Rogelio Muñiz Toledo
“Vamos a mantenernos unidos para vigilar que lo que se ha alcanzado en esta Constitución … se cumpla, que no se traicione”: Bernardo Bátiz Vázquez*
El próximo 17 de septiembre se cumple un año de que entró en vigor la totalidad de la Constitución Política de la Ciudad de México -con excepción de algunas disposiciones en materia laboral burocrática y educativa- y en la víspera de este primer aniversario se ha ganado la primera gran batalla en su defensa jurídica.
La Suprema Corte ha resuelto todas las impugnaciones en su contra, en un altísimo porcentaje en sentido favorable a la constitucionalidad de su contenido, y en sus sentencias ha establecido que la Ciudad de México tiene la facultad de ampliar y reconocer derechos humanos -como también la tienen los estados- y ha declarado la constitucionalidad de su avanzada Carta de Derechos y de sus innovadores contenidos progresistas.
Lamentablemente estamos ante el inicio de una nueva batalla, ahora no solo jurídica sino política, en defensa de la Constitución. Esta será de mayor complejidad que la que ha concluido porque se trata de preservar y hacer valer los derechos reconocidos en ella y las garantías para su ejercicio y efectividad, ante a la tentación autoritaria de la administración de Claudia Sheinbaum y de la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, de suspender el ejercicio de derechos y de posponer su reglamentación e implementación y la de sus garantías y de aplazar la creación de los mecanismos e instituciones para su exigibilidad.
Durante casi dos décadas los gobiernos progresistas de la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Ángel Mancera, impulsaron la reforma constitucional necesaria para alcanzar lo que fue una legítima aspiración, de larga data, de sus habitantes: el reconocimiento constitucional de la autonomía de la Ciudad de México y del derecho de los capitalinos a ejercer plenamente su soberanía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
El proceso de reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México que concluyó exitosamente en enero de 2016 no estuvo exento de resistencias. A pesar de que en el Senado de la República la votaron en contra varios legisladores del PAN, todos los del PT y algunos del PRD (afines desde entonces a Morena) y de que todos los diputados federales de Morena también la rechazaron, la reforma se aprobó con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Terminaba la “larga marcha por la autonomía” de la Ciudad de México a la que se ha referido Alejandro Encinas.
La forma más palpable del ejercicio de la soberanía popular por parte de los habitantes de la Ciudad de México fue la posibilidad de darse su primera constitución política y, con ella, ampliar los niveles de reconocimiento, exigibilidad y la protección de sus derechos. Texto constitucional garantista e innovador, publicado el 5 de febrero de 2017, cuyos avances en materia de derechos, planeación y función social de la ciudad le han valido el reconocimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
A dos años y medio de su publicación, la Suprema Corte concluyó esta semana la revisión de su constitucionalidad al resolver la última de las siete impugnaciones promovidas en su contra en 2017. Constitucionalidad que había sido cuestionada fundamentalmente, y en su mayor parte infundadamente, por la Procuraduría General de la República y por la Consejería Jurídica de la Presidencia a través de dos medios de control constitucional en los que se demandaba la invalidez total de la Constitución o al menos de su Carta de Derechos y de partes fundamentales de su innovador modelo de ejercicio democrático del poder.
Acciones legales ejercidas legítima pero inexplicablemente por el Gobierno Federal, que decidió asumir el papel de opositor de la Constitución de la Ciudad de México bajo una racionalidad jurídica y política ininteligible a la luz de los acuerdos para su elaboración y aprobación en la Asamblea Constituyente, en los que prevaleció la visión progresista. Impugnaciones promovidas desde el sector más conservador del gobierno de Enrique Peña Nieto, con las que se evidenció su profundo desconocimiento de la realidad política y social de la Ciudad de México, su manifiesta oposición al cambio político y su anacrónica resistencia al reconocimiento del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a ejercer plenamente su soberanía, a la progresividad de los derechos humanos y al proyecto político y social progresista contenido en la Constitución de la Ciudad de México, cuya constitucionalidad ha sido avalada por la Suprema Corte.
Paradójicamente, cuando la Suprema Corte ha reconocido la constitucionalidad de la inmensa mayoría de su contenido -se invalidaron solo pequeñas porciones normativas, en algunos casos solo algunas palabras, de 15 de sus 71 artículos-, lo que significó la derrota jurídica de los opositores de la Constitución instalados en el antiguo régimen; han aparecido nuevos opositores a ella, ahora desde los sectores más conservadores y resistentes al cambio político en la administración de Claudia Sheinbaum y en la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Nuevos opositores que, como lo he documentado ampliamente en este espacio, buscan retrasar el cambio de régimen en la Ciudad de México e impedir sus institucionalización y posponer el ejercicio, la progresividad y la exigibilidad de los derechos humanos, mediante omisiones legislativas o administrativas, reformas de dudosa constitucionalidad a los artículos transitorios de la Constitución y de las leyes, supresión de programas de gobierno con los que se garantizaban derechos y la deficiente, regresiva e inconstitucional reglamentación de sus contenidos.
Haciendo caso omiso del exhorto del coordinador de los constituyentes de Morena, Bernardo Bátiz, a vigilar el cumplimiento de los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México y a no traicionarla, los nuevos opositores de la Constitución -instalados en la 4T, desde la que debieran impulsar el cambio de régimen- se han convertido en el mayor obstáculo para el cambio político en la Ciudad de México.
*Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
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