Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, llegó arrastrando los pies en la mañana de este martes al tribunal militar de Ofer, un barracón anejo a la prisión israelí del mismo nombre en Cisjordania. “Estoy bien”, musitó de lejos en el pasillo enrejado por el que fue conducida ante el banquillo por dos agentes de seguridad, que impidieron que se acercara a los periodistas que cubrían la vista. La cooperante española, afincada en Palestina desde 1985 y detenida en su casa en la madrugada del 13 de abril por una veintena de soldados, está acusada por la fiscalía castrense de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino calificado como terrorista. Juana Ruiz iba esposada, con grilletes encadenados en los pies y no dispuso de intérprete de español, como obliga la ley israelí, durante los cerca de 30 minutos que duró su comparecencia. La juez militar aplazó de nuevo el juicio hasta el 1 de septiembre, después de que la defensa de la trabajadora humanitaria alegara en contra de los cargos y anunciara que va a reclamar su inmediata excarcelación.
Tras casi cuatro meses entre rejas, la cooperante sanitaria parecía muy cansada, con el pelo más largo del que muestra habitualmente en sus fotografías familiares. Aturdida por su primera comparecencia presencial ante la justicia militar (las anteriores fueron por vía telemática), observaba desde el banquillo el debate en jerga procesal en hebreo sin entender ni una palabra. La cárcel y el tribunal de Ofer se encuentran en una especie de fortín construido con las mismas torres y paredones de hormigón gris que forman el muro erigido por Israel en torno a Cisjordania hace casi dos décadas. Juana Ruiz, que trabajaba desde hace 28 años como coordinadora de proyectos internaciones en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, nunca había sido detenida ni interrogada hasta ahora. Como a todos los residentes en Cisjordania no israelíes se le ha aplicado la ley marcial que rige bajo la ocupación.
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Cuando su abogado defensor, el letrado israelí Avigdor Feldman, inquirió por qué no había un intérprete de español en la sala, la juez le preguntó a Ruiz qué idiomas hablaba. “Español y árabe”, contestó. Un soldado lo tradujo del árabe al hebreo, pero la acusada dijo que se veía más segura con el castellano para seguir la vista. “Me he intentado comunicar con ella en inglés, pero no es un idioma que domine”, precisó el letrado tras la vista. “Me ha pedido que haga todo lo posible para sacarla de la cárcel, eso ha quedado claro. Ahora han asegurado (los jueces militares) que van a facilitar un intérprete de español. Tiene que haberlo”, advirtió. El soldado que aparentemente ejercía como intérprete del hebreo al árabe apenas intervino en la vista.
Cuando concluyó la sesión con un nuevo emplazamiento a la cooperante para el 1 de septiembre, previsiblemente por vía telemática, el marido de Juana Ruiz, el palestino Elías Rismawi, se aproximó unos metros para hablar con ella. “Suerte. Sé fuerte. Todos estamos contigo”, le dijo mientras sus miradas se cruzaban, con las lágrimas a punto de brotar. Un agente de seguridad se interpuso entre ellos y un funcionario de prisiones obligó a la prensa a abandonar la sala.
El esposo explicó más tarde por qué la cooperante parecía tan cansada. “La sacaron el lunes a las 10 de la mañana de la cárcel de Damon, en Haifa (norte), y dieron vueltas (en un furgón del servicio penitenciario) hasta las 10 de la noche de prisión en prisión hasta que llegaron a HaSharon (penal situado al norte de Tel Aviv). Fue una tortura”. Así relató el periplo de su mujer, que había llegado a primera de la mañana al tribunal de Ofer. “Está tan cansada que no puede ni estar de pie. Mucho más que cuando la visité el día 4 en la prisión. Casi no ha dormido”, agregó Rismawi, quien aseguró que ambos se muestran confiados en una pronta excarcelación. “Se está haciendo muy duro para una mujer de su edad y su situación (con enfermedades crónicas)”, alegó el esposo de la cooperante española.
El letrado de Juana Ruiz es un veterano defensor de los derechos civiles en Israel. Avigdor Fieldman sostiene que las acusaciones contra su cliente carecen de base. “La investigación del servicio secreto (Shin Bet) presentada ante el tribunal es muy insatisfactoria: acusaciones generales, sin pruebas ni declaraciones de testigos”, argumentó tras la conclusión de la vista.
“Algunos de los hechos (que forman parte) de los cargos, se produjeron en España, donde este tribunal no tiene jurisdicción”, abundó Feldman en el resumen de sus alegaciones. “Negamos también que exista conexión entre nuestra cliente y el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP, grupo en cuya financiación ilegal se involucra a la ciudadana española). Esta organización fue declarada ilegal en 2020, pero la decisión se hizo efectiva en 2021, todas las acusaciones son anteriores”, apostilló. Extraterritorialidad e irretroactividad son factores determinantes en la nulidad de la causa, según la defensa. “Vamos a pedir que sea excarcelada; no vemos ninguna razón para que siga entre rejas. Buscaremos un lugar fuera de la prisión donde ella pueda permanecer (en arresto domiciliario) mientras termina el proceso”.
En el patio del tribunal militar de Ofer, donde decenas de palestinos guardaban turno para asistir a los juicios de sus familiares, el marido de Juana Ruiz trataba de mostrar esperanza. “Intento ser fuerte para poder ayudarla, pero las cosas no son fáciles”, confesaba. “Hay esperanza de que obtenga la detención domiciliaria. Vamos a intentar llevarla a un convento de religiosas en Jerusalén”, aseguró Rismawi. “Estamos dispuestos a firmar lo que sea (fianzas, garantías…) con tal de que salga de la cárcel”.
Cargos de financiación ilegal y fraude con fondos de cooperación
El Shin Bet y la fiscalía militar han acusado a la ciudadana española, junto a otros miembros de su ONG, de participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos”, desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina, grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos. “Ella no manejaba fondos. El dinero de la cooperación iba al banco, y nunca firmó un cheque”, ha asegurado su esposo. “Ella se ha dedicado a gestionar proyectos durante 28 años”.
El pasado jueves, el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, defendió que, “hasta la fecha, (la UE) no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación (de fondos) en Palestina”, informa la agencia Efe. “La UE está perfectamente al corriente del asunto de la ciudadana española”, aseguró el jefe de la diplomacia europea, en respuesta parlamentaria a una pregunta de la eurodiputada Soraya Rodríguez. “Proporcionar (a la ciudadana española) unas condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consular y asesoramiento jurídico”, agregó, “sigue revistiendo extrema importancia”.
El Consulado General de España en Jerusalén ha visitado y asistido a la cooperante desde que se conoció su detención. El canciller del Consulado, Carlos Bengoechea, asistió este martes a la vista celebrada en la prisión militar de Ofer. En su primer contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se interesó el mes pasado por la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a implicar personalmente en el caso de Juana Ruiz.