A menos de tres semanas del 29 de abril, cuando finalizará el trabajo de las comisiones que trabajan en una propuesta de nueva Constitución en Chile, el pleno del órgano constituyente tiene planificado votar el miércoles próximo las normas sobre sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral. Es un asunto considerado el corazón de una Carta Magna, una especie de sala de máquinas, que ha concentrado buena parte de las tensiones entre las diferentes izquierdas, porque la derecha tiene una representación minoritaria en todas las instancias. De acuerdo al gran acuerdo alcanzado a fines de marzo, como se le denominó oficialmente, la comisión propondrá a la totalidad de los convencionales un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, que implicaría la desaparición del Senado, una de las primeras instituciones de la República chilena, de comienzos del siglo XIX. Deberán alcanzar los dos tercios de respaldo, es decir, 103 votos, para que estas normas formen parte del borrador de la propuesta que Constitución, que será plebiscitado el 4 de septiembre con voto obligatorio.
Es un momento delicado para la convención. Diferentes encuestas de opinión han mostrado en la última semana la tendencia al alza de quienes rechazarán la propuesta en el plebiscito y la disminución de los que aprobarán. El sondeo de Feedback fue el primero que mostró que la opción de rechazar va por delante: 44% contra 41%. Es una disminución importante considerando que en el plebiscito de entrada, en octubre de 2020, casi un 80% estuvo por una nueva Constitución. El propio presidente Gabriel Boric ha mostrado su “preocupación” y llamó a los convencionales a “buscar la mayor transversalidad y amplitud posible”. Es un contrapunto a lo que el propio mandatario manifestó a comienzos de marzo, cuando dijo que cualquier resultado del texto será mejor que el que escribieron cuatro generales, en alusión a la Constitución actual.
Uno de los asuntos centrales tiene relación con un nuevo dibujo legislativo. El Poder Legislativo, como en la actualidad, tendrá dos cámaras. Pero, a diferencia de hoy, no serán dos cámaras espejo, sino que una política (el Congreso de Diputadas y Diputados, en alusión a su conformación paritaria) y una Cámara de las Regiones que representaría a los diferentes territorios en la discusión legislativa (que reemplazaría al Senado). Lo que se propone apunta a un sistema asimétrico, porque en la cámara política empezará y terminará la discusión legislativa, con evidente preeminencia sobre la cámara territorial, que solo revisará y no podrá cambiar sustancialmente lo decidido por los diputados. Solamente podrá pronunciarse sobre algunas materias específicas, a diferencia de la actualidad.
“El Senado –o la Cámara de las Regiones –, perdería bastante poder. Hoy en día, cada cámara tiene las mismas funciones, el proceso legislativo puede empezar por una u otra y, luego de aprobado un proyecto, se repite en la cámara siguiente. Si un proyecto entra por la Cámara de Diputados, por lo tanto, hoy el Senado siempre debe revisarlo. La propuesta, sin embargo, le quitaría a la Cámara Alta ese poder de revisión total y de modificar sustancialmente un proyecto de ley”, explica el constitucionalista Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado. “Con el nuevo modelo, la Cámara Alta tendría dos definiciones claras. Por un lado, será una cámara revisora y, por otro, de representación regional que hoy no tiene, pues es cámara política igual que la Cámara de Diputados. Lo que está pendiente es engrosar sus atribuciones para que cumpla también una función de contrapeso de poder”, asegura Jordán.
La desaparición del Senado chileno inquieta a sectores amplios de la centroizquierda. “Creo que [la eliminación del Senado] es un grave error”, señaló Ricardo Lagos, expresidente socialista (2006-2010), que clamó porque la convención corrija el rumbo y manifestó su preocupación por la decisión de declarar plurinacional al Estado chileno, entre otros asuntos, como el reemplazo del Poder Judicial por un Sistemas de Justicia. Para el exmandatario, “la división de poderes viene de Montesquieu, de hace 200 años (…). Discutir ahora si el Poder Judicial es poder o no es poder”, lo deja “incómodo”.
Para las mayorías que hoy conforman la convención –las izquierdas–, el Poder Legislativo no funciona correctamente, porque se observa un problema sistémico en su relación con el Poder Ejecutivo. Hoy en día, a un presidente le cuesta llevar a cabo su programa, porque habitualmente tiene minoría en al menos una cámara (como le ocurrió recientemente a Sebastián Piñera y al propio presidente actual, sin mayoría en ninguna). La relación, por lo tanto, permanece trabada. Sobre el Senado en específico, se ha fundamentado que paraliza los cambios políticos y, entre otros asuntos, se le atribuye bajo respaldo ciudadano, porque fue en esta cámara donde se radicaron los escándalos por financiamiento irregular de la política.
“Es cierto que una gran mayoría de la ciudadanía elegiría eliminar el Senado. También es cierto que esa gran mayoría también elegiría eliminar la Cámara de Diputados. Es inverosímil pretender botar el Senado apelando a la ciudadanía”, aseguraba hace algunos días el experto electoral Cristián Valdivieso.
Entre los senadores socialistas, que se han opuesto a la desaparición del Senado actual, algunos apuntan a que se trata de un asunto de cálculo político. Hoy en día, la centroizquierda es la fuerza predominante del oficialismo en esta cámara, con 18 escaños, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen apenas cinco. De aprobarse esta propuesta en el pleno el miércoles y si el 4 de septiembre la ciudadanía respalda la nueva Carta Fundamental en el plebiscito, cerca de la mitad de los senadores en ejercicio se quedarían sin cumplir la mitad de su período (2022-2030), porque los cambios se implementarían en 2026, según ha adelantado el ministro Giorgio Jackson. En cualquier caso, este asunto será determinado posteriormente en normas transitorias.
La votación en el pleno del miércoles será el segundo intento de la comisión que trabaja en este tema. El 18 de marzo, el acuerdo fue rechazado prácticamente por completo en el pleno que integran los 154 convencionales. Desde entonces, los 25 constituyentes tuvieron nuevamente que negociar para alcanzar una propuesta que convenza a los dos tercios de la convención y –salvo la derecha y convencionales los ligados a la extinta Concertación de centroizquierda–, desde los socialistas hacia a la izquierda consensuaron un texto. “El actual acuerdo representa una mejora importante con respecto al anterior. No obstante, el bicameralismo asimétrico está fallando en favor del Congreso de Diputadas y Diputados y deja un poco desvalida a la cámara de las regiones. Parece fundamental fortalecer sus atribuciones en esta etapa constitucional de Chile, donde se está produciendo la descentralización del poder hacia territorios diferentes a la capital”, explica Valeria Palanza, de la Red de Politólogas y profesora de la Universidad Católica de Chile.
En la propuesta que se votará el miércoles en el pleno se habla de organizaciones políticas, no de partidos ni de movimientos, los que deberán tener ciertas reglas de democracia interna y de paridad. Este punto, consensuado por la mayoría de la comisión encargada del tema, preocupa a sectores que observan una equivalencia entre partidos y movimientos políticos. De acuerdo al texto, estas organizaciones tendrán un umbral máximo de electividad del 3%. Es decir, para entrar al Congreso no podrán superar ese porcentaje, con el evidente riesgo de atomización. Para las izquierdas, en tanto, se trata de una fórmula para repartir el poder.
Aunque algunos sectores clamaban incluso por un parlamentarismo, finalmente el acuerdo que conocerá en unos días la convención propone un presidencialismo atenuado, sin la figura de vicepresidente o de un ministro de Gobierno, como era una de las posibilidades de las izquierdas. Pero el presidente perderá poder respecto de la actualidad, “porque hoy tiene una serie de facultades para comandar la política y para imponerse frente al Congreso en el evento que le sea hostil, como la iniciativa exclusiva en materias legislativas como el gasto, la creación de servicios públicos o los impuestos”, ejemplifica Jordán. De acuerdo a la politóloga Palanza, se trata de nueve áreas temáticas donde el Congreso no puede iniciar una legislación, lo que se suma a las mayorías calificadas necesarias para tramitar determinadas leyes. “El sistema presidencial chileno, tal como hoy existe, coloca tanto poder en manos de la presidencia –sobre todo en el proceso legislativo–, que los poderes no se están controlando unos a otros”, asegura Palanza.
Entre otros asuntos, la propuesta que se votará el miércoles en el pleno –que contaría con los 103 votos necesarios, por lo que pasaría al borrador–, baja la edad mínima para postularse a la presidencia de 35 a 30 años, establece el período presidencial en cuatro años con la posibilidad de reelección inmediata o posterior (a diferencia de la actualidad, porque en Chile no existe la opción de repostular) y el voto obligatorio en las elecciones populares desde los 18 años. Las personas entre 16 y 17, sin embargo, también podrían ejercer su derecho a sufragio.
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