De “muy pocas” hace semanas a medio millar. La Conferencia Episcopal Española (CEE) cifra por primera vez el número de denuncias de pederastia que consta a la Iglesia: 506 en los últimos 80 años. El secretario general, Luis Argüello, ha desvelado el montante este viernes en una rueda de prensa en la sede de la CEE en Madrid. La cifra corresponde a la suma de denuncias que han recibido las diócesis y órdenes religiosas en las oficinas habilitadas para ello, hace en torno a dos años ante la presión mediática por la avalancha de casos. El dato aportado por la CEE es menor que el de la contabilidad de este periódico, que recoge 611 casos. “Queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida en la actividad educativa, catequética o misionera no se vean sometidos a una eterna sospecha. Que no se pueda decir, porque sería tremendamente injusto, que la Iglesia es un lugar inseguro para niños, adolescentes y jóvenes”, ha explicado Argüello.
Esta cifra recoge denuncias contra clérigos, clérigos consagrados (religiosos ordenados), consagrados (religiosos que no se han ordenado) y laicos, a diferencia del último dato que había hecho público la Iglesia. En 2021, la CEE reveló que a la Congregación de la Doctrina de la Fe (el órgano disciplinario del Vaticano) le había informado de 220 sacerdotes implicados en casos de pederastia en España en los últimos 20 años. Solo contaban sacerdotes, obviando al resto de miembros de la Iglesia. Argüello ha detallado que en el último año la Congregación ha recibido 14 denuncias más, lo que eleva el total de sacerdotes señalados a 234. La CEE explica que en las 506 denuncias desveladas ahora se incluyen “prácticamente todos” los casos de los que informa la Congregación, pero no lo puede asegurar con rotundidad porque puede haber denuncias que han llegado a Roma sin pasar por las diócesis y congregaciones.
El dato aportado por la CEE este viernes no ofrece un retrato exacto del problema por varios motivos. En primer lugar, la cifra, 506, alude al número de procesos de investigación en las oficinas de diócesis y congregaciones. No detalla el número de agresores ni el de víctimas. Fuentes de la CEE señalan que no pueden extraer estos dos datos de la contabilidad de la que disponen porque dichas oficinas no especifican nombres de agresores a la CEE y porque algunas de las denuncias son colectivas, de varias víctimas a la vez. La contabilidad de EL PAÍS recoge 1.246 víctimas de pederastia en la Iglesia.
La Conferencia Episcopal tampoco detalla cuándo se produjeron los abusos que le constan, aunque Argüello ha especificado que de las 506 denuncias, 300 se enmarcan en hechos de hace más de 30 años. Según los datos de EL PAÍS, la mayoría de los casos ocurrieron en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. La CEE tampoco explica a qué diócesis y órdenes religiosas corresponde cada denuncia o cuáles de ellas acumulan más casos. La contabilidad de este periódico indica que la gran mayoría de los abusos se producen en colegios religiosos. A pesar de no dar estos detalles, hay otros que la CEE sí aporta, como que en 103 denuncias el acusado ha fallecido.
Los datos de la CEE provienen del trabajo de las oficinas que diócesis y órdenes religiosas abrieron hace dos años por orden del Papa. Hasta entonces, estas iniciativas eran excepciones. Víctimas que han acudido a estos organismos han señalado reiteradamente que son “inoperantes” y en muchos casos “obstruccionistas”.
Argüello tampoco ha detallado cuántas denuncias de las 506 recibidas en las oficinas de atención a víctimas proceden del dosier con 251 casos inéditos que este periódico hizo llegar a la CEE a finales de 2021. Ninguno de estos casos se incorporan directamente a la contabilidad de la Iglesia, sino que la CEE los ha enviado a las diócesis y órdenes religiosas señaladas para que sus oficinas investiguen. “No es que demos por bueno o por malos los casos de los que informa EL PAÍS. Hemos hecho lo que hacemos con cualquier denuncia. En los casos a través de ese cauce se ha visto su verosimilitud para ponerse en contacto con el denunciante y, en función de ello, bastantes están incorporados, no sé si todos”, ha explicado Argüello en el encuentro con periodistas posterior a la celebración de la Comisión Permanente de la CEE.
Sea como sea, todos estos datos están muy lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos en la materia. En un país como Francia (67 millones de habitantes, 20 más que España), el informe de la comisión de investigación ha revelado que al menos 216.000 menores fueron agredidos sexualmente por religiosos desde 1950. “Queremos obtener un mapa real de la situación, poner a las víctimas en el centro y ofrecer un criterio de escucha, ayuda y reparación. Queremos dar un nuevo paso, un giro en el camino que se venía haciendo”, ha comentado Argüello, que ha apostillado: “Lo que puede ocurrir es que los casos sean los que son. ¿Por qué tienen que ser más?”.
Desde la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra, Marcos Leyún apunta que “por supuesto que hay más casos”. “Si se hiciera un estudio estadístico, como en Francia, saldrían más abusos a menores que allí pese a la diferencia de población. Este fue un país nacional católico”, añade Leyún, muy molesto con la revelación hecha por la Iglesia este viernes: “Es absolutamente absurdo. Hace poco decían que no había nada y ahora de repente sacan esto. Nuestras experiencias con la Iglesia siempre han sido decepcionantes”. “Imagínate”, continúa, “cuántos casos habrá para que ellos reconozcan 500 de golpe”. “Los únicos lobos que conocemos, además de los propios pederastas, son ellos, sus encubridores y cooperadores necesarios. Sin su estimable ayuda, las víctimas hubiesen podido recuperarse y rehacer su vida sin tanto dolor añadido a lo largo del tiempo”, critica en un comunicado la asociación de víctimas Infancia Robada. “Lo más grave”, continúa, “es que mientras algunas asociaciones nos hemos dejado la piel para acabar con esta lacra, algunos obispos han estimado procedente desplazar a esos depredadores a otro entorno rodeados en la mayoría de los casos de menores donde volver a campar a sus anchas. Las trampas saduceas tienen en el secretario de la Conferencia Episcopal de España a su portavoz oficial”.
Investigación pública
En busca de un retrato fidedigno de la pederastia clerical en España, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves con amplia mayoría solicitar al Defensor del Pueblo un informe sobre este problema. El texto aprobado especifica que el Defensor, el socialista Ángel Gabilondo, asignará la tarea a un equipo de expertos. Apenas se conocen detalles sobre esta comisión (ni su composición, ni el presupuesto con el que contará, ni en qué línea se desarrollarán los trabajos, ni cómo se escuchará y buscará a las víctimas…), más allá de que espera tener resultados antes de final de año.
El secretario general de la CEE ha animado a los poderes públicos a aportar esos detalles: “Todas las iniciativas que permitan desenmascarar y acabar con la lacra de los abusos en la sociedad y en la Iglesia cuentan con el apoyo de la Iglesia. Nuestra colaboración en estas iniciativas está fuera de toda duda dentro de la legalidad vigente, en la medida en que se nos diga. Falta que conozcamos la propuesta real que se haga”. Asimismo, Argüello ha indicado que están dispuestos a “colaborar” en la medida que les requieran. Sin embargo, ha matizado que “formar parte de la comisión que cree el Defensor, a priori, sin saber cuál es la propuesta, nuestra inclinación sería negativa”. Además, ha sugerido que la comunicación con esta comisión se articulará a través del despacho que han contratado para realizar una auditoría propia de los abusos, el bufete Cremades & Calvo Sotelo.
A la espera de la letra pequeña, Argüello ha cuestionado el poder del Defensor del Pueblo para requerir información a la Iglesia: “Hay que leerse lo que dice la ley del Defensor. La propia propuesta habla de que el Defensor audite, investigue, haga un informe, una ponencia sobre el trabajo de los poderes públicos. Y la Iglesia no es un poder público. Por eso hace falta ver cuál es el planteamiento, porque si no seguramente desborde lo que la ley del Defensor del Pueblo prevé para lo que el Defensor del Pueblo puede hacer”.
Justo ese aspecto, las competencias y poderes del Defensor del Pueblo, ha centrado la discusión entre los socios de Gobierno en el debate sobre este asunto. Unidas Podemos (UP) defendía que no iba a ser capaz de obligar a la Iglesia a colaborar, a diferencia de una investigación parlamentaria. Argüello ha opinado que la propuesta aprobada, impulsada por el PSOE y el PNV, “es más respetuosa con las víctimas” que la de UP. “Una de nuestras mayores preocupaciones, viendo cómo se ha gestado esta cuestión, es que todo pueda ser objeto de transacción entre partidos políticos, un juego más en la manera de consolidar la actual mayoría parlamentaria. La comisión parlamentaria al uso habría dado pie a una utilización partidista de un asunto de singular gravedad”, ha opinado Argüello.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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