WASHINGTON DC — La Corte Suprema está abordando una disputa sobre una política bloqueada del gobierno de Biden que daría prioridad a la deportación de personas ilegales en el país que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.
Los estados liderados por republicanos demandaron y ganaron una orden judicial nacional que pretende limitar la discreción de los oficiales de inmigración para decidir a quién deportar. Los jueces están escuchando argumentos en el caso el martes.
Es el último ejemplo de una estrategia de litigio republicana que ha logrado frenar las iniciativas del gobierno de Biden al acudir a cortes favorables al Partido Republicano.
En una disputa legal en curso separada, tres jueces elegidos por el presidente Donald Trump se encuentran entre los cuatro jueces designados por los republicanos que hasta ahora han impedido que el programa de cancelación de préstamos estudiantiles del gobierno entre en vigencia.
En el centro de la lucha legal de inmigración se encuentra una directiva de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo las deportaciones a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La guía, emitida después de que Joe Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la era de Trump que expulsaba a las personas del país de manera ilegal, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.
El gobierno de Biden dijo en una presentación escrita ante la corte superior que la “decisión de priorizar las amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza fue razonable y razonablemente explicada”, especialmente porque el Congreso no le ha dado al DHS suficiente dinero para aumentar enormemente el número de personas que retiene y deporta.
Texas y Louisiana, que demandaron por la directiva, respondieron que la guía del mandato viola la ley federal que exige la detención de personas que se encuentran ilegalmente en EEUU y que han sido condenadas por delitos graves.
Los estados dijeron que enfrentarían costos adicionales por tener que detener a personas que el gobierno federal podría permitir que permanezcan libres dentro de EEUU, a pesar de sus antecedentes penales.
Las cortes federales de apelaciones habían llegado a decisiones contradictorias sobre la orientación del DHS.
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La corte federal de apelaciones en Cincinnati anuló anteriormente la orden de un juez de distrito que suspendió la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda separada presentada por Texas y Louisiana, un juez federal de Texas ordenó que se suspendiera a nivel nacional la guía y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
En julio, la corte votó 5-4 para dejar congelada la política de inmigración en todo el país. La jueza conservadora Amy Coney Barrett se unió a los tres liberales de la corte al decir que habrían permitido que el mandato de Biden implementara la guía.
Al mismo tiempo, la corte dijo que escucharía los argumentos del caso a fines de noviembre.
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