En una plaza de Tel Aviv, un grupo de israelíes se manifiesta con pitidos y cánticos contra la reforma judicial que promueve el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Dos pancartas, habituales en las 11 semanas que dura la protesta, llaman la atención de una familia de turistas: “Sin democracia, no hay alta tecnología” y “Salvemos a nuestra nación start-up [nuevas empresas de base tecnológica]”. Son el grito de socorro del sector tecnológico, locomotora, junto con la industria de defensa, de la pujante economía nacional, ante la posibilidad de que el proyecto gubernamental (que afectaría a la división de poderes al otorgar al Ejecutivo un poder inédito frente al Tribunal Supremo) acabe generando una huida de capitales, limite la libertad de empresa y ensucie la imagen de Israel como democracia innovadora con seguridad jurídica y de nación start-up que promueve principalmente desde los años noventa. Ya hay indicios de deterioro económico y cada día suenan más voces de alarma.
No es casualidad que las dos pancartas estén escritas en inglés, en vez de en hebreo: el 90% del chorro económico que alimenta a las empresas tecnológicas emergentes es capital riesgo proveniente del extranjero. Y ya no sale ―como en los años ochenta― de los bolsillos de judíos de otros países que invertían en Israel casi como labor filantrópica, sino de todo tipo de inversores que apuestan con su capital a que alguna start-up israelí acabe convertida en unicornio, es decir, que su valor supere los 1.000 millones de dólares.
La moneda local, el séquel, que llevaba una década apreciándose al calor de la llegada masiva de capital extranjero, oscila este domingo en torno a 0,25 euros, su menor valor desde 2021, por el enconamiento de la crisis. Ya hace tres semanas cayó cerca del 6%, para escalar cuando el presidente Isaac Herzog anunció un acuerdo inminente sobre la reforma entre Gobierno y oposición, que nunca llegó. Y eso que los tipos de interés (cuyo incremento tiende a reforzar una divisa al convertirla en una inversión más jugosa) están ya en el 4,25%, los más altos desde 2008. En la línea de los países occidentales, el Banco Central los ha ido subiendo (ocho veces desde el inicio de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022) para tratar de contener la inflación, que en Israel supera el 5%. Hace casi un año estaban en el 0,1%.
El mes pasado, el índice de referencia de la Bolsa de Tel Aviv, el TA-125, cayó en torno a un 5%. “Estamos viendo retiradas diarias de entre 100 y 150 millones de shekels (entre 25 y 37 millones de euros) de fondos mutualistas y fondos cotizados en Bolsa que siguen acciones y bonos locales […]. Es preocupante, pero no se ve pánico en las pantallas”, indicó la pasada semana al diario The Times of Israel Yaniv Pagot, jefe de índices comerciales y derivados en la Bolsa de Tel Aviv.
A esto se suman las cartas abiertas. El pasado febrero, 56 economistas de universidades de Estados Unidos (entre ellos, 11 Premios Nobel) advirtieron a Netanyahu de que minar “un poder judicial fuerte e independiente es perjudicial no solo para la democracia, sino también para la prosperidad económica y el crecimiento”. La pasada semana, fue el turno de más de 250 inversores en Estados Unidos. Tras definirse como empresarios que “apoyan a Israel” y “tienen una profunda conexión” con el país, transmitieron al primer ministro su “profunda consternación” por la reforma judicial y sugirieron que podrían retirar fondos si acaba convertida en ley. El último toque de atención ha llegado del gobernador del Banco de Israel, que eligió justamente una cadena de televisión estadounidense para pasar el mensaje. En una entrevista con la cadena CNN, Amir Yaron calificó la reforma de “apresurada” y carente de consenso, y admitió que “podría debilitar” parte de la independencia de su institución y motivar una fuga de cerebros.
Pese a las señales de peligro, las agencias internacionales de calificación crediticia Moody´s y Fitch han mantenido este mes a Israel en la nota A1 (media-alta) y siguen previendo un horizonte económico positivo. Eso sí, con nubarrones, si la crisis se cronifica. Moody´s advirtió el pasado día 7 de una posible “presión a la baja en estas puntuaciones” si sale adelante la reforma, cuyos principales puntos ya han sido aprobados en la primera de tres lecturas en el Parlamento. “Seguimos creyendo que hay un amplio consenso político en la dirección de las políticas económicas y fiscales pese a la fragmentación del panorama político”, pero los buenos indicadores fiscales y de deuda de Israel podrían llegar a “no compensar el debilitamiento de las instituciones” que causen el contenido de la reforma y la forma en que se apruebe, analizaba. Fitch, por su parte, alertó del riesgo de que cale un “sentimiento inversor negativo”.
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Los trabajadores de la alta tecnología están plenamente implicados en la protesta, incluida una camiseta roja propia, y su capacidad de influencia es fundamental: aportan más de un 10% del empleo, en torno a un 15% del PIB y un 25% de la recaudación sobre la renta. Generan, además, la mitad de las exportaciones, que van desde la ciberseguridad hasta el ciberespionaje, pasando por la inteligencia artificial. Son productos y servicios como software, sistemas biométricos, sensores remotos o el famoso programa espía Pegasus. Israel creció un 6,4% el año pasado, aupado por estas exportaciones y las de defensa.
Retirada de fondos
Algunos empresarios implicados en las protestas ya han anunciado la retirada de fondos. Es el caso de la fintech Papaya Global o de Verbit, que tiene más de 1.000 empleados y 4.000 clientes, entre ellos Google o la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Su primer ejecutivo, Tom Livne, aseguró que, tras haber pagado estos años decenas de millones de séquels en impuestos, se irá de Israel con su start-up para forzar al Gobierno a sentarse a la mesa de negociaciones sobre la reforma. La respuesta que recibió en Twitter de Almog Cohen, diputado de un partido ultraderechista integrado en la coalición de Gobierno, Poder Judío, muestra las brechas sociales que yacen bajo el pulso: “Tom, tu voto en la urna vale exactamente lo mismo que el de Jacky de Netivot. Que tengas un buen vuelo”. Netivot es una localidad pobre y periférica creada para albergar judíos originarios del norte de África y Oriente Próximo, mientras que la alta tecnología está principalmente en manos de asquenazíes, con raíces en Europa y asociados a la élite.
Eido Gal, primer ejecutivo de Riskified, una tecnológica israelí que cotiza en Nueva York, comunicó a sus empleados por correo electrónico el pasado día 8 que depositará en bancos extranjeros los 500 millones de dólares en efectivo y activos líquidos que tiene en Israel. Y les ofrecía la oportunidad de mudarse y tomar los nuevos empleos que pretende crear en su centro de investigación y desarrollo en Portugal. Según el canal 12 de televisión, cinco unicornios israelíes han sacado de Israel bastantes de sus fondos.
“Hasta el momento el impacto no se nota en las figuras macroeconómicas. Es más bien un intento de usar su poder económico para detener el proceso”, asegura por teléfono Erez Maggor, sociólogo por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctorado por la de Nueva York especializado en la economía política de la innovación israelí.
Tanto empresarios como trabajadores del sector suelen pertenecer al Israel más liberal y secular que vertebra la protesta. De hecho, viven y hacen negocios por lo general en la franja mediterránea que va desde la ciudad de Tel Aviv hacia el norte, en la que se concentra la innovación y está registrando manifestaciones multitudinarias. Es el famoso Silicon Wadi, en un juego de palabras entre Silicon Valley y una palabra en árabe que todos conocen en Israel y significa “valle”.
Son además de los que más tienen que perder con la reforma: sus salarios duplican la media nacional (11.000 shekels, más de 2.800 euros) y su pan depende de la imagen de Israel en el exterior para hacer negocios. “Son los grandes beneficiados del crecimiento económico de Israel en las últimas décadas”, señala Maggor, que recuerda que el conflicto con los palestinos empeora la imagen internacional de Israel, pero no ha frenado la llegada de fondos, y que el dinero no solo busca democracias liberales, como muestra el ejemplo de China. “Su preocupación real tiene más que ver con que la reforma cambie los límites del poder del Estado respecto a la empresa privada”, añade.
La reforma llega en horas bajas para las empresas emergentes. La guerra de Ucrania y la consiguiente subida de tipos de interés han secado la financiación. El Centro de Investigación IVC, con sede en Tel Aviv y que hace seguimiento de los datos del sector, calculaba ya antes de las manifestaciones que en 2023 atraerán unos 6.000 millones de dólares en inversión, muy lejos de los 26.000 millones de los días de vino y rosas de 2021.
Dinero de ida y vuelta
La pasada semana, cuando el Silicon Valley Bank protagonizó la mayor caída de un banco desde la de Lehman Brothers en 2008, muchos miraron hacia la start-up nation. La entidad estaba especializada en financiar emergentes tecnológicas y, para muchas pequeñas y medianas en Israel, era su único o principal banco en Estados Unidos. Estas suelen tener una parte del dinero en shekels en su país para ir pagando salarios, pero el grueso (procedente de inversores y clientes) en dólares en Estados Unidos. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, montó un equipo para seguir el posible contagio, mientras que Netanyahu subrayaba que Israel tiene “una de las economías más seguras y estables del mundo”.
Aunque no hay cifras concretas, parece que la gran mayoría de clientes israelíes se apresuraron a sacar el dinero en cuanto empezaron los rumores de quiebra. Y esos fondos han vuelto al país en plena reforma judicial. Sus dos principales bancos, Leumi y Hapoalim, establecieron un mecanismo de crisis por el que pudieron transferirles a toda prisa los fondos que tenían en el Silicon Valley. LeumiTech, la rama de alta tecnología de Leumi, recibió en unos días 1.000 millones de dólares, según ha informado la entidad. Y Poalim Hi-Tech, su equivalente en Hapoalim, les concedió préstamos para poder pagar los salarios en los próximos meses a cambio de un compromiso de transferencia de depósitos.
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