LA ROSITA, TEXAS- En medio de la pandemia, la administración Trump acelera los esfuerzos para construir el muro fronterizo. Incluso, se han presentado demandas en el sur de Texas para apropiarse de las tierras para su construcción.
Nayda Álvarez ha luchado por más de un año contra el muro y ahora se encuentra en medio de una batalla legal. Y es que su propiedad, que ha pertenecido a su familia durante décadas, está a punto de perderla si la administración Trump gana la batalla y se apodera de sus tierras.
En el condado Starr, tres generaciones de la familia Álvarez viven en unos ocho acres de tierra cerca del Río Grande.
Pero en el 2018, Nayda recibió una carta del gobierno federal en la que solicitaba permiso para entrar y evaluar la propiedad donde se construiría el muro fronterizo.
Meses después recibió la visita del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para tomar medidas a cambio de 100 dólares. “Es que somos Army Corps of Engineers y queremos que firmes y le digo yo a la señora, pero yo no quiero el muro. Y me dice es que, si no firmas, te lo va a quitar el gobierno. Y le digo a la señora, pues fíjate que yo tengo mis derechos y no les voy a firmar nada,” contó Álvarez.
Fue entonces cuando esta maestra de preparatoria comenzó la batalla por proteger sus tierras.
Dentro de la propuesta del gobierno federal está crear el muro con un camino de 150 pies al norte y otro camino de 150 pies al sur.
Desde que comenzó la pandemia en los Estados Unidos, se ha acelerado la construcción de 200 millas del muro en la frontera en sectores como San Diego, Yuma, El Paso y el Valle del Río Grande.
Conforme a Álvarez, la insistencia por sus tierras es tan grande que el pasado 15 de enero el gobierno federal presentó una demanda contra Nayda por acceso a su propiedad y solicitó a la corte posesión inmediata.
Alvarez viajó a Washington, D.C. y testificó en febrero del 2020 en una audiencia del subcomité judicial de la Cámara de Representantes sobre el muro fronterizo.
David Donnati es abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) quien, al igual que el Proyecto de Derechos Civiles en Texas, representa a la familia Álvarez en esta batalla legal contra el muro.
Donnati aseguró que el gobierno está acelerando el proceso de expropiación de terrenos.
“Este año en sí, ya han comenzado más de 100 demandas para o estudiar las propiedades o tener las propiedades enteras y hacer el proceso de dominio inminente y la mayoría de estos casos están en el valle y no solo ahí, pero en Starr County,” indicó Donnati.
De perder la batalla, la familia Álvarez perdería su propiedad y su historia quedando desprotegida.
“El muro lo vamos a pelear hasta el último día y si lo hacen vamos a pelear para que lo tumben porque no es justo que este muro se haga a base de una promesa de campaña de una persona que nomás cree en su agenda personal,” expresó Álvarez.
La señora Álvarez, ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas continúan luchando para que ella pueda conservar su propiedad. Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confía que construirán unas 450 millas del muro en la frontera para fin de año.