En las 814 páginas del informe final hecho público el jueves por la noche por la comisión del Congreso de Estados Unidos que ha investigado el ataque al Capitolio, el nombre de Donald Trump aparece en 4.207 ocasiones. La media sale a más de cinco veces por página. De modo que el expresidente es el protagonista absoluto del lanzamiento más esperado de estas navidades en Washington. Sus autores —un comité de miembros de la Cámara de Representantes formado por siete demócratas y dos republicanos que han trabajado durante 18 meses, han entrevistado a un millar de personas y han revisado un millón de documentos— concluye lo que para pocos puede ser una sorpresa a estas alturas: “un solo hombre”, Trump, capitaneó “un plan de varias partes para revocar las elecciones presidenciales de 2020″, pese a las abundantes evidencias en contra de la teoría falsa del robo demócrata en las urnas.
El documento también pide que el Congreso considere prohibir a Trump y a los funcionarios que colaboraron con él en los episodios que condujeron al 6 de enero de 2021 que puedan volver a presentarse para un cargo público, amparándose en una interpretación del castigo que la decimocuarta enmienda reserva a los insurrectos. “Nuestro país ha llegado demasiado lejos como para permitir que un presidente derrotado se convierta en un tirano”, escribe en las primeras páginas del informe el demócrata Bennie Thompson (Misisipi), presidente del órgano bipartidista.
El problema en el caso del cabecilla es que esa recomendación —que no es sino eso, una recomendación sin poder vinculante— llega tarde. Trump ya anunció a los pocos días de las recientes elecciones legislativas (de las que salió como claro perdedor) que se presentará a las presidenciales de 2024. Solo una condena en las múltiples causas pendientes que tiene desde Washington a Nueva York, pasando por Atlanta, podrían impedírselo.
La particular semana horribilis del magnate empezó del mismo modo que termina. El lunes, la comisión del 6 de enero votó por unanimidad acusarlo de cuatro delitos (incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial de Congreso, conspiración para difundir falsedades electorales e intento de fraude a Estados Unidos). Después, publicó un aperitivo de su informe final a modo de resumen ejecutivo. El comité llegó hasta donde puede: señalar esos crímenes al Departamento de Justicia, en cuyo tejado ha caído una pelota cargada de pruebas incriminatorias.
Entre medias, otra comisión del Congreso ordenó el martes la publicación de las declaraciones de impuestos del expresidente entre 2015 y 2020, tras una batalla judicial que se remonta a la campaña que lo llevó a la Casa Blanca y a solo dos semanas de que los demócratas cedan el control de la Cámara baja a los republicanos, que llegan deseosos de enterrar esas investigaciones. El miércoles publicaron una suerte de contrainforme que cargaba la culpa del 6 de enero en los fallos de seguridad que, afirman, vivió la ciudad aquel gélido día.
El monumental texto de la comisión bipartidista incorpora un apéndice de treinta páginas sobre la respuesta del Gobierno a las señales de los servicios de inteligencia que advirtieron de la tormenta de violencia que se avecinaba sobre Washington, que se cobró cinco vidas y dejó heridos a centenares de agentes. Esos capítulos finales nacen de la pugna en el seno del comité entre quienes, como la vicepresidenta Liz Cheney, una de las republicanas más odiadas por Trump, consideraban una distracción desviar el foco de la responsabilidad del magnate y los que apostaban por ofrecer el cuadro más completo posible.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
No está claro qué va a pasar con una Cámara de mayoría conservadora con las 11 propuestas que incorpora el informe final de la comisión para evitar que el 6 de enero pueda repetirse. Entre ellas, destaca una reforma cuya aprobación está prevista para antes del relevo, como parte de un monumental paquete de gasto que pasó el jueves a toda prisa el trámite del Senado, antes de que llegara la tormenta polar que ha puesto a Estados Unidos en alerta roja.
Páginas del informe final sobre el ataque del 6 de enero de 2021.Jon Elswick (AP)
Ese cambio legislativo persigue aclarar el papel que, en la certificación del resultado de las urnas, otorga al vicepresidente una ley electoral de 135 años de antigüedad cuyas ambigüedades contribuyeron, en una torticera interpretación, al ataque a Capitolio. Trump consideraba que estaba en la mano de Mike Pence negarse a reconocer el triunfo de Joe Biden y convenció a los suyos de que, al no hacerlo, estaba traicionando a la democracia estadounidense. En realidad el papel del vicepresidente se limita a certificar el resultado oficial.
Otras recomendaciones pasan por estrechar la vigilancia de las agencias federales de grupos extremistas como los que abastecieron aquel día a Trump de insurrectos o la designación de la jornada en la que se cuentan los votos electorales en el Congreso como un evento nacional especial de seguridad. Eso blindaría el trámite democrático que interrumpió la turba del 6 de enero con la protección reservada a la toma de posesión del nuevo presidente o a los discursos del Estado de la Unión.
Mientras siguen sus juicios por fraude fiscal o la investigación por los papeles clasificados como alto secreto que se llevó sin encomendarse a nadie de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, la pregunta ahora es cuáles serán los siguientes pasos del Departamento de Justicia. Su jefe, Merrick Garland, designó recientemente a un fiscal especial para sortear los aprietos en los que la decisión de Trump de presentarse pone a su departamento, que depende del presidente Joe Biden, probable contrincante del magnate en 2024. El anuncio tan temprano de su candidatura pretende precisamente eso: tratar de pasar esas investigaciones como una persecución política.
Al conocerse el resultado de 18 meses de escrutinio sobre los actos que el entonces presidente realizó entre la celebración de las elecciones y el ataque al Capitolio, Trump reaccionó en el único foro en el que se prodiga últimamente, Truth, la red social que fundó tras su expulsión de Twitter: “El informe del comité nada selecto y altamente partidista no menciona deliberadamente el hecho de que [Nancy] Pelosi [presidenta hasta fin de año de la Cámara de Representantes] no prestó atención a mi recomendación de que se usaran tropas en Washington, no muestra las palabras “Pacíficamente y Patrióticamente” que usé [en el mitin que dio aquel día cerca del Capitolio], ni estudia el motivo de la protesta, el Fraude Electoral ¡CACERÍA DE BRUJAS!”, escribió el expresidente (y, como de costumbre, las mayúsculas son suyas).
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.