WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes que escuchará a partir de octubre un caso que podría terminar con la ley conocida como “Obamacare”, lo que pone una decisión sobre el futuro de la legislación de salud después de las elecciones presidenciales.
La anulación de una impopular multa para personas sin seguro médico en EEUU ha tenido poco impacto en las inscripciones y las primas del Affordable Care Act, una brecha entre la realidad y los argumentos legales de los conservadores que de nuevo están cuestionando esa legislación en las cortes.
La ley de 10 años ha resultado más resistente de lo que imaginaron sus creadores y sus detractores.
Los oponentes argumentan que la constitucionalidad de la ley de 900 páginas depende de la ahora anulada penalización por no tener seguro de gastos médicos.
Recolectada en forma de impuesto por el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), el objetivo de la penalización era implementar el “mandato individual” de la ley de que todos los estadounidenses tuviesen seguro médico.
El Congreso, dominado entonces por los republicanos, fijó la multa en cero dólares a partir del año pasado.
“Tenemos mucha evidencia ahora de cómo se ve el mercado sin una multa obligatoria, y en conjunto se ve muy estable, lo que es sorprendente porque no es lo que esperaba la mayoría de la gente cuando fue redactada la ley”, dijo Cynthia Cox, que dirige los estudios de la ley para la organización apartidista Kaiser Family Foundation.
El exvicepresidente dice que está en contra de todo demócrata que esté en contra de Obamacare.
Un estudio de Kaiser publicado esta semana concluye que la anulación de la multa elevó las primas alrededor de 5% para el 2019, pero al final no importó, debido a otros factores. Al parecer las aseguradoras siguieron consiguiendo buenas ganancias.
Cuando la ley estaba siendo redactada en 2009-2010 se pensó que la penalización era crucial. La idea era motivar a las personas saludables a inscribirse, para ayudar a mantener las primas bajas. Pero Cox dice que no hay indicios de que las personas saludables hayan dejado de registrarse en gran cantidad.
En una estadística reveladora, el estudio de Kaiser encontró que el promedio de días en hospitales por cada 1,000 personas registradas bajó ligeramente en el 2019, incluso tras la eliminación de la multa.
Las cifras gubernamentales preliminares de inscripciones para el 2020 apuntan a estabilidad, con unos 8 millones de personas registradas en los 38 estados a los que da servicio el portal federal HealthCare.gov. Se prevé que para la primavera se dé a conocer un conteo final que incluya a los estados que administran sus propias inscripciones.
El mandato de estar asegurado fue el asunto central cuando la Corte Suprema ratificó inicialmente la ley de salud en el 2012, un año antes de que el portal HealthCare.gov comenzase a operar.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el voto decisivo en el fallo por 5 a favor y 4 en contra. Él concluyó que el Congreso carecía de la autoridad constitucional para requerir que todos los estadounidenses tuviesen seguro médico, pero como el Congreso tiene amplia autoridad para establecer impuestos, Roberts falló que un impuesto a las personas que no comprasen la cobertura que les era ofrecida era constitucional. Eso le permitió a la ley sobrevivir a la que aún es considerada su mayor impugnación legal.
En 2018, una coalición de estados conservadores encabezada por Texas ganó un fallo en una corte federal de que el asunto de la obligatoriedad era aún crucial, en el sentido legal y constitucional.
El juez federal Reed O’Connor en Texas determinó que, al reducir a cero la penalización, el Congreso había hecho inconstitucional el mandato, y que sin éste la ley debía quedar anulada. El presidente Donald Trump estuvo de acuerdo.
Una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans concordó, pero envió el caso de nuevo a O’Connor para que determinase si otras partes de la ley podían mantenerse.
En defensa de la ley, una coalición de estados demócratas, junto con la Cámara de Representantes, apelaron a la Corte Suprema, buscando una decisión rápida en un año de elecciones.