Auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados analizaron este lunes los resultados de la Cuenta Pública 2019.
Los funcionarios de la ASF que participaron en este análisis son: Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial de Gasto Federalizado; Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero, y el director general de la Auditoria de Desempeño, Tizoc Villalobos Ruiz, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presidida por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano (MC), se reunió con funcionarios de ASF, para revisar de manera específica la Cuenta Pública 2019.
Rodríguez Carrillo (MC) señaló que estas mesas de trabajo tienen la finalidad de ampliar información acerca de cada uno de los informes entregados el pasado 20 de febrero, a la Cámara de Diputados.
Precisó que a la reunión asiste Tizoc Villalobos Ruiz, director general de Auditoría de Desempeño, toda vez que existe un trámite de separación temporal del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, como parte de las investigaciones que se encuentran en curso derivadas de lo que empezó a revisar la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia.
Agustín Caso fue separado de su cargo mientras se investiga su responsabilidad en la información que emitió la ASF sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
No obstante, Mario Rodríguez Carrillo solicitó al auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, invitar a Agustín Caso Raphael para la siguiente mesa, para que pudiera ampliar la metodología, ya que se trata de garantizar el derecho de voz y audiencia de quien en este momento está separado.
“Yo lo consultaré con la Unidad de Evaluación y Control si el procedimiento da a lugar y, en ese sentido, sería la petición, porque necesitamos tener elementos metodológicos que es en todo caso la discusión en la que estamos llevando a esta circunstancia; me gustaría profundizar más y especificar solamente una mesa bajo esos criterios metodológicos y nos dedicáramos específicamente al tema”, añadió.
2 mil 295 acciones por auditorías del gasto federalizado
El Auditor Especial de Gasto Federalizado de la ASF, Emilio Barriga Delgado, precisó que en este tipo de gasto se realizaron 982 auditorías de las mil 358 que se entregaron. Lo que dio lugar a dos mil 295 acciones; 819 pliegos de observaciones en donde hubo presunción de daño al erario público; 849 PRAS (Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria); 164 solicitudes de aclaración; 77 vistas a las autoridades correspondientes, y 386 recomendaciones.
Indicó que de las 982 auditorías, el 78 por ciento, es decir, 761 auditorías fueron al gasto federalizado programable, recursos que están etiquetados para un fin específico; el 13 por ciento, 132 auditorías fueron a las participaciones federales que son los recursos de libre disposición que tienen los gobiernos subnacionales, y 89 auditorías se hicieron para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.
De las 982 auditorías, precisó, 731 fueron a gobiernos de las entidades federativas; 119 a gobiernos municipales; 41 a las dependencias del gobierno federal coordinadoras de los fondos; 35 a universidades públicas estatales; se auditaron a los 32 congresos estatales; 13 entidades de fiscalización superior local; 11 poderes judiciales de los estados.
Barriga Delgado resaltó que por entidades federativas se observaron 55 mil 38.3 millones de pesos; gasto federalizado programable, 36 mil 748.9 millones de pesos; participaciones federales, 11 mil 179.5 millones de pesos; sobre el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se observó 6 mil 54 millones de pesos; gobiernos estatales, 3 mil 392; organismos públicos descentralizados estatales, mil 562 millones; poderes judiciales de los estados, 806 millones; congresos estatales, 242 millones, y entidades de fiscalización superior locales, 49.6 millones de pesos.
Se realizaron 261 auditorías de cumplimiento financiero
El auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, señaló que en la Cuenta Pública 2019 esta Auditoría Especial hizo 261 auditorías, de las cuales 75 se entregaron en octubre y 186 recientemente. Precisó que, de las 186, 115 son de cumplimiento financiero; 58 de inversiones físicas; 9 forenses y cuatro de tecnologías de la información. Detalló que se hizo una clasificación en función de la importancia de los pliegos y se tienen básicamente entidades fiscalizadas con pliegos mayores a 200 millones de pesos en su conjunto, se habla en este caso de 15 entidades fiscalizadas que tienen 15 auditorías, 216 pliegos por 10 mil 306 millones de pesos y se tienen solicitudes de aclaración por 23 mil 253 millones de pesos.
“Tenemos entidades fiscalizadas con pliegos de observaciones por menos de 200 millones de pesos, pero mayores a 50 millones de pesos que son básicamente 15 entidades con 15 auditorías, con un número de 141 pliegos de observaciones por mil 607 millones de pesos; dos solicitudes de aclaración por 25 millones de pesos”, dijo.
Agregó que también se tienen 34 entidades fiscalizadas, con pliegos mayores a 50 millones de pesos, son 75 pliegos, en el caso de estas empresas, para un total de 362 millones de pesos y tenemos 3 mil 620 millones por aclarar. Y también 18 entidades que el proceso de fiscalización no se detectó ningún tipo de acción.
Destacó que en la clasificación de las importantes de las 15 entidades y dependencias, está el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al cual se le ha venido auditando prácticamente desde su inicio y se han hecho de 2014 a 2019, 96 auditorías de cumplimiento financiero, que son 27 cumplimiento financieros que básicamente están enfocados a estos fideicomisos que están financiando la obra y de cumplimiento de inversiones físicas se tienen 69 auditorías, lo que da un total de 96 auditorías.
Respecto del Grupo Aeroportuario, dijo que se llevaron a cabo 13 auditorías, se identificaron 62 pliegos por 3 mil 231 millones de pesos. Detalló que se ve el proyecto ejecutivo de pistas, rodajes y plataformas, ayuda a la navegación, se audita la gerencia del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “auditamos los ingresos y gastos de los fideicomisos no paraestatales relacionados con el nuevo aeropuerto”; el proyecto ejecutivo del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torres de control y centros de control, entre otros.
📌 Se reúne Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con funcionarios de la @ASF_Mexico para revisar 🔎, de manera específica, los informes de la Cuenta Pública 2019. https://t.co/WmrdCGB8Hm
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 1, 2021
Señaló que se entregaron 13 auditorías en esta tercera etapa, de febrero 2021, lo que “da un panorama amplio de lo que se ha ejercido en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
Comentó que se llevan a cabo reuniones de trabajo “porque si bien es cierto que la fiscalización nunca se hace al cien por ciento, sino se basa en pruebas selectivas y se fiscalizan los contratos, nosotros tenemos un alcance en los contratos de fiscalización de aproximadamente el 86 por ciento en cuanto a importe y eso nos da una certeza de los montos”.
Agregó que “dada la situación que derivó precisamente de la determinación de un costo de cancelación de aproximadamente 330 mil millones, creemos que con toda la responsabilidad tenemos que revisar las cifras de inicio, estamos revisando todas las cifras para estar en posibilidades de dar una cantidad a la luz de cumplimiento financiero, y me refiero a los flujos de efectivo a pesos corrientes”.
Casi dos mil 300 acciones para la mejora en gestión y uso de los recursos públicos
El director general de Auditoria de Desempeño de la ASF, Tizoc Villalobos Ruiz, indicó que la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 dada la naturaleza preventiva de las auditorías de desempeño y considerando la situación en la que se ha venido dando el país, las recomendaciones fueron dirigidas primordialmente al fortalecimiento de los procesos de planeación y programación, presupuestación, así como la necesidad de adecuar el marco reglamentario de actuación de las entidades fiscalizadas a las modificaciones que en su caso se hayan hecho en la legislación ordinaria que les aplique.
De igual forma, agregó, se recomendó a las entidades fiscalizadas la necesidad de mejorar la definición y focalización de las poblaciones potencial y objetivo de los programas; mejorar, definir, y rediseñar sus motrices de indicadores para resultados y establecer indicadores que permitan conocer tanto la gestión como los resultados
Precisó que la supervisión de la Cuenta Pública 2019 en la parte de la auditoría especial de desempeño, se integró por un total de 114 informes correspondientes a 96 entes fiscalizados, de los cuales 104 auditorías de desempeño, 8 son evaluaciones de política pública y dos estudios. De las 114 auditorías, 41 correspondieron a la finalidad de desarrollo económico, 43 a la de desarrollo social, 30 a la de gobierno y se emitieron 29 recomendaciones, 783 recomendaciones al desempeño y 10 sugerencias a la Cámara, para un total de 822 acciones.
Añadió que para la tercera etapa, febrero 2021, se emitieron 173 recomendaciones, mil 243 recomendaciones al desempeño y 29 sugerencias, con un total mil 445 acciones de mejora. “Estas casi dos mil 300 acciones de mejora están con la finalidad de la mejoría en la gestión y el uso de los recursos públicos”.
En su oportunidad, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, indicó que durante su gestión no permitió ni permitirá “ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de la legalidad en la propia Auditoría Superior de la Federación.
“Estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados está realizando y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales o que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal”.