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La gestión de la pandemia era un problema endiablado. La novedad, los desacuerdos entre administraciones y la competición partidista han creado un caos jurídico. La sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el decreto del estado de alarma de marzo de 2020 fue parcialmente inconstitucional ha tardado demasiado. No ayudan a la institución las renovaciones pendientes ni las filtraciones a la prensa. Que sea una decisión ajustada no la deslegitima, pero el estrecho margen y los cinco votos particulares indican que estamos ante una discusión compleja. Lo hemos visto en el debate entre expertos acerca del marco legal adecuado para las restricciones de derechos que exige la lucha contra la pandemia. Ana Carmona, Miguel Presno Linera o Gabriel Doménech han escrito que el estado de alarma era la medida idónea; otros, como Manuel Aragón y Germán Teruel, sostienen que era más apropiado el estado de excepción.
Algunos miembros del tribunal no han votado de acuerdo a lo esperado según su adscripción ideológica: no se sostiene la interpretación en líneas posicionales. El Gobierno puede argumentar que había razones para recurrir al estado de alarma y los demás partidos no deberían presumir: lo apoyaron. Pero exteriorizar el enfado es innecesario: no es pertinente decir que el confinamiento salvó vidas, porque no se debatía esa cuestión, sino el armazón legal para decretarlo, ni reclamar al tribunal sentido de Estado, que, casualidades de la vida, suele coincidir con el interés del Gobierno. Ahora tendremos una guía. Gabriel Moreno ha escrito que deberíamos buscar “el consenso para reformar la regulación que la Constitución hace de los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116), con un claro objetivo: adecuar y clarificar el marco jurídico para la próxima crisis”.
En todas las democracias hay fricciones entre los poderes y con las instituciones contramayoritarias. Es común que el Ejecutivo se queje de otras fuerzas que limitan su acción. Las instituciones tienen fallos, en parte porque los partidos tienden a colonizarlas. Pero sus problemas solo nos indignan cuando las percibimos como un obstáculo: entonces se convierten en una anomalía democrática. La costumbre es criticable desde el punto de vista normativo, pero también táctico: algún día las mayorías pueden cambiar y quizá tengamos que recurrir a ellas; también puede que nos toque defender fuera las instituciones que nos hemos encargado de socavar. @gascondaniel