El enfrentamiento con Moscú por la guerra de Ucrania obliga a Occidente a asegurarse alternativas al suministro de energía rusa. La búsqueda de nuevos socios ha empujado a la Unión Europea a estrechar lazos con regímenes autoritarios y a obviar reparos políticos ante países que violan los derechos humanos. Estados Unidos, por su parte, ha dado un giro en su relación con Arabia Saudí y ha suavizado las sanciones a Venezuela.
Rusia cubría hasta ahora el 40% de las importaciones de gas en Europa, con una transferencia de unos 155.000 millones de metros cúbicos al año, lo que da idea de la titánica tarea que tiene el club comunitario para encontrar rápidamente una alternativa. La búsqueda se ha concentrado en el mercado de gas natural licuado, que llega por barco, y en los gasoductos procedentes de países europeos como Noruega o el Reino Unido. Pero el mayor aumento, de hasta el 70%, se ha producido en la llegada de gas procedente del área del mar Caspio, donde la mayoría de los suministradores presentan un currículum bastante pobre en cuanto a valores democráticos y de derechos humanos.
Este mismo mes de julio, la Comisión lograba un acuerdo con Azerbaiyán para doblar las importaciones de gas desde ese país del Caspio, que pasarían de los 8.100 millones de metros cúbicos anuales en 2021 a 20.000 millones en 2027. Ya en este año, según el acuerdo, se espera alcanzar los 12.000 millones. El organismo comunitario ha hecho caso omiso de las quejas de organizaciones no gubernamentales que acusan al Gobierno de Bakú de ejercer una represión descomunal sobre las fuerzas opositoras del país.
La UE tampoco ha dudado en firmar un memorándum con Egipto e Israel para importar gas de esos dos países o de otros de la zona a través de la infraestructura egipcia de regasificadoras. “Bajo el Gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi, Egipto está viviendo una de las peores crisis de derechos humanos en décadas”, es la evaluación de la organización Human Rights Watch sobre el nuevo aliado energético de la UE. En el caso de Israel, la misma organización denuncia crímenes contra la humanidad contra millones de palestinos, lo cual no ha sido óbice para que la UE se haya planteado este mes retomar las reuniones del Acuerdo de Asociación con ese Estado, abandonadas hace una década.
Los cálculos de la Comisión Europea apuntan a que el gas supondrá el 22% del consumo energético de la Unión al menos hasta 2030, por lo que necesita suministros para pasar el resto de la década. Qatar es otro país identificado como un proveedor esencial para garantizar la seguridad de suministro a pesar de las críticas a las condiciones laborales y sociales que rigen en ese país, especialmente duras para la población inmigrante.
No es la primera vez, sin embargo, que la UE práctica la realpolitik sin miramientos. En el campo migratorio, los 27 socios europeos tampoco dudaron en alcanzar un acuerdo millonario con Turquía para que el presidente Recep Tayyip Erdogan impidiera el paso de refugiados sirios hacia el territorio comunitario. Y Bruselas ha financiado el control de la migración en Libia a pesar de las continuas denuncias sobre el trato inhumano a las personas subsaharianas que intentan cruzar el Mediterráneo desde la costa del país africano.
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SuscríbeteEl presidente de EE UU, Joe Biden, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, chocan los puños en Yeda el pasado 15 de julio. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
El conflicto con Rusia también ha llevado a la Administración de Joe Biden a dar un giro en su relación con algunos países, especialmente Arabia Saudí y Venezuela. Durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca en 2020, Biden fue claro en su postura sobre Arabia Saudí al prometer durante uno de los debates presidenciales que convertiría al reino del desierto en un “Estado paria”. ¿El motivo?: la relación directa, probada por los servicios de Inteligencia estadounidenses, entre su líder de facto, el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán (conocido como MBS), y el descuartizamiento en Estambul en 2018 del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi, ciudadano saudí residente en Estados Unidos.
Biden tuvo que tragarse sus palabras el pasado 15 de julio durante una polémica gira por Oriente Próximo, en la que hizo parada en Yeda (Arabia Saudí) para verse con miembros del régimen, con la desestabilizadora amenaza de la expansión de las capacidades nucleares de Irán flotando en el ambiente. El encuentro produjo la imagen de Biden chocando los puños con MBS, que pasará a la historia de las relaciones exteriores de su Administración y de la realpolitik. Lo que había cambiado entre uno y otro momento fue la guerra de Ucrania y la emergencia energética global desatada por esta.
En el nuevo escenario, Estados Unidos —donde la gasolina ha registrado en los últimos meses unos precios récord, realmente impopulares en un país azotado ya por la inflación y tan dependiente del automóvil— también necesita desesperadamente buscar petróleo donde antes solo había tensión geopolítica. En aquella reunión en Yeda, entre medidas para suavizar las relaciones saudíes con Israel, declaraciones de apoyo a la frágil tregua en Yemen y anuncios de cooperación tecnológica y de defensa, la Casa Blanca declaró, oculto tras el eufemismo de moda en Washington, “seguridad energética”, que Arabia Saudí se había comprometido a un “aumento de los niveles de producción un 50% por encima de lo previsto para julio y agosto”. Eso permitiría, según Washington, “estabilizar los mercados considerablemente”.
Y es cierto que a poco más de 100 días de las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas podrían perder el control de las dos Cámaras en el Capitolio, los precios de la gasolina parecen haberse moderado. El promedio nacional de lo que se paga por un galón (3,78 litros) ha caído 70 centavos de dólar desde su pico, que se situó por encima de los cinco dólares (4,92 euros) a principios de junio. Los analistas esperan que los precios continúen cayendo hasta fin de año (aunque siguen 1,17 dólares por encima de los de hace un año).
Como parte de esa misma política de búsqueda de insospechados compañeros de cama en mitad de una crisis energética sin precedentes en las últimas décadas, funcionarios de la Administración de Biden viajaron en marzo a Caracas para reunirse con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, tan pronto como quedó claro que el crudo venezolano había adquirido mayor valor en el tablero mundial tras la imposición de sanciones a Rusia por la guerra. Pocos días después de esa visita, se anunció el veto de Estados Unidos al petróleo de Moscú.
A ese viaje siguieron gestos por parte de Washington para suavizar las relaciones con el régimen de Maduro. Estados Unidos, que sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo, aflojó algunos de sus castigos a Venezuela para, según afirmó un alto funcionario de la Casa Blanca, tratar de favorecer el diálogo con la oposición.
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