Daniel García Rodríguez, quien permaneció en prisión preventiva por más de 17 años en México, manifestó su confianza de que este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resuelva su caso y el de Reyes Alpízar, y se pronuncie contra el Estado mexicano por la utilización de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
“Vamos muy muy animados para que el próximo viernes se celebre este regaño de a de veras. Y la Corte Interamericana está muy interesada para que figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa ya se eliminen del marco legal de México y, por supuesto, que se se terminen tantas barbaridades que hemos visto”, dijo durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
Señaló que a día de hoy hay más de 9 mil personas presas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y más de 10 mil personas fueron arraigadas antes del 2015.
García Rodríguez y Reyes Alpízar fueron condenados en mayo de este año por el asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años en prisión preventiva y más de 20 del proceso penal, para que finalmente fueran sentenciados. Sobre este tema resolverá la CoIDH, en plena discusión en México sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
Daniel García explicó que desde 2004 hay observaciones de organismos internacionales sobre su caso y el de su coacusado, Reyes Alpízar. Entre éstas destacan la del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas; la del del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la de Amnistía Internacional.
Sin embargo, dijo que la admisión del caso por parte de la CoIDH es una muestra de “cómo se han escandalizado los organismos internacionales” con el asunto.
Narró que tanto él como Alpízar -y en su momento su padre, su hermano, dos primos hermanos y otros parientes muy cercanos- fueron objeto de una “acusación falsa, fabricada”. Relató que el entonces procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, los amenazó para que firmaran acusaciones inculpatorias de personajes que en ese momento gobernaban Atizapán.
“Fuimos sujetos de tortura psicológica y física. Ante nuestra negativa a aceptar cosas que no nos constaban, fue la venganza y la la consignación de parientes en acusaciones falsas como la nuestra también, porque finalmente todo se acreditó dentro de la causa penal que eran fabricaciones de la procuraduría”, dijo.
Aseguró que la entonces procuraduría mexiquense utilizó en su contra figuras como el arraigo, que también será revisada por la CoIDH.
“Nosotros estuvimos, en mi caso 45 días arraigado junto con el entonces presidente municipal de Atizapán y Reyes Alpízar estuvo 30 días también arraigado”, dijo, al tiempo que explicó que el arraigo es una figura donde no se está sujeto a un control jurisdiccional, sino simplemente se está detenido y custodiado por la policía. Acusó que durante el arraigo fue armado el expediente con el que se les acusó.
“Esa condición fue utilizada en nuestro caso, sé que más de 10 mil después, en el sexenio de Calderón, donde el arraigo era utilizado -todavía está en la Constitución, en el artículo 16-, así como la prisión preventiva, que el Ministerio Público use tiempos que no le hacen falta más que para coaccionar, torturar y, como en nuestro caso, fabricar evidencias”, enfatizó.
Explicó que por esa razón plantearon su caso ante instancias internacionales, en las que se han escandalizo porque estas figuras son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, con la que México tiene que cumplir.
Sobre la propuesta presentada esta semana por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, que busca anular la prisión preventiva oficiosa en el país, consideró que es “escandaloso” que el Estado actúe cuando “ya viene el regaño en camino”, en alusión a la decisión que tomará el viernes la CoIDH.
“Así pasó en el caso Castañeda Gutman, en el caso de Montiel, también en el campo algodonero y en el caso Radilla Pacheco, que obligaron al estado mexicano a hacer modificaciones hasta constitucionales, pero el Congreso se apresuraba antes de llegar la sentencia y por eso no se reconocen esas cosas”, comentó.
Puso como ejemplo que en caso del voto femenino, reconocido por México en 1947, el gobierno actuó debido a la presión internacional, ya que era una de las pocas naciones del mundo que no lo reconocían.
También señaló la modificación del artículo primero de la Constitución en 2011, cuando se hizo el reconocimiento de los derechos humanos y se abandonó el concepto de “garantías individuales” que hasta entonces estaban consignadas en la Carta Magna: “Ya venían cinco sentencias en contra del Estado mexicano por esa barbaridad”.
“Así sucede. Vergonzosamente hay una serie de criterios de la SCJN donde niegan la supremacía de los tratados internacionales, porque afirmaban que lo dicho por la Constitución era suficiente y que sólo y únicamente cuando se tratara de casos específicos podrían acudir a los tratados internacionales”, detalló.
“Nosotros tenemos un caso, de una sentencia de la Segunda Sala del Segundo Colegiado, donde precisamente ante nuestra insistencia de pedir la aplicación de control de ejercicio de convencionalidad, tuvieron la barbaridad -y estará ahí para la historia- de establecer que los tratados internacionales suscritos por México eran normas extranjeras”, abundó. Señaló que esta sentencia se dio en 2013 y fue ratificada por el organismo revisor.
La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la SCJN pretenda eliminar la prisión preventiva oficiosa. Dijo que “la esencia del asunto, la esencia es que se busca impunidad y corrupción” y pidió “que no sirva esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra, también hay delitos graves”.
Ve la entrevista completa:
Your browser doesn’t support iframes
Source link