WASHINGTON — Una Corte Suprema profundamente dividida permitió el jueves que una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos siga en vigor, despojando a muchas mujeres de su derecho a interrumpir el embarazo en el segundo estado más grande del país.
En una votación en la madrugada del jueves, el alto tribunal rechazó por 5 votos contra 4 una apelación de emergencia presentada por profesionales y otros para frenar la aplicación de la norma que entró en vigor el miércoles.
Pero los magistrados sugirieron que es posible que esta orden no sea la última palabra sobre la ley ya que pueden presentarse otros recursos.
EL PRESIDENTE DE LA CORTE SE SUMÓ A LOS TRES JUECES PROGRESISTAS EN SU CRÍTICA HACIA LA MAYORÍA
La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de la salud detecten actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.
Esta es la ley más estricta contra el derecho al aborto en Estados Unidos desde la histórica decisión del tribunal en el caso Roe vs Wade en 1973 y forma parte de un impulso más amplio de los republicanos para restringir la interrupción del embarazo en todo el país.
Al menos 12 estados más han introducido prohibiciones al respecto, pero todas han sido bloqueadas.
La decisión del alto tribunal sobre Texas se produjo poco después de la medianoche del miércoles. La mayoría dijo que quienes presentaron el caso no habían cumplido la enorme cantidad de requisitos necesarios para suspender la ley.
“Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes.
Un médico no puede realizar un aborto o inducirlo a sabiendas, si detectó un latido fetal o si no realizó una prueba para detectar el latido fetal del corazón.
En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones adecuadas procesalmente a la ley de Texas, incluyendo en las cortes estatales del estado de Texas”, dijo el tribunal en un fallo sin firmar.
El presidente de la corte, John Roberts, y los otros tres jueces progresistas del organismo, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, emitieron comunicados por separado para expresar su desacuerdo con la mayoría.
Roberts destacó que, aunque se rechazó la medida de emergencia, “el fallo de la Corte es enfático en dejar claro que no puede ser entendido como el sostenimiento de la constitucionalidad de la ley en cuestión”.
La ley HB 1280 no permitiría practicar el aborto con excepción de que sea médicamente necesario.
El resultado de la votación puso de manifiesto el impacto de la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg el año pasado y de la decisión del entonces presidente, Donald Trump, de sustituirla por la conservadora Amy Coney Barrett.
Si Ginsburg hubiese formado parte del tribunal, la suspensión de la ley habría recibido cinco votos.
Por su parte, Sotomayor calificó de “sorprendente” la decisión de sus colegas conservadores.
“Ante una solicitud de prohibición de una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, una mayoría de jueves ha optado por enterrar sus cabezas en la arena”, escribió.
Los legisladores de Texas redactaron la ley para evadir la revisión de la corte federal al permitir que sean los ciudadanos a título personal quienes presenten demandas civiles ante la corte estatal contra cualquier persona implicada en un aborto, que no sea el paciente.
En otras leyes contra el aborto son los funcionarios estatales y locales quienes velan por su cumplimiento, con posibles sanciones penales.
La Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda contra el estado de Texas para bloquear la ley SB8 que prohíbe practicarse un aborto después de las seis semanas de embarazo.
En el caso de Texas, una persona podría denunciar a quien practique un aborto o a cualquiera que lo facilite, por ejemplo, llevando a una mujer a una clínica para someterse al procedimiento. De acuerdo con la ley, cualquiera que demande con éxito a otra persona tendrá derecho a recibir al menos $10,000.
Después de que una corte de apelaciones estatal se negó a revisar el texto antes de su aplicación, los contrarios a la medida solicitaron la revisión de la Corte Suprema.
En un comunicado tras la decisión, Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a los profesionales señalados por la ley, prometió “seguir luchando contra esta prohibición hasta que se restablezca el acceso al aborto en Texas”.
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