El presidente Jimmy Morales, quien terminará su mandato en enero, decidió no renovar la misión de la Cicig después de que dicho organismo pidiera investigarlo por no reportar fondos en su campaña presidencial.
Luego de que el gobierno de Guatemala decidió no prorrogar la estadía de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), tras considerar que es un riesgo para la seguridad nacional y acusarla de violar leyes internas y convenios internacionales, ésta termina su mandato este 3 de septiembre, tras 12 años de trabajo contra la contra la corrupción.
Fue creada a finales de 2006 por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas. Desde entonces, cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país como la que terminó con el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La Cicig logró evidenciar, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos como uno de los factores responsables de la “captura del Estado” y cómo los resultados de los comicios de 2011 y 2015 -cuando ganaron el expresidente Pérez Molina y el actual, Jimmy Morales- fueron “moldeados” por una financiación electoral ilícita.
El presidente Morales -a quien la Cicig investigó por presunto financiamiento ilícito de su campaña- ordenó a inicios de este año su expulsión al considerar que el organismo había violado leyes internas y convenios internacionales.
“Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala”, dijo el mandatario.
Alejandro Giammattei, presidente electo del país, confirmó su intención de no prorrogar el mandato de la Cicig y de crear una comisión alternativa contra la corrupción.
Esto ocurre luego de que, en 2010, Giammattei pasó más de diez meses en la cárcel tras una investigación de la Cicig y el Ministerio Público, acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos en una prisión mientras él dirigía el Sistema Penitenciario.
Giammattei será el primer presidente en una década sin la Cicig; en su lugar postuló la creación de una comisión especial vinculada al Ejecutivo, cuya eficacia fue puesta en duda por InsightCrime ante el hecho de que los más recientes mandatarios guatemaltecos han estado vinculados a acusaciones de corrupción y actividades ilegales.
Esta Comisión presentó su informe final el pasado 20 de agosto luego de 12 años de actividad. El demoledor informe final resume en 112 páginas los múltiples casos de corrupción que ha investigado: desde el desmantelamiento de la red de corrupción de la Línea, que llevó al encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina y de su entonces vicepresidente Roxana Baldetti por defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, hasta los financiamientos ilegales de partidos políticos y casos de corrupción a nivel local.
Además, el órgano de Naciones Unidas pretendía investigar a José Manuel Morales, hijo del presidente, y al hermano de este, Samuel Morales, por estafa al fisco con actividades no realizadas, lo que motivó la decisión del mandatario.
La conclusión del mandato de la Cicig coincide con la detención y encarcelamiento de la ex primera dama de Guatemala y ex candidata presidencial Sandra Torres por corrupción en las finanzas de su partido en 2015.
(Con información de Ntmx y BBC)