”La CUP ha enviado a Mas a la papelera de la historia”. Corría el 10 de enero de 2016 y el diputado y abogado Benet Salellas sentenciaba así el desenlace de las agónicas negociaciones que comportaron que, en el último segundo, Artur Mas renunciara a la investidura como presidente de la Generalitat. Los anticapitalistas exhibieron ese triunfo sin la menor intención de gobernar. Votaron a su sucesor, Carles Puigdemont, y desde entonces ha llovido un mundo. Tanto, que ahora, cinco años después, la CUP vuelve a tener la llave de la investidura y su militancia se plantea por primera vez asumir tareas de responsabilidad en el Govern incluida la presidencia del Parlament.
Con nueve diputados y quinta fuerza en las elecciones del 14-F —por detrás de PSC y ERC, empatados a 33 y Junts per Catalunya, con 32—, los anticapitalistas están dispuestos a dar el paso siempre y cuando un futuro Ejecutivo de un vuelco de 180 grados e impulse un plan de choque social —el derecho a la vivienda—; transforme el modelo de los Mossos d’Esquadra y reemprenda la “iniciativa” en el camino de la autodeterminación. Esto es, un referéndum pactado o no con el Estado aunque en su programa electoral cayó la fecha de 2025. Sin apenas opciones Salvador Illa por falta de apoyos, el republicano Pere Aragonès es el mejor posicionado para ser investido. Si ERC pacta con Junts sumarán 65 votos y precisará solo de tres de la CUP para tener la mayoría absoluta (68). La primera antesala para conocer la foto final será el día 12, cuando se constituya la Cámara.
En el anterior mandato, la CUP se brindó a estar en la mesa pero nunca hasta ahora había dado una zancada para asumir responsabilidades en la política autonómica. Sus dirigentes sostienen que la situación es tan excepcional que les obliga a “plantar cara” tanto a la irrupción de Vox —11 diputados— como a las posibles intervenciones del Tribunal Constitucional (TC). Su objetivo es una estrategia que plantee la “confrontación democrática” para lograr sus objetivos. Los anticapitalistas aspiran a que el Parlament no se arredre ante el TC y que se pueda hablar en el Pleno de la monarquía, la autodeterminación” o con la suspensión de leyes sociales. La última fue la que regula el precio del alquiler. “El Parlament tiene que aguantar y defender su actuación. Y el Govern hacer de escudo social”, dijo tras el Consejo Político el diputado Carles Riera aceptando que eso acarree “con secuencias represivas”.
Sus prioridades son la política social, la autodeterminación y reformar los Mossos
El 14-F ha vuelto a poner en el centro de la política catalana a la CUP, la misma que forzó la salida de Mas y exigió el referéndum del 1 de octubre a cambio de apoyar los presupuestos. El procés, como a cualquier otro partido, también le ha sacudido y las elecciones de 2017 le sumieron en su particular travesía del desierto: pasó de 10 a 4 diputados. A diferencia de los líderes de Junts o ERC ninguno de sus dirigentes acabó en prisión y solo la diputada Anna Gabriel huyó a Suiza, donde vive. Partidarios en 2018 de investir a Puigdemont, cuando ya estaba en Bruselas, los cupaires votaron en contra de la investidura de Jordi Turull, justo a las puertas de entrar en prisión, y se abstuvieron en la de Quim Torra. Muy críticos con su Govern, le acusaron de gesticular y ejercer políticas autonomistas.
El cambio del papel que ejerce ahora se fraguó en una asamblea en 2019 en Girona donde aprobaron una nueva estrategia para acabar con la política de bloqueo y gobernar siempre y cuando se acepten sus condiciones. Tras su desplome en las municipales, se estrenaron en unas generales logrando dos diputados. Con los sondeos al alza, pactaron con Guanyem para situar a Dolors Sabater, exalcaldesa de Badalona, cabeza de lista. Dispuesta a influir en la gobernabilidad, el Consejo Político de la CUP la corrigió avisando de los condicionantes. Sabater lo redujo a un malentendido ya resuelto.
Carles Riera dice que el Parlament no debe arredrarse ante el Constitucional
Nacido como movimiento municipalista, asambleario y coral, la CUP la conforman 11 entidades y no todas quieren apoyar al Govern. Dos de sus principales almas están divididas: Endavant está en contra —”No seremos una muleta”— y Poble Lliure quiere contribuir. “Ya empezamos”, deslizó Lluis Llach, que apoyó a la CUP en campaña cuando conoció la postura de Endavant. En donde no hay fractura es en reivindicar la transformación de los Mossos, un tema capital por las peticiones de prisión de la Generalitat a manifestantes independentistas. La CUP atribuye a ERC un compromiso para aplicar una moratoria en las balas de foam >—una joven perdió un ojo en una protesta de apoyo al rapero Hasél— y a que los mossos no actúen en desahucios. “Esta legislatura será un fracaso sino es la del fin de la represión de la Generalitat”, dijo Riera. “Hay que frenar dos hemorragias: la de la vulneración del derecho de vivienda y de protesta”, dijo la diputada Eulàlia Reguant.
No vale en la CUP hacer conjeturas sobre sus decisiones desde que la asamblea sobre el veto o no a Mas acabó en un estrambótico empate a 1.515 votos
No vale en la CUP hacer conjeturas sobre sus decisiones finales desde que la asamblea sobre el veto o no a Mas acabó en un estrambótico empate a 1.515 votos. Xavier Pellicer, diputado, dijo que para llegar a la etapa actual debían pasar antes por aquella en la que enviaron a Mas a la “papelera” de la historia. “Ahora lo ha hecho el electorado”, dijo en la SER en alusión a que el PDeCAT tuvo cero escaños. “No nos equivocamos tanto”.
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