El espectáculo promete. Habrá testigos en directo, vídeos inéditos, grabaciones de entrevistas que incluyen a miembros de la familia de Donald Trump y una realización digna de un programa en horario de máxima audiencia. Porque de eso, precisamente, va el plan que ha preparado para este jueves por la noche la Comisión del Congreso que investiga lo sucedido el 6 de enero de 2021, durante el asalto al Capitolio.
Será a las 20.00 (hora de la Costa Este) cuando se emita —en prime time y por varias televisiones al mismo tiempo (aunque no en Fox News, cuya línea editorial relativiza la gravedad de aquellos hechos)― la primera de las sesiones en las que los nueve miembros de la comisión (siete demócratas y dos republicanos) compartirán las conclusiones de una investigación de casi 11 meses que ha incluido más de 1.000 entrevistas y la revisión de 125.000 documentos. Mientras tanto, Washington, esa ciudad donde la política también se consume como un espectáculo, ya ha puesto las palomitas en el horno.
Los presentadores de la gala serán el presidente de la comisión, Bennie G. Thompson (demócrata por el Estado de Misuri), y la vicepresidenta, Liz Cheney (republicana de Wyoming). Sobre la trama se sabe lo que sus miembros dieron a conocer la semana pasada en un comunicado: “La comisión aportará material nunca visto sobre el 6 de enero, escuchará los testimonios de los testigos y brindará al pueblo estadounidense un resumen de sus hallazgos sobre el esfuerzo coordinado de varios pasos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y evitar la transferencia de poder”.
Seguidores de Donald Trump (entre ellos, Jake Agneli, llamado ‘El chamán de Qanon’, en el centro), el 6 de enero en el interior del Capitolio.SAUL LOEB (AFP)
En cuestión está lo que pasó aquel día, en que el aún presidente Donald Trump convocó a sus seguidores a un mitin en Washington para que coincidiera con la sesión de ratificación del triunfo electoral de su contrincante, Joe Biden, triunfo que Trump sigue empeñado en negar sin pruebas. Después, arengó a la masa para que marchara sobre el Capitolio, que los manifestantes tomaron por la fuerza, al grito, entre otros, de “Colguemos a Mike Pence”, en referencia al vicepresidente de Trump, que era quien debía certificar el traspaso. Senadores y miembros de la Cámara de Representantes tuvieron que ser evacuados y pasaron varias horas escondidos de la turba en una de los centenares de estancias del laberíntico complejo del Capitolio. Cuando todo pasó, los legisladores retomaron el proceso democrático, un trámite hasta entonces pacífico.
Las conclusiones que salgan de la comisión tendrán efectos jurídicos limitados. Aunque sus nueve miembros pueden remitir casos para su enjuiciamiento, es el Departamento de Justicia el que finalmente decidirá si presenta cargos a partir de esa información. De momento, el organismo dirigido por Merrick Garland está metido de lleno en el proceso más grande de su historia: más de 800 personas de casi todos los 50 Estados están imputadas por aquellos sucesos. Las autoridades siguen arrestando implicados casi todas las semanas. Y entre la nómina de acusados destacan expolicías y militares, un nadador que ganó cinco medallas olímpicas y el hijo de un juez de Nueva York.
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Para asegurarse el éxito en prime time, la franja más exigente de la parrilla, la comisión cuenta con James Goldston, que fue presidente de ABC News desde 2014 hasta principios de 2021, y que ha estado trabajando como asesor del comité, mientras producía discretamente el formato televisivo que adoptará la audiencia del jueves. En el currículo de Goldston también consta haber dirigido programas tan populares como Good Morning America o Nightline.
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Por lo que han dejado deslizar algunos de sus miembros, se intuye que coincidirán en la tesis de que la obsesión de Trump con el supuesto robo de las elecciones y la difusión que hizo de afirmaciones falsas sobre los resultados (eso que se ha dado en llamar la Gran Mentira y que aún goza de robusta salud; más de dos tercios del electorado republicano la cree) sentaron las bases para la insurrección del 6 de enero.
Uno de los integrantes más activos del grupo de legisladores que están investigando los hechos, el congresista demócrata de Maryland Jamie Raskin, explicó en una entrevista en febrero con las conclusiones a las que en ese momento había llegado: “Hubo una manifestación masiva que se convirtió en un motín. La convocatoria amparó una insurrección violenta instigada por grupos extremistas: los Proud Boys, los Three Percenters, los First Amendment Praetorians y los Aryan Nations. Vinieron a Washington con el plan de asaltar el Capitolio y eso fue lo que hicieron. Aquello derivó en un golpe. Golpe es un término inusual en nuestro lenguaje político, porque no tenemos mucha experiencia internamente al respecto, y porque pensamos que normalmente es algo que se monta contra un presidente. Este caso era distinto: fue Trump quien urdió un golpe contra su vicepresidente Mike Pence —a quien exigió que no validara los votos del Colegio Electoral—, y también contra el Congreso. Cuando agotó todas las opciones no violentas, recurrió a la violencia”.
Raskin también ha hecho notar estos días la coincidencia de esta serie de audiencias sobre el 6 de enero (que podrían ser hasta ocho, durante el mes de junio, aunque el calendario definitivo no se conoce) con la celebración del 50º centenario del Watergate, el escándalo político que aún es la medida de todos los que vinieron después en Estados Unidos. Aquel proceso, que acabó en 1974 con la renuncia del presidente Richard Nixon, también recibió los honores de la máxima audiencia.
Policías del Capitolio apuntan a la puerta de la Cámara de Representantes ante el violento asalto del edificio.DREW ANGERER (AFP)
La representante Liz Cheney, una de los dos republicanos en el comité, ha afirmado durante el fin de semana en una entrevista a la NBC que el ataque formó parte de una conspiración “extremadamente bien organizada”. “Es realmente escalofriante”, dijo Cheney sobre el edificio de pruebas que ha podido levantar la comisión.
En paralelo a la investigación política, la justicia sigue su curso: el lunes anunció un nuevo cargo por sedición a Enrique Tarrio, presidente del grupo de extrema derecha Proud Boys, y a otros cuatro de sus miembros. Es la segunda acusación de este tipo en el proceso: la anterior recayó sobre 11 integrantes de otra organización de ultraderecha: la milicia de los Oath Keeper.
Además, el asesor de Trump en asuntos comerciales, Peter Navarro, fue imputado la semana pasada por dos delitos de desacato al negarse a comparecer ante el comité del 6 de enero. La Fiscalía desechó la petición de este de que hiciera lo mismo con otros dos antiguos asesores del expresidente: Mark Meadows, último jefe de Gabinete de Trump, y Dan Scavino.
Entre los momentos más esperados de la retransmisión se encuentran los extractos de las entrevistas grabadas con la hija de Trump, Ivanka, y con el yerno, Jared Kushner, que comparecieron a petición del comité entre finales de marzo y principios de abril. Ella testificó durante ocho horas. Él, durante seis. No tuvieron tanta suerte los miembros del comité con algunos prominentes políticos republicanos, que han despachado sus esfuerzos como “políticamente motivados”.
En vista de esas negativas, la comisión que investiga el ataque al Capitolio llamó el pasado 12 de mayo a testificar a cinco miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, entre ellos, a su líder, Kevin McCarthy (California), que había declinado hacerlo voluntariamente. La lista incluía, además, a Mo Brooks (Alabama), Andy Biggs (Arizona), Scott Perry (Pensilvania) y Jim Jordan (Ohio).
También hablarán Caroline Edwards, agente de la policía del Capitolio, que resultó herida, y Nick Quested, un cineasta candidato a un Oscar que estaba documentando el mitin esa mañana. Otro testimonio que ha generado expectación es el del exjuez Michael Luttig, asesor del vicepresidente Mike Pence, en las semanas previas al 6 de enero. Trump presionó a su segundo de a bordo para que, como presidente del Senado, anulara la ratificación del resultado de las presidenciales, una potestad que los expertos jurídicos en Estados Unidos dudan de que tuviera.
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