La Línea de la Concepción ha dado el primer paso en firme para su independencia. El pleno municipal aprobó este jueves, por mayoría absoluta y sin votos en contra, solicitar al Gobierno la posibilidad de hacer una consulta popular para desgajarse de Cádiz y Andalucía como ciudad autónoma. Si desde Madrid les contestan con un previsible ‘no’, el Ayuntamiento ya ha anunciado incluso un recurso al Tribunal Supremo. Pero expertos consultados no tienen tan clara la legalidad de la propuesta y la califican como una “ocurrencia” de escaso recorrido legal. El paralelismo —y el consiguiente chascarrillo— con el procés catalán es tan evidente que el impulsor de la medida, el alcalde Juan Franco, se faja ante las críticas: “Nos sentimos gaditanos y andaluces, pero necesitamos un marco jurídico diferenciado por los graves problemas que tenemos y nuestra peculiaridad”.
“¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?”, esa es la pregunta que el Consistorio linense pretende lanzar a los 62.900 vecinos con derecho a voto, siempre que el Consejo de Ministros le autorice la consulta popular. Y justo en ese paso concentra sus fuerzas Franco, del partido local La Línea 100×100. Sus 21 concejales votaron el jueves por la tarde a favor de solicitar este permiso con la abstención de los tres ediles del PSOE y la ausencia en el pleno del único representante del PP que, previamente, mostró su desacuerdo en una nota de prensa. Aunque la postura de los socialistas no significó su apoyo a la idea que, por boca del portavoz Juan Chacón, dejaron claro no compartir la solución de la ciudad autónoma, solo la defensa a la “participación ciudadana” de la consulta.
Franco argumenta que existen motivos fundados para el reconocimiento, basados en “la peculiaridad” del municipio. Su ubicación fronteriza con Gibraltar, un territorio en disputa internacional con Reino Unido; los padecimientos que está sufriendo la ciudad por el Brexit; la situación socioeconómica —tiene la menor esperanza de vida de España, 79,7 años, la tasa de paro es superior al 30% y hay barrios donde el desempleo juvenil es superior al 70%— o la alta rotación del funcionariado que redunda en la calidad de los servicios son algunas de las causas que esgrime el alcalde, parte de ellas recogidas en un informe de la Universidad de Cádiz que no entra a analizar la procedencia de la ciudad autónoma. Algo que sí hace el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio de Cabo de la Vega. En un informe de 2019 encargado por el consistorio linense, el experto asegura que “no existe impedimento ni prohibición constitucional, estatutaria, legal” a la idea.
Pero el profesor y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías no lo tiene tan claro: “Que un territorio se declare ciudad autónoma es inconstitucional, no está previsto. Hay que diferenciar el problema de la fórmula jurídica, que no tiene encaje, del problema social que es el origen, que es indiscutible”. El profesor cree que el estatus que La Línea necesita para paliar sus problemas tiene encaje en otras fórmulas legales más sencillas: “Se puede conseguir beneficios fiscales o para el paso fronterizo, por ejemplo, en un municipio. En Oliveira [en Extremadura, junto a la frontera con Portugal], ocurre”. En una tesis similar se mueve Adolfo Hernández, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y redactor del Estatuto de Autonomía de Ceuta que califica la propuesta de “desmesura”. “Es una ocurrencia que llenará páginas [de prensa]. Habrá frustración al final”, avanza Hernández.
El paso de la consulta es el primero en firme que da el Ayuntamiento, pero la idea no es nueva. Surgió en noviembre de 2018 cuando Franco vio que lo único tangible que su ciudad recibía del plan estatal de 1.000 millones para luchar contra el narco era un juzgado más, ya materializado. En las elecciones municipales de 2019, el regidor reservó para el punto número 100 de su programa, la propuesta de la independencia y su consulta previa. Y arrasó en las urnas. Con el pleno de este lunes rescata una iniciativa de tan incierto final que, de materializarse, podría necesitar más tiempo de su actual mandato que llega hasta 2023. De entrada, la solicitud del Ayuntamiento relativa a la consulta popular podría tardar más de seis meses y tendrá que ser publicada incluso en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz para posibles alegaciones. Ante la probabilidad de que sea rechazada por el Gobierno, Franco incluso contempla ya el recurso al Tribunal Supremo. Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “todo lo que esté dentro del marco legal es posible y lo que no, no”. “Tendrán que analizarlo los ponentes”, ha asegurado este viernes en Algeciras a preguntas de los periodistas.
El largo y tortuoso camino tiene más hitos. Si la consulta —en caso de celebrarse— obtuviese el mayoritario sí de los linenses se convertiría ya en una petición formal que se formularía al Gobierno, el Congreso y el Senado. Posteriormente, sería necesario redactar una ley orgánica que invocase la aplicación del artículo 144 a) de la Constitución “por motivos de interés nacional”, según recoge la hoja de ruta del informe del catedrático Cabo de la Vega. Es justo el apartado que refiere la posibilidad de autorizar “la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia”. Sin embargo, Urías cree que el proceso morirá con la negativa a la consulta, dado que él no cree que sea un caso aplicable ahora: “Eso está previsto así para Ceuta y Melilla porque no se integran en ninguna comunidad autónoma. La Línea, como cualquier municipio, ya participó en la iniciativa autonómica. No está contemplado en la Constitución una unidad menor”.
Source link