La elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la madrugada del sábado, tras 15 rondas de votaciones (algo inusitado desde antes de la Guerra Civil) ha confirmado las sospechas de aquellos que pronosticaban que la nueva mayoría republicana elegida tras las elecciones del pasado noviembre iba a tener serias dificultades para gobernar.
El problema principal que afronta el nuevo presidente de la Cámara en los próximos días y semanas es que su mayoría depende de un grupo de entre seis y 20 congresistas que, lisa y llanamente, están más interesados en el griterío y la propaganda que en la aprobación de medidas legislativas. Éste es un dilema que ya afligió a sus dos antecesores republicanos inmediatos, John Boehner y Paul Ryan, pero estos disponían de entre una decena y una veintena de votos más de margen que McCarthy. Si a ello le unimos que el nuevo speaker necesitará cooperar con un Senado demócrata cuyas prioridades legislativas son opuestas a las suyas, la consecuencia es predecible: la parálisis legislativa total, sustituida por comisiones de investigación que generen mucho ruido mediático.
Ahora bien, el problema es que hay leyes que deben ser aprobadas ineludiblemente. Existen al menos dos escenarios peligrosos que se van a producir en los próximos meses: el primero es el denominado “cierre del Gobierno de Estados Unidos” (la suspensión de la prestación de los servicios públicos no esenciales por falta de aprobación de los presupuestos federales). Esto es algo que ha ocurrido de manera recurrente en los últimos 40 años, aunque su duración y su impacto económico han sido relativamente limitados hasta ahora.
Pero el escenario verdaderamente peligroso es el segundo: en torno al verano de 2023 hay que aprobar la “elevación del techo de deuda de Estados Unidos” (el denominado debt ceiling), un límite legislativo sobre la cantidad de deuda nacional en la que puede incurrir el Tesoro de los Estados Unidos, que limita la cantidad de dinero que el Gobierno federal puede pagar por la deuda que ya tomó prestada (una norma singularmente obtusa que sólo existe en Estados Unidos y Dinamarca).
La consecuencia de no elevar el techo de deuda sería la suspensión de pagos por parte del Gobierno de Estados Unidos, el hundimiento de las bolsas a una escala muy superior a lo ocurrido cuando las mayorías republicanas en la Cámara amenazaron a Obama con no votar la subida del techo de deuda en 2011 y 2013 y una segunda Gran Recesión mundial similar a la de 2008-2009.
Una vez más, el problema es que la mayoría de los republicanos (no sólo los rebeldes de esta semana) quieren usar esa votación como moneda de cambio de una serie de recortes masivos en el gasto público (Seguridad Social, Medicare, Medicaid, Defensa) que provocarían, a su vez, una recesión. La Administración Biden jamás consentirá a los mismos e intentará aprobar la elevación del techo de deuda con la ayuda de los elementos menos extremistas republicanos, algo nada seguro pero que, de producirse, provocaría seguramente también la caída de McCarthy a manos de sus correligionarios.
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Pedro Soriano Mendiara, abogado y colaborador de Agenda Pública.
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