WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a dejar en vigor el veto casi total al aborto en Texas, que no contiene excepciones para los casos de incesto o violación y que promete continuar vigente durante meses ante la negativa de las cortes de frenarlo.
Por tercera vez en los últimos seis meses, la Corte Suprema rechazó frenar la implementación de la polémica ley de Texas, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y que contradice el precedente marcado por el máximo tribunal en 1973.
Los seis jueces conservadores de la corte se mostraron unidos en su decisión de no actuar en el caso, mientras que los tres magistrados progresistas expresaron su desacuerdo.
“Este caso es un desastre para el Estado de derecho y supone un grave perjuicio para las mujeres en Texas”, escribió la jueza progresista Sonia Sotomayor, quien prometió que no se quedará “callada mientras un estado sigue anulando la garantía constitucional” que es el derecho a abortar.
La Corte Suprema ya permitió que continuara el veto de Texas justo después de que entrara en vigor en septiembre y volvió a hacerlo en diciembre, cuando devolvió el caso a la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país.
Este lunes pasado, un panel de ese tribunal decidió pedir a la Corte Suprema de Texas que interprete la constitucionalidad del veto, un proceso que promete llevar meses.
Para impedir que la polémica ley siga en vigor en Texas durante ese periodo, grupos que defienden el derecho a abortar enviaron una petición urgente a la Corte Suprema, con la esperanza de que anulara la decisión del tribunal de apelaciones.
El objetivo de esos grupos era que la Corte Suprema devolviera el caso a un tribunal federal inferior que ya bloqueó temporalmente el veto en octubre.
“La gente en Texas sigue obligada a abandonar el estado para conseguir cuidados de salud esenciales, si pueden, o a seguir embarazadas en contra de su voluntad. Esto es inhumano”, dijo en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar en caso de que crean que están infringiendo la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta $10,000 a cada demandante por juicio ganado.
La Corte Suprema tiene previsto decidir a mediados de este año si mantiene en pie el precedente legal marcado por ese mismo tribunal en 1973, conocido como Roe v. Wade, que garantizó el aborto legal en Estados Unidos hasta alrededor de las 24 semanas.
Si la Corte Suprema deroga Roe v. Wade, cada territorio de Estados Unidos sería libre de prohibir o permitir el aborto a su antojo, y se espera que, en ese caso, más de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetarlo.
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