Andrés Manuel López Obrador mantiene el pulso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa. En su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente ha insistido en que el alto tribunal mexicano no puede modificar la Constitución, en referencia al artículo 19 donde está recogida esta figura legal. “Si cambian el artículo, están extralimitándose, porque eso corresponde al Legislativo”, ha dicho el mandatario, que considera que la SCJN está “interfiriendo en la esfera de otro poder”.
El máximo tribunal mexicano está discutiendo esta semana dos proyectos que piden eliminar la prisión preventiva oficiosa. Las propuestas consideran que esta medida cautelar viola los derechos humanos, en concreto a la libertad personal y a la presunción de inocencia. El lunes comenzó la discusión sobre la propuesta del ministro Luis María Aguilar, que busca inaplicar el artículo 19 de la Constitución. Ayer solo dio tiempo a que cuatro ministros —de los 11 que componen el pleno— anunciaran cuál iba a ser su voto y bajo qué argumentos. Tres de ellos, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán van a rechazar la propuesta al considerar que la Suprema Corte no tiene competencia para modificar la Constitución. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá anunció su apoyo al proyecto. Este martes continúa la sesión con los otros seis ministros que faltan por anunciar su postura y con la votación final.
Ante una pregunta en la mañanera, López Obrador ha negado haber influido en el voto de los ministros, algunos de ellos nombrados durante su Gobierno, pero ha reconocido que desde el Ejecutivo sí se ha ejercido presión: “Porque tocamos el tema. ¿Cómo no vamos a tocar el asunto si es delicadísimo?”. Desde que se conoció que la SCJN iba a decidir sobre si eliminar o no esta polémica figura legal, el Gobierno fijó una posición muy clara a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en aras de la seguridad del país. Hoy el mandatario ha vuelto a insistir en la idea de que este mecanismo defiende a los jueces y a la sociedad. “Imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene en prisión: se borra al Ministerio Público, ¿y el derecho de las víctimas? ¿A quiénes se libera? ¿A los que tienen dinero? ¿A los que tienen influencias? Es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo”, ha dicho el presidente.
En estas últimas semanas, los expertos han tratado de explicar que la desaparición de la prisión preventiva oficiosa no significa la excarcelación automática de miles de personas, ni tampoco que no se pueda mantener a algunos acusados en prisión mientras dura su proceso judicial. En primer lugar, en México existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada, que la dicta un juez cuando ve un riesgo de que el acusado se fugue o haga daño a la víctima; y la oficiosa, que es la que se está discutiendo. Esta última ha sido muy criticada por los altos organismos internacionales, como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un encarcelamiento por adelantado.
La prisión preventiva oficiosa se aplica en un catálogo de 16 delitos, que fue ampliado por el propio Gobierno de López Obrador en 2019 para incluir los delitos financieros y otros como el huachicoleo. Los acusados de alguno de estos cargos deben automáticamente pasar su proceso judicial en la cárcel, aunque no tengan riesgo de fuga ni de dañar a la víctima ni de entorpecer el proceso judicial. Además, la Constitución marca que solo pueden estar dos años en prisión preventiva, pero en la realidad, debido a la saturación de los juzgados y a la lentitud de la justicia, el proceso puede alargarse durante años.
Suscríbase aquí a la newsletter y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Source link