La minería clandestina está incrustada en el ADN de la ciudad Itaituba, en el Estado de Pará. El culto a esta actividad que durante décadas ha sostenido a la población local está plasmada en una estatua a las orillas del río Tapajós. ‘Ciudad pepita’, como es conocida, tiene un nuevo desafío: buscar una alternativa para subsistir ante los operativos llevados a cabo por el Gobierno de Lula Da Silva para frenar el mercado de oro ilegal.
El pasado minero de Itaituba se remonta a la época colonial, con un crecimiento importante en los años 70 y 80 del siglo pasado. El 70 % de toda la deforestación reportada en las 334 unidades de conservación administradas por el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) en todo Brasil se produce en las doce entidades situadas en la zona oeste de Pará. En esta urbe se encuentran numerosos anuncios de negocios que compran joyas y venden maquinaria e internet para los buscadores de oro.
Los operativos del Gobierno actual han despertado el resentimiento local. Los residentes envían datos de la ubicación de los inspectores medioambientales a grupos de WhatsApp para avisar sobre su localización. El problema de los minerales ilegales se extiende por todo el país. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais estima que el 30 % de las 158 toneladas de oro producidas entre enero de 2021 y junio de 2022 tiene indicios de origen ilegal o potencialmente ilegal.
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