Rogelio Muñiz Toledo
La Agenda 2030 pone a la igualdad en el centro. Para avanzar en su cumplimiento es necesario proteger y fortalecer el gasto social: Alicia Bárcena*
El gasto social bien orientado es fundamental para que el Estado cumpla con el imperativo de la justicia social. En la Ciudad de México, por mandato constitucional, el gasto social debe orientarse hacia el cumplimiento de principios específicos: el ejercicio efectivo de todos los derechos, la redistribución del ingreso, la erradicación de las desigualdades estructurales y de la pobreza y el bienestar de sus habitantes.
Para ajustar su actuación a la Constitución de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno debe garantizar que el gasto público se oriente a asegurar los niveles esenciales de los derechos y, para no incurrir medidas regresivas, debe abstenerse de instrumentar políticas públicas que disminuyan la extensión o el nivel de tutela de aquellos. Solo así cumplirá con el mandato constitucional de garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo del derecho a una vida digna.
Durante la administración de Claudia Sheinbaum, el Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado contrastes en materia de gasto social. Una de sus primeras decisiones fue suprimir, a partir del segundo trimestre de este año, los tres programas sociales que por mandato constitucional expreso deben existir en la ciudad para apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los jóvenes que estudian el bachillerato.
El hecho de que los beneficiarios de los programas suprimidos sean incorporados a los programas federales equivalentes no subsana la disminución en el nivel de tutela de los derechos que se garantizaban con esos apoyos sociales, porque las personas recibirán una cantidad menor a la que les correspondería si pudieran acceder a los programas federal y local, en virtud del carácter universal de ambos.
La supresión de estos programas sociales es contraria a los principios que establece la Constitución de la Ciudad de México y si los recursos liberados al dejar de invertir en ellos no se destinaran a garantizar progresivamente el derecho a la dignidad de las personas, mediante otros programas sociales, se estaría tomando otra decisión que contravendría el texto constitucional que ordena que el ejercicio de la hacienda pública se oriente al cumplimiento efectivo de los derechos.
Hace unos días la Jefa de Gobierno anunció que, gracias al incremento de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México respecto de lo programado en el primer trimestre del año, su gobierno decidió poner en marcha el programa social “Mi beca para empezar”, por el que a partir del próximo ciclo escolar se otorgará un apoyo de $330 mensuales a los estudiantes de 6 a 15 años que cursen la primaria o secundaria de escuelas públicas de la Ciudad de México.
“Mi beca para empezar” sustituirá al programa social “Niñas y Niños Talento”, con el que desde 2007 se apoya a niñas y niños de 6 a 15 años de edad, vulnerables por carencia social y con aptitudes académicas sobresalientes (calificación entre 9 y 10), inscritos en escuelas públicas de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México. La decisión de la Jefa de Gobierno, que busca avanzar hacia la universalización del programa, es loable y se orienta hacia el cumplimiento de los objetivos en materia social establecidos en la Constitución de la Ciudad de México.
Los programas de transferencias monetarias, particularmente cuando se trata de transferencias condicionadas dirigidas a las niñas y los niños para garantizarles una vida digna, son instrumentos de política social muy útiles para reducir la pobreza y la vulnerabilidad.
Estos contrastes en materia de política social son posibles porque la actual administración no ha avanzado en el mandato constitucional de establecer un “sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo”, como lo dispone la Constitución.
La Constitución de la Ciudad de México establece un modelo de política social de implementación obligatoria para el Gobierno de la Ciudad. El establecimiento del “sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo”, con todos los elementos que ordena la Constitución -incluido el derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna a todas las personas-, garantizaría que la Ciudad de México contara con una política social en la que las políticas públicas y los programas sociales no se definieran por decisiones discrecionales del gobierno en turno, los vaivenes de la política o los intereses u ocurrencias de los gobernantes.
Si aspiramos a construir un Estado social y democrático orientado al pleno ejercicio de los derechos, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México, es necesario contar con una política social de Estado. En la Constitución se encuentran las bases y el mandato para hacerlo. Posponer la reglamentación e implementación de estas disposiciones nos alejará del objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y erradicar la pobreza.
*Secretaria ejecutiva de la CEPAL
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*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.