Almacenamiento subterráneo de CO₂, biocombustibles o fabricación de cemento. Estas son algunas de las decenas de actividades aprobadas ya por la Unión Europea como sostenibles cuando cumplen una serie de requisitos, junto a otras como la energía eólica, la fotovoltaica o la gestión forestal. Sin embargo, ninguna ha generado tanto debate como la reciente propuesta de la Comisión Europea para añadir a esta lista de inversiones verdes, bajo determinadas condiciones, la energía nuclear o el gas. La tormenta desatada deja claro que ahora mismo no hay consenso en Europa sobre el impacto de estas dos fuentes de energía, pero también pone a prueba la credibilidad de este nuevo sistema europeo para impulsar las inversiones sostenibles. El propio responsable de la Plataforma de Finanzas Sostenibles —el grupo de expertos creado para asesorar sobre la taxonomía a la Comisión—, Nathan Fabian, que debe pronunciarse el 12 de enero sobre la inclusión de la nuclear y el gas, ha afirmado al diario Financial Times que ve riesgos en la propuesta.
La llamada taxonomía verde o clasificación de las actividades consideradas sostenibles es una herramienta de la UE para orientar las inversiones del sector privado hacia una economía acorde con los objetivos de lucha contra el cambio climático y otros cuatro retos ambientales (agua, economía circular, prevención de la contaminación y biodiversidad). Como asegura Garbiñe Manterola, experta también de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, en representación del consorcio tecnológico vasco BRTA (Basque Research and Technology Alliance), “si se utiliza bien, este es un sistema muy potente para conseguir una Europa más sostenible”.
Cuando un banco lanza un producto financiero con la etiqueta de verde –por ejemplo, unos bonos o un plan de pensiones–, se supone que el dinero captado servirá para financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que existe mucho greenwashing (lavado de imagen verde) con todo lo relacionado con el concepto de “sostenible”, justo lo que Bruselas quiere cercenar. Por ello, una primera finalidad de la taxonomía verde europea es proporcionar una guía clara y transparente de lo que es y no es sostenible —una clasificación de actividades concretas con las condiciones que deben cumplirse— para aquellas empresas y entidades financieras que quieran utilizarla de forma voluntaria.
Esto ya supone un cambio relevante, pero el alcance de la taxonomía va más allá. “No todo es voluntario, las grandes empresas están obligadas a comunicar qué porcentaje de su facturación está alineada con esta taxonomía verde”, incide Manterola. “Si una compañía declara que un 5% de su facturación está vinculada a estas actividades sostenibles, esto significa que el restante 95% no lo está, no es sostenible”.
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La idea es ayudar a las empresas a financiar su propia transición, de cara a lograr la neutralidad climática en 2050. Por un lado, las compañías deben comunicar qué porcentaje cumple con la taxonomía europea de su cifra de negocios y de su capex (las inversiones a futuro). Y, por otro, las entidades financieras tienen a su vez que informar de su porcentaje de préstamos en actividades sostenibles. No se obliga a nadie a cambiar, pero se busca empujar la financiación en una dirección muy determinada, con pautas muy marcadas.
En diciembre, la Unión Europea ya aprobó una primera lista de actividades sostenibles, que se espera vaya evolucionando hacia parámetros cada vez más estrictos. Sin embargo, la caja de los truenos se ha abierto ahora con la propuesta de la Comisión para añadir la energía nuclear y el gas. Con condiciones: en el caso de una nueva central nuclear, por ejemplo, se exige entre otras medidas que el país miembro cuente con un plan para disponer en 2050 de un almacén definitivo para los residuos de alta actividad y que el proyecto utilice la mejor tecnología disponible, con combustible tolerante a accidentes —que debe proporcionar una protección adicional frente a daños de los sistemas o componentes del reactor nuclear—. Para las plantas de gas, se pide que hasta 2031, las emisiones directas sean como máximo de 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora (la media en España está en 370 gramos) o que en el conjunto de la vida completa de la instalación las emisiones sean inferiores a 100 gramos de CO₂ por kilovatio hora, lo que significa que según vayan pasando los años deben incorporarse mejoras o cambiar a combustibles menos contaminantes.
En lo respecta a la nuclear, es cierto que puede contribuir a reducir las emisiones que causan el cambio climático, pero las mayores discrepancias surgen con la gestión a largo plazo de sus residuos radiactivos de alta actividad. En cuanto al gas, genera rechazo por tratarse de uno de los combustibles fósiles que justamente se quieren dejar atrás. En uno y otro caso, son tecnologías ahora mismo ausentes de las carteras de inversión y de los créditos con etiqueta verde.
En el mundo financiero, todas las fuentes consultadas coinciden en que la inversión en renovables —que desde hace años compiten de tú a tú sin necesidad de apoyo público— no está en riesgo sea cual sea el resultado del debate europeo. Pero en el ambiente también flota el temor de que, si finalmente Ursula von der Leyen —que ha asumido en primera persona la batuta de la taxonomía— saca adelante su propuesta, los requisitos de sostenibilidad de muchos bancos y fondos de inversión y pensiones a la hora de invertir o prestar acaben siendo incluso más estrictos que la normativa comunitaria. Que la cacareada etiqueta verde, en fin, pierda gran parte de su valor a ojos de inversores, accionistas o partícipes de fondos. “Se está dejando abierta la posibilidad de que inversores privados llamen verde a cosas que no lo son”, sintetiza por teléfono Peter Sweatman, consejero delegado de la consultora Climate Stretegy & Partners. “Algunos inversores están preparados para ir incluso por delante de la regulación”, agrega Antoine Fabre, de la gestora francesa de fondos La Financière de l’Echiquier.
En España, los bancos reconocen la enorme incertidumbre que este proceso tiene para sus intereses. El Santander —cuya presidenta, Ana Botín, reclamó en noviembre pasado a los gobiernos marcos regulatorios e incentivos y desincentivos “claros y coherentes”— pide paciencia, pero admite que de imponerse las tesis del Ejecutivo comunitario podrían llegar a variar su línea a seguir. “Las discusiones sobre la taxonomía todavía llevarán meses”, advierten al tiempo que dejan entrever que “revisarán” su “marco de actuación” si la guía europea sale adelante como propone Bruselas. Hoy, la primera entidad española no incluye ni a la nuclear ni al gas en su propia taxonomía interna, elaborada con criterios ambientales y sociales. Esto, apostillan, “no quiere decir que no estemos financiando este tipo de activos, porque son importantes para la transición mientras se avanza en el desarrollo de las renovables, almacenaje y distribución”.
Desde el segundo banco, el BBVA, que ha hecho bandera de su apoyo a las energías limpias, indican que para definir qué inversión se considera sostenible “el banco ha dispuesto un estándar interno que está alineado con la taxonomía europea, que se irá adaptando a sus nuevos desarrollos”. CaixaBank prefiere no hacer comentarios hasta que se concreten los nuevos criterios europeos en esta materia. Y la patronal bancaria AEB recuerda que “son las autoridades las que marcan la hoja de ruta a seguir y deben tener criterios claros para alcanzar los objetivos”. De nuevo, el fantasma de la incertidumbre.
El BBVA recuerda que la energía nuclear y el gas, en determinadas circunstancias, pueden ser “necesarias para abastecer la demanda de energía en el corto plazo hasta que no se pueda satisfacer la demanda con energías renovables”. Esa es también la línea argumental seguida por el Gobierno español, que ve con buenos ojos la inclusión de ambas tecnologías en una categoría “ámbar, intermedia”, por su papel en la transición hacia una economía descarbonizada, “pero no verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo ni daño ambiental”.
Muchas menos dudas hay sobre la inversión en renovables, que ha despegado en los últimos años y que tiene que hacerlo aún más en los siguientes para esquivar el peor escenario climático. ¿Podría la inclusión de la nuclear y el gas en la misma categoría verde restarle financiación? En el BBVA lo tienen muy claro: “No; hay mucha liquidez en el mercado dispuesta a financiar tanto energías renovables como energías de transición”. También la AEB, que subraya que pase lo que pase con la taxonomía “el interés por invertir en estos activos seguirá siendo muy elevado en el futuro”.
Son varios los expertos en la taxonomía verde europea que reconocen que está en juego la credibilidad del nuevo modelo, pero también consideran que esta es una oportunidad de decidir qué hacer de una vez por todas con dos de los asuntos más espinosos de la transición ecológica (otro es el de la agricultura). Alicia Cantero, de la organización ecologista Greenpeace, afirma que apoyan la taxonomía europea “porque es un buen instrumento para dar una señal a los inversores”, pero también advierte de que su postura “puede cambiar si se incluye la nuclear o el gas”. Como incide, “sabemos que este es un periodo de transición y entendemos que hay grises, pero en ese camino no deben entrar ninguna de estas dos tecnologías”.
En lo político, una de las claves para saber qué pasará finalmente será la posición del Gobierno alemán, o su grado de rechazo. La propuesta de la Comisión recoge su posición sobre el gas, pero la inclusión en la lista de actividades sostenibles de la energía nuclear choca con la posición histórica de Berlín y, sobre todo, de Los Verdes, una de las tres fuerzas de la coalición semáforo y un partido que tiene en el rechazo de esta fuente energética uno de sus principios fundacionales.
Con todo, el nuevo Gobierno de Olaf Scholz tiene difícil frenar la propuesta, incluso contando con el rechazo absoluto de Austria y Luxemburgo (que han advertido de su intención de recurrir a los tribunales) y el matizado de España. La propuesta de la Comisión se tramita por la vía de lo que en Bruselas se llama acto delegado. Eso implica que para tumbarla en el Consejo de la UE se debe contar con el rechazo de, al menos, 20 estados miembros que sumen el 65% de la población. Y lograr esos números no va a ser fácil. Francia —principal país interesado en que salga adelante la propuesta para vender su tecnología nuclear— no votará en contra de esta definición de la energía atómica. Y en noviembre, semanas antes de que la Comisión circulara su borrador, ya contaba con el respaldo de otros nueve países, a los que hay que añadir la postura holandesa: sí parcial a la taxonomía por la nuclear, no por el gas. Habrá que ver si la Comisión decide seguir adelante con su iniciativa en caso de que Alemania, el país más poderoso de la UE, la rechace.
Mientras tanto, en España el gas y la nuclear también dividen a los grupos políticos. Frente al rechazo del Gobierno, la oposición está con Bruselas. PP y Ciudadanos critican la reacción del Ejecutivo y creen que la Comisión Europea avala las posiciones que venían manteniendo hasta ahora ambos partidos. “En las políticas para mitigar el cambio climático no se puede demonizar una tecnología”, apunta Guillermo Mariscal, portavoz parlamentario de Energía del PP, que sostiene que el rechazo del Gobierno a la nuclear es “ideológico” y no se sustenta en razones técnicas. El diputado apunta que los argumentos de Bruselas vienen a ratificar a su partido cuando cuestiona la política energética del Ejecutivo por dar la espalda, según él, “al concepto de coste-beneficio”. Para Mariscal, la nuclear debe ser parte de la transición energética y la apuesta por las energías limpias no puede sacrificar “el beneficio de las familias y la competitividad de las empresas”. Y critica además que el Ejecutivo aún no haya sido capaz de crear un almacén central para los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares.
También Ciudadanos acusa al Gobierno de defender una posición más ideológica que técnica. “La nuclear es verde desde el punto de vista de la emisión de CO₂, Bruselas no está diciendo ninguna locura”, argumenta Carmen Martínez Granados, portavoz de su grupo para temas energéticos. La diputada entiende que la política del Gobierno olvida que “la transición energética va a tener sus costes”. Martínez Granados lamenta que el Ejecutivo no abra “un debate serio” y recuerda que su formación lleva tiempo reclamando que se cree una Mesa de la Energía. En la misma línea, Mariscal se queja de que “en una cuestión estratégica el Gobierno ni haya llamado al primer partido de la oposición”.
La postura del Ejecutivo es plenamente compartida por sus aliados de izquierda. “De los creadores del agua que seca y el fuego que enfría: la energía nuclear verde”, escribió en Twitter Íñigo Errejón, líder de Más País, nada más conocerse el documento de Bruselas. El PNV esgrime la política energética del Gobierno vasco, que “descartó hace años” la nuclear y mantiene “una apuesta total por las renovables”, comentó un portavoz de la formación. Pero también hay quien discrepa en la base parlamentaria habitual del Ejecutivo, como los liberales catalanes del PDeCAT. “La posición del Gobierno nos parece dogmática y de cara a la galería”, señala su diputado Ferran Bel. “No se puede prescindir de las nucleares si no hay una alternativa en el mix energético”.
Créditos
Han colaborado en este reportaje Ignacio Fariza, Xosé Hermida y Manuel V. Gómez.
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