El pasado 28 de mayo, la España vacía o vaciada reunió a importantes líderes políticos, empresariales y sociales en Soria con el objetivo de debatir y consensuar medidas para enfrentar el desafío de la despoblación. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Pablo Casado, pasando por presidentes autonómicos, alcaldes, ministros y todo tipo de personalidades, participaron en el foro de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural Presura. Días antes, 180 plataformas presentaron un documento elaborado durante meses por 140 personas procedentes de diferentes sectores como la agricultura, jóvenes desempleados o sanitarios.
Al fin y al cabo, esta serie de actos promovidos desde organizaciones de regiones que están perdiendo población son un grito de ayuda por la implicación gubernamental con el simple objetivo de que no les abandonen ni dejen atrás. En los últimos diez años, regiones como Asturias y Castilla y León, por ejemplo, han perdido más de un 6% de la población; otras como Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha se sitúan en torno a un 3% negativo. Si nos adentramos en las provincias de estas comunidades, algunas como Ávila, León, Cuenca o Zamora han visto reducciones en el número de habitantes de alrededor del 10%.
Lo importante de esta llamada continua de atención que se hace desde los territorios que sufren la despoblación es que intentan sacar el debate de la capital, alejarlo de la crispación, y mostrar que Madrid no es España. Es cierto que formamos parte de un Estado descentralizado, cuasi federal de acuerdo a los estudios (el Índice de Autoridad Regional de la Universidad de Oxford considera a España como el segundo país más descentralizado). Sin embargo, las regiones de la periferia se sienten cada vez más alejadas del funcionamiento del Estado, y la despoblación es un síntoma de desconexión; cuando miles de jóvenes no ven futuro en sus provincias de origen y tienen que migrar a Madrid; cuando miles de sucursales bancarias cierran ya que no ven negocio en los pueblos de las dos Castillas o Extremadura; o cuando los emprendedores y empresarios no ven posibilidades de crecer, hay un problema, pero se está observando desde la capital, desde Madrid.
Y es que la descentralización teórica de España no es un hecho en la estructura del Estado. Madrid, como capital, se ha convertido en un centro de la burocracia que actúa como polo desigual respecto al resto de las comunidades autónomas; con un 14% de la población nacional, la capital alberga más del 30% de los funcionarios del Estado, el 80% y el 70% de los empleados de los servicios centrales de los ministerios y organismos públicos, respectivamente, e incluso el 25% de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, entre otros muchos datos incuestionables sobre la extrema concentración de funcionarios. Esto genera un ecosistema de atracción de empresas privadas y personal muy cualificado que se quiere instalar en torno a las sedes de las principales instituciones del país perjudicando a aquellas comunidades que pierden a su generación más preparada. Como destaca un estudio de Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy, investigadores en Geografía Económica de la London School of Economics, la trayectoria económica de Madrid está influida por la concentración del poder político, la organización de las infraestructuras, los beneficios de las economías de ubicación y aglomeración y las diferencias derivadas del capital humano y las capacidades tecnológicas.
Algunos estudios, como Interaction of Public and Private Employment: Evidence from a German Government Move (Faggio, Schlüter y Berge 2018) cuantifican el efecto de los empleados públicos en una zona en la creación de puestos de trabajo privados. La instalación de organismos públicos deriva en un entorno en el que arraigan consultoras, despachos de abogados y empresas que ofrecen servicios personales como gimnasios o peluquerías.
Si estudiásemos a fondo los organismos públicos localizados en Madrid, encontraríamos una herramienta de política económica que ayudaría a impulsar aquellas zonas del país que sufren el problema de la despoblación. Se trata de algo que ya se está poniendo en práctica en países como Estados Unidos; desde el Senado norteamericano se ha propuesto reubicar agencias federales localizadas en Washington para estimular el empleo en las regiones menos prósperas, aquellas del corazón del país conocidas como The Heartland, y así atraer inversión privada y crear empleos privados junto a los nuevos públicos. Algunas de las agencias propuestas son el National Institutes of Health y Food and Drug Administration, que suponen más 30.000 empleos. Incluso la NASA ha cuantificado el impacto económico y la importancia de una agencia federal en los Estados ya que genera 312.000 trabajos y 7.000 millones en impuestos federales, estatales y locales.
Enfrentar el desafío de la despoblación supone reorganizar la estructura del Estado con el claro objetivo de desconcentrar instituciones localizadas en Madrid y trasladarlas a esa España que necesita estímulos para reactivarse. En la capital se acumulan organismos con miles de funcionarios como Salvamento Marítimo, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras o la Confederación Hidrográfica del Tajo que tendrían una mayor lógica ubicados en comunidades como Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha, respectivamente. El traslado de agencias públicas supondría fomentar la instalación de funcionarios y sus familias en zonas despobladas, la creación de empresas que ofrezcan bienes y servicios a esos nuevos habitantes que necesitan consumir y que van a hacer crecer las economías de la España vaciada.
Seguir la lógica descentralizadora de nuestra Constitución en la estructura funcionarial del país significa no abandonar a las regiones que ven perdida su población. Si nos trasladásemos a Alemania, observaríamos cómo la distribución de su sector público no premia a la capital, sino que es acorde a su federalismo. El reparto de organismos públicos sigue una tendencia de hacer llegar el Estado a cada rincón del país, con los principales órganos en ciudades como Bonn, Berlín, Francfort o Karlsruhe. Diríamos que es el sentido común el que guía la estructura del Estado; pongamos como ejemplo dos de las regiones con más funcionarios, Schleswig y Mecklemburgo. Su situación geográfica marítima les ha hecho las más idóneas para ser sede de numerosas agencias e institutos navales e investigaciones de ciencias del mar.
Actualmente, nos encontramos con un diferencial de 80.000 empleados públicos en Madrid respecto a su población; el Estado tiene un instrumento para movilizar recursos e indicar a las comunidades autónomas que no están solas. Se abre una ventana de oportunidad en el movimiento de organismos públicos, de acuerdo a criterios de razonabilidad. Solo con el simple hecho de trasladar a 20.000 funcionarios, únicamente un 4% de la población perdida por las comunidades en los últimos diez años, el impacto sería de en torno a 60.000 personas movilizadas entre empleados públicos, familiares, empleos privados directos e indirectos e, incluso, nuevas infraestructuras.
Ya hemos visto en los últimos tiempos la importancia de estos movimientos; la provincia de Zamora ha perdido un 12% de su población en los últimos diez años, y, en estos momentos, se estudia la recuperación del antiguo campamento militar de Montelarreina. Esta medida implicaría la instalación de 1.500 familias, en torno a 3.750 personas, y la puesta en marcha de en torno a 800 empleos privados. Al menos un 20% de la población perdida se podría recuperar y se impulsaría la zona con la mejora de infraestructuras y de servicios públicos, con unas perspectivas de futuro muy alentadoras. Este resultado positivo era el buscado por la provincia de Jaén en la designación de la base logística de Defensa y que ha desatado la indignación de los jienenses por la pérdida de una posible inversión de unos 350 millones, la creación de 1.600 empleos directos e indirectos.
Aprovechar esta desigualdad del Estado es clave para no olvidar a la España despoblada e incluso para hacer más país.
Pablo Allende es economista.
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