y según interpretaron varios abogados y empresarios de la lectura del Real Decreto 11/2020, no se iban a producir aumentos del tipo de interés en las operaciones a tramitar. Pero la realidad ha sido otra, según han explicado a este periódico,.
Los bancos han subido los precios iniciales del contrato con subidas de comisiones y del tipo de interés en las operaciones.
“En algunos casos las subidas son superiores incluso a un punto y pasan del 1,60% del interés que consta en el contrato actual a un tipo del 2,90% aplicable a créditos que pasan de cinco años a ocho en su plazo de amortización”, explica un despacho de abogados especializado en el sector financiero y que ha tramitado desde marzo del pasado año varias decenas de millones en créditos ICO.
“Entendíamos que la modificación del contrato llevaba aneja una comisión, pero no un aumento del tipo de interés”, dice otra fuente de una empresa mediana.
El ICO explica que los incrementos en los precios de la financiación se ajustan a la norma vigente, según las consultas realizadas.
Si las operaciones ICO firmadas por la empresa superan los 800.000 euros [tope que la Comisión Europea considera que no es ayuda pública y, por lo tanto, no necesita autorización expresa], se aplica una comisión además de un aumento del tipo de interés, ha respondido el Instituto de Crédito Oficial a una consulta realizada por el despacho JH Asesores Financieros.
La institución pública presidida por José Carlos García de Quevedo añade que “si las operaciones ICO firmadas por la empresa son inferiores a los 800.000 euros, no tendrá coste”, a lo que agrega que “si la empresa solicita solo un aumento de 12 meses de carencia, no tendrá coste”.
La banca explica que lo único que hace es trasladar al cliente el coste que a ellos les sube el ICO por los avales, que tienen un precio dependiendo del periodo de amortización, y según unos baremos fijados por el organismo público, aunque algunas empresas aseguran que el precio reclamado es superior al porcentaje que el ICO reclama a las entidades por esta ampliación del plazo.
La banca afirma que deben incrementar los costes porque al alargarse el plazo si no se cobra este coste el crédito entraría en pérdidas.
Casi todas las entidades han decidido repercutir el coste que les impone el ICO en mayor o menor medida, aunque hay algún banco que ha optado por imponer una comisión en lugar de subir el tipo de interés, según explican las fuentes consultadas por este periódico.
La línea de créditos ICO abierta en marzo por el Gobierno por 100.000 millones de euros está avalada por el Estado entre un 70% a un 80%, dependiendo si el préstamo está dirigido a una gran empresa o a pymes o autónomos. Aunque en su mayoría esta línea ha sido contratada por las pymes y autónomos ante la falta de liquidez que soportan por la actual situación económica, como consecuencia de la pandemia.
Los créditos ICO han proporcionado financiación por 114.647 millones de euros, a través de 944.588 préstamos garantizados con avales de 87.085,8 millones de euros, que han sido concedidos a casi 600.000 autónomos y micropymes en su gran mayoría.
Moratorias por 54.000 millones de euros
La banca española tenía concedidas 1,38 millones de moratorias de créditos hipotecarios y de consumo a sus clientes a finales de enero, con un saldo total pendiente de amortización que supera los 54.000 millones de euros, según los datos actualizados este lunes por el Banco de España. En esas cifras se incluyen tanto las moratorias legislativas, es decir, las de aquellos afectados por la crisis del coronavirus que cumplían los requisitos fijados por el Gobierno, como las moratorias sectoriales en las que la propia banca flexibilizó los criterios con la idea de que más personas pudieran beneficiarse.
En el caso de la medida legislativa para librar del pago de las hipotecas, a cierre de enero las entidades tenían concedidas 221.932 moratorias, un 84,9% de las 261.370 solicitadas, con un saldo vivo de 19.955 millones.
Estas moratorias podían solicitarse inicialmente hasta finales de septiembre, pero ahora el Gobierno ha abierto una nueva ventana para que esta medida de ayuda se pueda pedir hasta finales de marzo.
Por otra parte, habían recibido 411.015 peticiones de moratorias legislativas de préstamos de consumo y se habían otorgado a 362.007 personas, un 88,1%, con un saldo pendiente de amortización de 2.679 millones. A estas moratorias legislativas hay que sumar las moratorias sectoriales, acordadas por las entidades, y que ascendían a 820.551, de las que se han concedido 796.125 a cierre de enero, un 97%, con un total de 31.480 millones pendientes de amortizar.
Para los tres tipos de moratoria, la gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas (por encima del 70%) son asalariados. Respecto a los trabajadores autónomos, el desglose por ramas de actividad muestra de nuevo que, para los tres tipos de moratoria, los principales sectores beneficiarios son comercio, hostelería y otros servicios, seguidos a cierta distancia de actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y construcción. En conjunto, estos sectores representan casi el 80% de moratorias para autónomos a las que se ha dado curso hasta la fecha, explica el Banco de España.
Source link