“La consulta que organiza la Secretaría de Gobernación, en medio del asesinato de un activista, del clima de violencia desatada y del rechazo de los afectados, representa un acto autoritario, carente de legitimidad pública”, escribe Leticia Merino.
Por Leticia Merino
El conflicto en torno a la apertura de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, ha escalado niveles sumamente preocupantes. Un conflicto apenas conocido por la opinión pública, ocupada en temas de seguridad y robo de combustible, también fundamentales para el futuro del país, pero no los únicos. Lo sucedido y lo que puede suceder en torno a la termoeléctrica de Huexca es también prioridad, en tanto puede definir la naturaleza de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, particularmente entre aquellos que defienden sus territorios y formas de vida frente al avance de los llamados megaproyectos. Destaca hoy el movimiento del Frente en defensa de las tierras y aguas de los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, resistencia que arranca en 2011 y que a lo largo de los años, ha sido víctima de agresiones repetidas que culminaron con el asesinato de Samir Flores el 18 de febrero.
El Proyecto Integral de Morelos (PIM), del que la termoeléctrica de Huexca es parte, incluye dos termoeléctricas, un gasoducto en las faldas del Popocatépetl y un acueducto que transportará 500 millones de agua al día a las plantas termoeléctricas. A las preocupaciones y reclamos de los pobladores ante la pérdida de sus modos de vida y los riesgos de desastres asociados al PIM, el ejecutivo responde convocando a la participación del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, institución en la cual la actual titular de la CONAGUA participó hasta hace poco como secretaria y directora de la División de Ciencias del Agua.
Sin embargo, la participación de la UNESCO no resuelve los impactos de la termoeléctrica sobre la pérdida de la capacidad del agua de retener oxígeno disuelto luego de las altas temperaturas a que será sometida, que regresará como “agua muerta” al río Cuautla y que afectará la actividad agrícola de 34 mil familias en 10. Tampoco resolverá la contaminación del aire, resultado de la combustión con gas metano, y la contaminación auditiva que sufrirán los habitantes de Huexca que viven a 600 metros de la planta. UNESCO no podrá conjurar el riesgo de un desastre de fuertes proporciones, resultado de la operación del gasoducto en la cercanía de uno de los volcanes de mayor actividad en el mundo. La participación de la UNESCO tampoco atenderá la división de las comunidades afectadas, que por años han propiciado las empresas concesionarias de la construcción; ni el clima de intimidación y violencia que allí se vive, ni la violación del derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es signatario.
Estos temas sólo pueden resolverse con la apertura del presidente de México y con su respeto a los pueblos directamente afectados por el PIM.
Desgraciadamente hasta ahora el presidente se ha limitado a descalificar las preocupaciones y argumentos de esos pueblos. Su apuesta por un desarrollo nacionalista basado en esquemas sumamente tradicionales le lleva a ignorar las implicaciones de proyectos ajenos a consideraciones de sustentabilidad y equidad, incluso a los derechos locales.
El PIM busca incrementar la industrialización y población en las regiones vecinas a la Ciudad de México, cuando no es claro que el país requiera de mayor industrialización en esa área; apuesta a incrementar la dependencia del país de energía fósil: la planta se abastecerá en 70% de gas natural, del que 65% se importará desde las áreas de extracción por fractura hidráulica (fracking) en los Estados Unidos.
Las opciones ecológica y socialmente sustentables han quedado fuera del campo de posibilidad: los pobladores de la región y los académicos que han estudiado el tema desde diversas instituciones de la región, tanto en el estado de Morelos, como en el Puebla, proponen la opción de la energía solar como alternativa al PIM, teniendo en cuenta el enorme potencial de México para esta producción, y la importante reducción de los costos de la energía a partir de esta tecnología. Los costos de la producción con energía solar, de la misma cantidad energía que generará la termoeléctrica resultan ocho veces menores, y sus impactos en todos sentidos también se reducen sensiblemente.
Como parte de un proyecto también nacionalista pero distinto al desarrollismo neoliberal y autoritario, proponen la creación de una fábrica de paneles fotovoltaicos (que no existe en México) y el impulso de una región de paisajes bio-culturales, como existen en distintos países de Europa. Esta posibilidad, además de impulsar un desarrollo económico equitativo y tecnológico alternativo, amigable con el ambiente, permitiría proveer a los centros urbanos de alimentos orgánicos, manteniendo tradiciones campesinas milenarias que a pesar de las brutales experiencias de los últimos cinco siglos, mantienen una agrobiodiversidad y biodiversidad que se cuentan entre las mayores de la tierra.
En este contexto, la consulta que organiza la Secretaría de Gobernación, en medio del asesinato de un activista, del clima de violencia desatada y del rechazo de los afectados, representa un acto autoritario, carente de legitimidad pública. No es por esta actuación que la mayoría de los mexicanos votamos el 1 de julio. Como en el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, el Presidente del país tiene la facultad de apostar por el pueblo.