El idilio de la CEOE con el Gobierno —con su apoyo a los indultos a los condenados por el procés o el reciente acuerdo sobre la primera parte de la reforma de las pensiones— sufrió el miércoles uno de sus ya casi tradicionales tropiezos. La patronal venía avisando de su negativa a la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo, que tiene que estar lista para finales de año si España quiere cumplir con Bruselas. Y se presentó este miércoles a la mesa de negociación con un duro informe que llega a tildar de “marxistas” los planes de Trabajo. La vicepresidenta Yolanda Díaz presentó a principios de junio un borrador que afecta básicamente a la tipología de contratos (para primar los indefinidos y limitar el uso de los temporales), restringe la subcontratación y elimina la prevalencia del convenio de empresa, una de las medidas estrella de la reforma del PP en 2012. La respuesta de la CEOE es, al menos sobre el papel, demoledora: una “oposición frontal” a una reforma que, según la patronal, tiene “una profunda raigambre ideológica”, promueve “un abordaje marxista del mercado laboral” y resulta “intervencionista, regresiva y desalineada con las necesidades del tejido empresarial y de los trabajadores”, según el documento presentado por los patronos y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La reforma laboral se ha convertido en una suerte de fetiche en las procelosas aguas de la política económica española. Unidas Podemos quiere derogarla a toda costa. El acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos habla a las claras de derogación, al menos de los aspectos más lesivos. Ese asunto suscitó un fenomenal patinazo durante la Gran Reclusión, tras un efímero pacto entre el PSOE, Podemos y EH Bildu en el que se hablaba de derogación completa. Ha provocado desencuentros entre el flanco más ortodoxo del Gobierno, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño, y el ala más izquierdista, que capitanea la también vicepresidenta Yolanda Díaz. Tiene al PP radicalmente en contra, a Bruselas al acecho y a los agentes sociales en guardia.
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Y hay apenas medio año para atarlo: España se ha comprometido con Bruselas a pactar la reforma laboral a lo largo de 2021. El Gobierno puso sobre la mesa sus ideas la primera semana de junio. Pero esta vez la CEOE, que en los últimos tiempos ha alcanzado un buen puñado de acuerdos con el Ejecutivo, encara esa negociación de uñas: la propuesta inicial de Trabajo, concluye la patronal, es “inasumible”, en especial en lo relativo a la limitación de los contratos temporales, y puede provocar “una destrucción de empleo inesperada en un contexto de gran incertidumbre”, siempre según el texto de la contrapropuesta de la patronal. Fuentes de la negociación apuntan que la CEOE adopta esta vez su perfil más duro después del fuerte debate interno que provocó la posición de su líder, Antonio Garamendi, a favor de los indultos a los presos por el desafío independentista.
Garamendi afirmó ayer miércoles que la patronal se sentará en la mesa de negociación, pero avanzó que el acuerdo está lejos. “El diálogo social es así. Nos sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, pero la verdad es que las posiciones están en las antípodas”, añadió. El texto que llevó la CEOE a la mesa de diálogo, sin embargo, va mucho más lejos que el tono de esas declaraciones y anticipa un debate áspero, duro, desapacible. “Las reformas propuestas por el Gobierno introducen rigidez en nuestro mercado de trabajo” e ignoran “las recomendaciones de la Unión Europea, de los organismos internacionales y las necesidades de la economía española”, arranca ese informe.
La CEOE admite que la temporalidad, que ronda el 25%, supera con creces la media europea (14%), pero atribuye las cifras españolas al abuso de contratos temporales en el sector público, que superan el 30% y que el Ejecutivo se ha comprometido a reducir drásticamente con Bruselas. Sin esa abultada tasa en la Administración, aduce la patronal, los números del sector privado “responden a las características” de la economía española, muy dependiente de actividades estacionales o con un alto componente cíclico, con un peso de sectores como el comercio, la hostelería o la agricultura superior al de los socios del euro. El Gobierno, sostiene la CEOE, pretende la práctica eliminación de la contratación temporal “o su uso con carácter residual”. Y califica las medidas propuestas por Trabajo de “radicales y contraproducentes”, con esa alusión al marxismo que alude a la filiación comunista de la vicepresidenta Díaz. “La propuesta legitima el uso abusivo de la contratación temporal por razones organizativas en el sector público para la cobertura de vacantes, y la excluye para el sector privado”, se queja la patronal.
La idea de Trabajo es potenciar el contrato indefinido sobre el temporal. Para ello establece que solo se pueda firmar un contrato temporal por razones de carácter productivo y organizativo: cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda atenderse con la propia plantilla. Los trabajadores de actividades estacionales, imprescindibles para el comercio en la campaña de Navidad o para las actividades turísticas en verano, pasarán de tener un contrato temporal a uno fijo-discontinuo, un subtipo del indefinido que se caracteriza por su intermitencia. “Establece una nueva indemnización del todo punto injustificada y ajena a nuestro marco de relaciones laborales”, según la CEOE. En la práctica, el empleado prestará sus servicios durante el mismo periodo que lo hacía antes. Durante el resto del año la prestación quedará suspendida, y se reactivará al siguiente cuando vuelva a ser necesario. Además, la duración se limitará a seis meses (o hasta un año cuando se establezca en el convenio del sector). La CEOE subraya que en los países europeos ese mínimo es de unos 18 meses. “Temporalidad y precariedad no son fenómenos equiparables: todos los países del mundo y de la UE poseen márgenes de temporalidad imprescindibles”, critica el documento.
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