Al otro lado de la valla de seis metros color óxido, unos quinientos migrantes que lograron cruzar el Río Bravo y se entregaron a las autoridades fronterizas aguardaban bajo un sol inmisericorde su suerte el martes por la mañana a la altura de la Puerta 42, uno de los puntos más calientes de la linde de 3.200 kilómetros que separa México y Estados Unidos. De este lado, un fornido guardia de la patrulla fronteriza que pidió no ser identificado, confirmó, apostado en el arcén de una de las autopistas que surcan el desierto y con el sonido de los helicópteros de fondo, que los cruces entre Ciudad Juárez y El Paso se han multiplicado en la última semana. Se calcula que el número de interceptados cada día ha subido de 6.000 a 8.000 personas, en previsión de lo que pasará a partir de las 23.59 del jueves, hora de la Costa Este, cuando expire la política migratoria fijada por el Título 42. Y eso que a dos días de su final, nadie, ni a uno ni al otro lado de la frontera, se aventura a predecir qué sucederá exactamente a partir del viernes.
Unos migrantes caminan junto a una alambrada en la frontera con El Paso. Nayeli Cruz
La medida la impuso Donald Trump de manera temporal en 2020 para detener la expansión de la pandemia. Desde marzo de 2020 hasta marzo de este año, se empleó en 2,6 millones de expulsiones a México en las que no medió la intervención de un juez. Decretado el final de la excepción sanitaria por parte de la Administración de Joe Biden, la norma, un precepto desempolvado de una ley de los años cuarenta para permitir las devoluciones en caliente, deja paso al viejo Título 8. En la práctica, traerá un endurecimiento de las reglas para acceder a Estados Unidos. Aquellos a los que se les deniegue la entrada serán deportados, pero con un añadido: la prohibición de regresar durante los siguientes tres, cinco u ocho años. Si les sorprenden volviendo a intentarlo, se exponen a penas de prisión en Estados Unidos. En el imperio del Título 42, los más obstinados podían acumular sin consecuencias decenas de intentos.
“El jueves no termina nada; queda inaugurada una era más dura de detenciones, deportaciones y encarcelamientos. Y lo más preocupante es que eso incluye a refugiados, personas que legítimamente tienen derecho al asilo”, explica en el centro de El Paso Fernando García, director ejecutivo de Red Fronteriza de los Derechos Humanos, ONG que lleva 25 años trabajando sobre el terreno.
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El retrato apocalíptico que pintan las voces del ala más dura del Partido Republicano da por hecho que la frontera quedará abierta el jueves de par en par, y que la invasión será inevitable. “La desinformación que, por motivos distintos, propagan los republicanos y los traficantes de personas está empujando a muchos a creer que ahora será más fácil que antes entrar. Me temo que miles de personas que esperan al otro lado se atreverán a probar suerte. Si uno se para a pensarlo, en el caso de los conservadores la paradoja de incentivar esos intentos es extraordinaria”, dice García.
Las autoridades calculan que a partir del viernes se superará la cifra de 10.000 detenciones diarias. Y los centros de procesamiento están ya al límite, con unos 25.000 migrantes en total bajo custodia. Este martes, durante una llamada entre Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios discutieron formas de “reducir de manera urgente el hacinamiento” en la región.
La Patrulla Fronteriza ha instalado nuevas alambradas para cerrar aún más los accesos. Nayeli Cruz
La Administración del presidente estadounidense lleva semanas preparándose para el estallido de la crisis y varios días tratando de aparentar que tienen la situación bajo control, con gestos como el anuncio del envío de 1.500 soldados, que se suman a los 2.500 que ya están destacados en la frontera más transitada del planeta. Los nuevos enviados no participarán en tareas de seguridad, exclusivas de la policía de fronteras; llegan para apoyar en cuestiones logísticas y administrativas.
Esos esfuerzos se enfocan en tres conceptos, según aclararon este martes dos funcionarios de la Casa Blanca desde Washington en una llamada con periodistas: “cumplimiento de la ley, disuasión y diplomacia”. “Hemos dotado de más recursos, hemos enviado más tropas, oficiales para la gestión de los migrantes, jueces y abogados para que ayuden a ampliar las vías legales para la inmigración”, explicaron.
La parte de la diplomacia pasa por la promesa de abrir centros de procesamiento en Guatemala y Colombia con la colaboración de aliados como España o Canadá, así como por la puesta en funcionamiento de una aplicación para móviles, CBP One. Con ella, pretenden que se cursen las solicitudes de asilo antes de llegar a la frontera. Los migrantes la critican porque, dicen, requiere de una capacitación para completar los pasos digna de una mezcla de abogado e informático con la que muchos de ellos no cuentan.
Pese a esos esfuerzos, la situación ha colocado a Biden, que prometió en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca que humanizaría la gestión migratoria, pero en la práctica ha continuado la senda marcada por Trump, en una delicada situación. El presidente se encuentra emparedado entre las críticas de quienes lo consideran demasiado blando en los asuntos de la frontera y las de quienes le echan en cara su excesiva dureza.
El rostro humano de esa pelea política aguarda en la Iglesia del Sagrado Corazón del centro de la ciudad de El Paso (1,45 millones de habitantes), zona cero de la crisis migratoria que se cierne regularmente sobre la ciudad. Ya se llenó de gente viviendo en las calles en mayo y diciembre pasados, cuando los jueces impidieron in extremis que el Gobierno pusiera fin al Título 42. Ante la perspectiva de que eso suceda, la manzana que rodea al templo, vallada para impedir a los migrantes abandonar esas cuatro calles, ha llegado a albergar hasta a dos mil personas, entre ellas, decenas de niños pequeños. Llegan de Ciudad Juárez a El Paso en busca de un futuro distinto, ojalá mejor, del que les esperaba en sus países de origen. Este martes por la mañana había unos mil, que al final del día no llegaban a unos centenares.
Un grupo de migrantes espera a un costado del muro fronterizo. Nayeli Cruz
Venezolanos y colombianos son las nacionalidades predominantes. Algunos llevan semanas, otros acaban de llegar. Acomodados como pueden pasar la noche al raso con mantas facilitadas por la Cruz Roja y buscar la esquiva sombra durante el día, ahora que las temperaturas ya rozan los 30 grados centígrados, comparten terribles historias de lo que tuvieron que hacer hasta llegar aquí. Son pavorosos relatos de travesías por la selva del Darién, uno de los pasos más peligrosos del mundo, donde los cadáveres de algunos compañeros de viaje quedaron atrás, violaciones y palizas, y extorsiones amenazas de muerte de las mafias en territorio mexicano.
El ambiente andaba revuelto en esa improvisada vecindad desde primera hora, después de que unos tipos sin uniformar repartiesen unas octavillas con las que trataban de persuadir a los que cruzaron “la frontera entre los puentes internacionales” (eufemismo para evitar decir “ilegalmente”) a que se presenten a la oficina de Patrulla Fronteriza (CBP son sus siglas en inglés) más cercana para su “procesamiento”.
La novedad se sumaba a los rumores, con base en un anuncio hecho el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional de la inminencia de una “operación localizada de cumplimiento de la ley”, tecnicismo que muchos tradujeron automáticamente por “redada”. Así que el venezolano Yirmin López, que acudió a reportarse a las autoridades, pensaba coger un autobús a Denver ese mismo día, por que no, no se fía, mientras Carlos Mario, colombiano que llegó a las calles de El Paso hace dos semanas después de un año de viaje, contaba que él entró por un “hueco” y citaba Crónica de una muerte anunciada, novela de Gabriel García Márquez, para decir que no piensa entregarse: “Estos me botan para mi país”, añadió. Entre los más afortunados estaban Joana Guerra y sus hijos, Brittany, de cinco años, y Zander, que el miércoles cumple tres. La familia sí se reportó a las autoridades y tienen permiso a viajar a Nueva York, al encuentro de unos familiares.
En vista de la confusión, García los congregó frente a la iglesia para explicarles la complicada situación, desaconsejarles (sin decirlo expresamente) la entrega y recordarles los derechos que les asisten. Prometió además que su ONG llevará a la zona abogados para que puedan consultarles las dudas.
Pese a esos consejos, la mayor parte de los migrantes del Sagrado Corazón acabaron presentándose en un centro de procesamiento cercano a uno de los pasos fronterizos. Una veintena de agentes se personaron después de comer para hacer una redada, más mental que física, que logró su propósito de convencer la mayoría de la conveniencia de entregarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). Lo hicieron confiados en que eso no desemboque en lo que más temen: que los devuelvan por donde vinieron.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez (población: 1,5 millones), se calcula que hay 35.000 migrantes listos para dar el paso. Muchos se encuentran en campamentos improvisados junto a los marcadores del muro, a pocos metros del Río Bravo, la frontera natural entre ambos países. Los migrantes esperan allí con la confianza en que las autoridades estadounidenses los recogerán para iniciar su procesamiento. La última vez que sucedió fue el 2 de mayo. Desde entonces, cientos de personas esperan con un número pintado en el antebrazo que indica el lugar que tienen en la fila por si esto vuelve a suceder.
La tragedia de Brownsville
El flujo entre Juárez y El Paso es uno de los más intensos de la frontera. Los cruces irregulares han aumentado un 134% en los primeros siete meses del año fiscal (de octubre a septiembre) en comparación con 2022. Aquí se han registrado más de 235.000 encuentros desde octubre pasado. No es el único: preocupan también, en el extremo occidental, Tijuana (con 15.000 personas), Yuma, en Arizona, donde cruza un millar de personas cada día, o Matamoros, que conecta con la parte más oriental de Texas, a la altura de Brownsville, donde el domingo un individuo, acusado de homicidio, atropelló con su camioneta a un grupo de inmigrantes que esperaban el autobús: mató a siete personas, aunque aún no están claras sus motivaciones, si las hubo.
Los albergues oficiales están cerca del colapso. Las autoridades locales en Ciudad Juárez afirman que a dos días del fin del Título 42 quedan 900 plazas libres en los refugios que se han acondicionado en la ciudad, que tienen capacidad para atender a unas tres mil personas. Los mensajes de auxilio han salido también de otras comunidades fronterizas mexicanas, que no tienen la infraestructura de las ciudades y que temen verse inundadas por las deportaciones que Estados Unidos hará en los próximos días.
Unos migrantes se aproximan a la frontera. Nayeli Cruz
Washington estima que más de 150.000 migrantes esperaban este fin de semana en refugios y en las calles de los estados del norte de México que limitan con Estados Unidos, informó la CNN. La cifra rebasa con holgura la que el Gobierno mexicano se ha comprometido con el Departamento de Estado de Biden a recibir: 30.000 personas. Solo en Chihuahua, el enorme estado donde se ecuentra Ciudad Juárez, hay unos 60.000. En Coahuila, hay 25.000 inmigrantes, y en Tamaulipas, en el Golfo de México, hay 35.000.
A todos ellos, el patrullero apostado del lado estadounidense a la altura de la Puerta 42 solo les pide una cosa: que recuerden que el desierto que los separa de un futuro mejor está a punto de convertirse en un infierno debido a las altas temperaturas, y que el canal que corre paralelo a la frontera esta a punto de recibir una gran cantidad de agua, lo que dificultará enormemente los cruces.
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