La Comisión Europea ha advertido a España de que lo pagará caro si permite que Doñana se seque y no lo remedia, tal y como ordenó el Tribunal de Justicia de la UE el pasado junio. Bruselas ha avisado por carta al Gobierno de que si prospera la iniciativa que impulsan PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz para aumentar el regadío de los invernaderos de fresas cercanos a la reserva, afrontará multas millonarias, como ahora hace por la falta de depuración de las aguas fecales, que ya asciende a 63 millones.
La advertencia de la Comisión al Gobierno utiliza un tono contundente y nada sutil para apremiarle a que evite el daño al acuífero de Doñana: “Me veo en la obligación de advertirle que, a menos que se adopte y aplique efectivamente lo antes posible el conjunto de medidas necesarias para cumplir plenamente con la sentencia (…) la Comisión podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias”, reza la carta de la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink, al embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.
La presión sobre la iniciativa sube un grado más con la amenaza de las multas desde Bruselas, que se suma a la exigencia de la Unesco para cerrar las fincas ilegales que la derecha andaluza quiere regularizar y que suman 1.461 hectáreas nuevas de regadío a escasos kilómetros de la reserva. La proposición de ley que se debatirá en la Cámara andaluza la próxima semana ha tenido la respuesta en contra de los colectivos ecologistas, la oposición andaluza, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, la Unesco y la Comisión Europea, además de quebrar la tradicional unidad de los agricultores onubenses, que ven como cada vez hay menos agua y su economía está en riesgo.
“Resulta cuando menos desconcertante que el Reino de España esté contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, lo cual suscita cuestiones relativas al respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades españolas”, alerta Fink, que muestra su perplejidad ante la iniciativa parlamentaria andaluza y da un mes de plazo al Gobierno para contestarle.
La advertencia de Bruselas, fechada el pasado lunes, abunda sobre la eficacia de las medidas adoptadas para proteger los humedales, casi secos en Doñana pero también en otras zonas del país como Las Tablas de Daimiel: “Es necesario que España aborde las causas del deterioro de los hábitats naturales, en especial de aquellos cuya conservación depende de la disponibilidad de agua subterránea”.
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En la sentencia condenatoria del tribunal con sede en Luxemburgo, los jueces marcaban el camino a España para proteger el acuífero de Doñana, declarado sobreexplotado hace un año y medio. Y la senda emprendida ha sido la contraria, ya que mientras la cuenca del Guadalquivir entraba en sequía extrema el pasado noviembre, la Junta ha evitado acelerar el plan para proteger la reserva subterránea, y en cambio sus acciones se encaminan a extraer más agua para la agricultura intensiva mientras se secan los humedales. Sigue sin llover de manera continuada en el sur peninsular y las reservas de los embalses de la cuenca permanecen en un exiguo 28%.
La carta está dirigida al Gobierno y ahora el Ministerio de Transición Ecológica deberá mover ficha para exigir una respuesta a la Junta como Administración implicada —que se pronuncia el martes tras su Consejo de Gobierno— o intentar un diálogo sobre un tema espinoso que por ahora no existe más que en forma de crudo enfrentamiento a través de la prensa. Y el tiempo corre en su contra porque la iniciativa se ha registrado por la vía de urgencia y podría estar aprobada antes del verano.
Preguntado el Ministerio sobre la posibilidad de establecer un diálogo directo con la Junta para evitar la multa de la Comisión, fuentes de Transición Ecológica no aclaran si la posibilidad está sobre la mesa. La Junta podría regularizar las 1.460 hectáreas e incorporarlas al suelo agrícola regable, pero el Ministerio de Transición Ecológica es quien concede o no los derechos de agua a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De ahí que los agricultores legales se hayan enfrentado a los ilegales, que se incorporarían si la iniciativa prospera para exigir derechos de agua, mientras que las reservas descienden y sus cultivos disminuirán de manera forzosa. La economía de la comarca de los frutos rojos depende del agua, un recurso cada vez más valioso y escaso.
La sentencia del Tribunal de la UE culpaba a la agricultura intensiva de las fresas del alarmante deterioro de la biodiversidad en Doñana, pero también al núcleo turístico de Matalascañas, a escasos 500 metros de algunas lagunas del espacio natural. La Confederación Hidrográfica ha anunciado el traslado de dos de las cinco extracciones subterráneas para consumo humano, pero de momento es solo un plan pendiente de su culminación.
La derecha andaluza argumenta para justificar su ampliación del regadío en que los agricultores —ahora multados por regar con pozos ilegales— poseen unos “derechos históricos” adquiridos por el hecho de haber mantenido sus invernaderos durante décadas. Esos supuestos derechos históricos no tienen encaje legal y los diputados de PP, Cs y Vox argumentan que la propia Junta concedió ayudas económicas para reforzar estos invernaderos. Los alcaldes de la zona apoyan o están abiertos a estudiar la modificación del plan, salvo el Ayuntamiento de Almonte, que se ha opuesto a la iniciativa.
Tanto PP como Ciudadanos en Andalucía han rechazado pronunciarse este viernes a preguntas de este diario ante la advertencia de Bruselas sobre sus planes en año electoral en esta comunidad. El Parlamento de Andalucía ha denegado la petición del grupo de Unidas Podemos para celebrar el próximo lunes unas jornadas en una de las dependencias de la Cámara con organizaciones ecologistas en defensa de Doñana. Este grupo pidió por escrito autorización el pasado 26 de enero para utilizar el salón de usos múltiples, un permiso que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Ciudadanos), condicionó a que se informara del motivo de la reunión y de los invitados, lo que para la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, es un “despropósito”, informa Lourdes Lucio.
Según la versión de esta diputada, Bosquet le dio autorización verbal el pasado miércoles. Este viernes esperaban una comunicación por escrito para tramitar las acreditaciones de los invitados, pero el “veto” se ha mantenido. En una conversación telefónica, Bosquet ha argumentado a Nieto que ha habido un “acuerdo” de la Mesa a través del grupo de Whatsapp que comparten sus integrantes. “Es una barbaridad”, ha dicho la portavoz. Nieto, quien ha pedido al letrado mayor de la Cámara el documento acreditativo del acuerdo del órgano de gobierno del Parlamento esgrimido por su presidenta.
Mientras, la Comisión incidía en la gravedad de los planes del Parlamento andaluz: “Le ruego transmita a sus autoridades nuestra honda preocupación por las posibles repercusiones que, de prosperar su tramitación, dicha propuesta tendría para la correcta aplicación por el Reino de España tanto de la Directiva Marco del Agua como de la Directiva sobre los hábitats”, reza la misiva.
La organización ecologista WWF denunció ante la Comisión Europea los planes de PP y Ciudadanos junto a la ultraderecha para aumentar el regadío en los alrededores de Doñana. “Es una auténtica temeridad que el presidente andaluz Moreno Bonilla continúe con la actual proposición de ley para legalizar a los ilegales de Doñana y que podrían incluso cuestionar los fondos Next Generation para Andalucía”, ha denunciado WWF. Su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha zanjado: “La Comisión Europea está harta de engaños con Doñana y la propuesta de ley del PP supone una auténtica burla a las autoridades europeas”.
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